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La comunidad dice que el operativo Limpieza Sarayaku tendrá tres fines
Publicado el 11/Mayo/2014 | 00:54
Diario Hoy Ecuador
A través de un comunicado la dirigencia del pueblo originario Sarayaku denunció, el viernes por la noche, que el Ejército prepara un operativo denominado Limpieza Sarayaku en el Destacamento de Villano, en la provincia de Pastaza.
Los elementos de la Fuerza Pública entrarían a Sarayaku debido a que Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa se encuentran refugiados en ese sitio.
Fueron sentenciados por el delito de injuria contra Correa en el caso 30S. Según el comunicado, el operativo militar que se ejecutará en la próximas horas tendrá varios fines: Primero, colocar armas de destrucción masiva y un asalto de alto calibre en el territorio Sarayaku. Segundo, sacar vivo o muerto al asambleísta Cléver Jiménez. Tercero, desintegrar la máxima autoridad de Sarayaku.
Ante esto, los dirigentes responsabilizan de los hechos que puedan suceder en su territorio al presidente Correa, al asambleísta indígena Carlos Viteri Gualinga y a cinco instituciones del Estado.
Ayer, en el enlace Ciudadano 373, el presidente Rafael Correa ratificó su posición de declarar a Sarayaku en estado de emergencia si no permiten el ingreso de la Fuerza Pública.
Rechazó que las armas que aparecen en la imágenes sobre Sarayaku sean utilizadas para la caza. “Estamos enfrentando grupos armados que desafían el estado de Derecho, a la autoridad legítimante constituida -dijo Correa-. Dejamos pasar esto, se nos desintengra el país… Lo que buscan es un conflicto, violencia, que se subleve el resto de comunidades de la Amazonía. Una guerra civil con tal de que se caiga Correa. La historia nos juzgará, pero nosotros cumpliremos con nuestro deber”.
Julio César Sarango, abogado de Jiménez, dijo que el proceso judicial contra su defendido es de carácter personal y no de interés general.
El jurista señaló que la multa de los $140 mil de la sentencia se va a pagar a Correa y no al Estado.
Para resolver este problema la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga solicitó una audiencia en la Corte Intereamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que falló a favor del pueblo en el caso Estado Vs. Sarayaku en 2012. (MCC)
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Entrevista al abogado de Sarayaku ante el Sistema Interamericano en el juicio que se siguió contra el Estado ecuatoriano por la explotación petrolera dentro del bloque 33:
Las medidas cautelares dictaminadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿de qué protege al pueblo Sarayacu?
Tuvimos una sentencia favorable en 2012 que es un precedente de importancia continental. Ese juicio se refería al derecho a la consulta previa y al respeto a los derechos culturales del pueblo de Sarayaku. Como fruto de esa lucha se obtuvo esta sentencia que es obligatoria y que está vigente para el Estado ecuatoriano. Esta sentencia implica que los pueblos indígenas tienen derecho a que se les consulte antes que el Estado tome cualquier decisión que pueda afectar su territorio.
¿Cualquier decisión? ¿No solo en el tema de la explotación petrolera?
No. Cualquier decisión que pueda afectar a sus derechos y a su territorio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue muy clara en establecer que el deber de consulta es inexcusable, que además responde a un principio general de Derecho Internacional y que debe ser observada en todos los casos en que el Estado pueda afectar los derechos del territorio de los pueblos indígenas. Eso es lo que está vigente. Sarayaku tuvo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2003.
¿Esas medidas fueron acatadas y respetadas por el Estado?
En realidad hubo pronunciamientos políticos que desdeñaron las medidas cautelares. Recuerdo, por ejemplo, que un ministro de Gobierno del régimen de Lucio Gutiérrez dijo que “la OEA no manda aquí y que eso (las medidas cautelares) no es más que un pronunciamiento espurio de unos señores que no saben ni dónde queda el Ecuador”. Me acuerdo porque en ese año la OEA se reunía en Quito y la declaración fue muy inoportuna. El Estado acató las medidas aunque efectivamente no las cumplió en ningún momento. Tanto es así que en 2004, la Corte (IDH) dictó medidas provisionales.
¿Cómo se puede acatar y no se puede cumplir ?
Acatar significa decir sí, estoy obligado. Pero lo que interesa es que se cumplan en la práctica. Las medidas cautelares dictaminadas por CIDH tienen un sentido: proteger a las víctimas de violación de derechos humanos mientras se tramita un proceso en la Corte (IDH). En el caso de Sarayaku, estas medidas implicaban - desde 2004- el retiro de los explosivos que dejó la empresa CGC en el territorio de Sarayaku, que hasta el momento siguen ahí. Cuando hay una sentencia, entonces pierden sentido. Sarayaku goza ahora de una sentencia a favor de la comunidad.
Además del retiro de la pentolita, ¿a qué otra cosa estuvo obligado el Estado ecuatoriano con Sarayaku?
A garantizar la vida y la protección de los miembros de Sarayaku que en ese momento estaban siendo amenazados sistemáticamente. Se presentaron algunas denuncias que nunca tuvieron seguimiento por parte de la justicia. Al final, nunca se pudo determinar responsabilidades.
¿Qué tipo de amenazas?
Por ejemplo, en una ocasión una radio de la ciudad del Puyo comenzó a pasar un pésame porque supuestamente Franco Viteri, Marlon Santi y José Gualinga, los líderes más importantes, se habían desbarrancado en el camino hacia el Puyo. La noticia causó gran conmoción. Cuando fueron a averiguar, la cuña había sido contratada por alguien con una cédula falsa. Eso fue interpretado como una amenaza directa de muerte. Más adelante, a Marlon Santi, presidente de Sarayaku, dos tipos se le acercaron en la terminal, le agredieron y le insultaron. Le dijeron que si no dejaba de molestar con el caso Sarayaku lo iban a matar como a un perro y le quitaron exclusivamente el expediente, los documentos del caso y su pasaporte donde estaba la visa estadounidense. Además, las comunidades que habían llegado a acuerdos con la empresa petrolera impidieron que Sarayaku transite por el río Bobonaza, la entrada a Puyo. En 2004 se organizó una actividad de solidaridad. Las canoas de Sarayaku fueron recibidas a bala. Hubo gente agredida, desaparecidos, niños heridos. Otros fueron capturados. Los rescataron gracias a la Cruz Roja.
¿Hubo muertos durante todo este proceso en Sarayaku?
Gente que ha muerto en el transcurso del proceso. Recuerdo el caso de un anciano sabio muy importante en Sarayaku, que sufrió un atentado terrible: el árbol donde él consideraba que estaba concentrado su poder para curar a su pueblo fue cortado. Por supuesto, este yachay, que era una persona muy anciana, murió de pena. En otra oportunidad, un grupo de jóvenes de Sarayaku fueron capturados por una patrulla del Ejército que estaba dentro del territorio acompañando a los trabajadores petroleros. Los capturaron y los sacaron en un helicóptero de la empresa petrolera. Los entregaron en un campamento de CGC y ahí fueron torturados y amarrados sin ropa en un hormiguero. Finalmente, un teniente del Ejército los regresó a la comunidad. Sobre todas estas historias, que están documentadas, falló la Corte IDH. No es un acontecimiento episódico que sucede en este momento, sino que corresponde a un proceso de un pueblo que ha sido perseguido y que ha conseguido una reivindicación a través de la justicia internacional, tras 10 años de lucha.
¿Las medidas a favor del pueblo Sarayaku impiden el paso de las FFAA?
La relación de Sarayaku ha sido compleja. Ellos han sido agredidos y eso ha quedado documentado en el proceso ante la Corte Interamericana. El Estado ecuatoriano fue condenado por violaciones al derecho a la vida, que implicaron la colocación de los explosivos en congruencia con la empresa transnacional. No hay que olvidar que esa acción fue hecha en un contexto de militarización, entonces sí hay un recelo muy grande.
Pero ¿la Corte (IDH) dictaminó que las Fuerzas Armadas no podían entrar al territorio?
No. Eso no puede dictaminar la Corte. Lo que sí hizo fue establecer que cualquier decisión que se tome sobre el territorio del pueblo indígena tiene que ser previa consulta. Hay también normas internacionales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que establecen restricciones a las operaciones militares dentro de territorios indígenas. Es decir, necesitan específicamente consulta.
¿Es por estas restricciones que las Fuerzas Armadas no han podido entrar a Sarayaku?
No han entrado, que yo sepa.
Pero la comunidad denunció sobrevuelos…
La sentencia de Sarayaku es emblemática a nivel mundial y establece que cualquier decisión que pueda afectar al territorio por parte del Estado tiene que ser previamente consultada y eso no es aplicable solamente a actividades hidrocarburíferas. Es aplicable a cualquier decisión estatal que pueda afectar los derechos. Lo que ha habido es una historia de desconfianza que no ha podido ser superada.
¿Y la Policía? Ellos sí pudieron aterrizar sus helicópteros en Sarayaku.
Con la Policía ha habido otra relación. No hay que olvidarse que la entidad encargada del retiro de los explosivos, desde antes de la sentencia, fue la Policía Nacional. Ha habido policías dentro del territorio de Sarayaku conviviendo y trabajando juntos en el retiro de explosivos. Entonces, la relación ha sido edificante y de confianza con miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Esto sucedió entre 2009 y 2010, en el gobierno de Rafael Correa, con el actual ministro del Interior, José Serrano, y Galo Chiriboga. Con ellos se coordinó el cumplimiento del retiro de la pentolita, aunque no se concluyó. Se retiraron 14 kilogramos de un total de 1 460. Pero se hizo un trabajo de más de un año y durante ocho meses personal policial estuvo permanentemente en Sarayaku. Entonces, no hay una actitud histórica de rechazo a esa fuerza pública, sino todo lo contrario.
Las autoridades dicen que en Sarayaku hay paramilitares
Sarayaku es un pueblo valiente pero pacífico. La gente no puede ir a comprar una libra de carne, allá hay que ir y cazar para poder alimentar a la familia. El que aparezcan unos chicos con ropa oscura y con una escopeta de casa en la mano, no les convierte en paramilitares. El uso de ese término por parte de las autoridades debería ser muy delicado porque tiene una connotación jurídica grave en el sistema internacional de derechos humanos. No se puede pronunciar a la ligera.