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Expansión de la frontera agrícola: una revolución silenciosa
El auge del agro cruceño rápidamente atrajo a los capitales transnacionales; a fines de los noventa, éstos incursionaron en la producción primaria y en la capitalización de complejos agroindustriales. El artículo se basa en el libro: ‘Expansión de la frontera agrícola: Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano’, de reciente publicación.
La Razón
25 de mayo de 2014
Hasta la llegada de la reforma agraria de 1953, el oriente boliviano solía ser tan parecido a las imágenes descritas en los viejos libros: una vasta planicie subtropical ocupada apenas por un pequeño número de haciendas, estancias ganaderas dispersas y donde la ahora moderna ciudad de Santa Cruz estaba poblada por no más de 50.000 personas.
Unos años después, consecutivos planes estatales impulsaron el desarrollo de la agroindustria, la ampliación de tierras cultivables y la creación de zonas de colonización para campesinos andinos. La meta inicial consistía en la sustitución de alimentos importados como el arroz, trigo, azúcar y aceites, que provenían de Argentina y Chile; pero la apuesta mayor apuntaba a potenciar el agro cruceño a gran escala usando la renta minera para desarrollar y diversificar la economía nacional. Sin embargo, hasta mediados de los años ochenta, los resultados fueron más bien modestos y quedaron opacados por el acaparamiento especulativo de la tierra.
Hoy en día, el paisaje cruceño está dominado por grandes silos de acopio de granos, modernas maquinarias e instalaciones agrícolas y extensas tierras de cultivo habilitadas a costa del bosque en las que crecen cultivos de soya transgénica. En el centro urbano cruceño, aunque nada llamativo parece delatar su presencia, las compañías transnacionales están bien establecidas para controlar la cadena del agronegocio y gestionar cientos de contratos de producción con contrapartes nacionales. Es una nueva e intensa dinámica agraria dirigida por intereses económicos del sector privado que apuntan a la expansión de la frontera agrícola y a establecer operaciones a gran escala de producción de materias primas agrícolas para la exportación.
Motivaciones. La ocupación de la tierra y su puesta en producción ocurrieron a un ritmo acelerado en respuesta a nuevas motivaciones económicas que arribaron de la mano de las políticas de liberalización del mercado nacional. En las últimas décadas, mientras Estados Unidos y la Unión Europea mantuvieron intacta la subvención a su sector agrícola por encima de 250.000 millones de dólares por año, al mismo tiempo no titubearon en presionar a países pobres como Bolivia para que el Estado se retire del sector productivo, promueva la liberalización de los mercados agrícolas y la exportación de materias primas.
En los años noventa, el proyecto del Banco Mundial “Tierras Bajas del Este” desempeñó un papel estratégico para la ampliación de la frontera agrícola. En poco tiempo, los cultivos de soya y oleaginosas ocuparon miles y miles de hectáreas, la superficie cultivada se incrementó al igual que la deforestación de bosques primarios y la agro-exportación. La justificación fue que todo ello contribuiría al despegue económico de Bolivia, además de posibilitar el desarrollo de una agricultura comercial sostenible.
El auge del agro cruceño rápidamente atrajo la atención de los capitales transnacionales. Hacia finales de la década de los noventa, las compañías globales más importantes comenzaron a incursionar en la producción primaria y en la adquisición y capitalización de complejos agroindustriales. A partir de entonces, surgen nuevas alianzas y formas de agro-poder. Las élites agrarias que controlan la tierra invariablemente están forzadas a establecer sociedades con los grandes inversores, y en el marco de éstas, ponen a disposición tierras, las mercantilizan y expanden la producción comercial, mientras que el capital transnacional pasa a controlar la cadena de la agro-exportación y de la renta que genera la apropiación de la tierra y la producción de materias primas agrícolas.
La llegada del capital transnacional está motivada por las contemporáneas fuerzas globales de apropiación y desposesión de la tierra. No forma parte de un proceso de expansión capitalista para generar excedentes económicos a través de la “reproducción ampliada” o de la explotación de la fuerza de trabajo sino se trata de fuerzas económicas urgidas por encontrar nuevas fuentes y maneras de acumulación capitalista para mantener funcionando la economía en crisis de los países desarrollados. Por eso el creciente interés en tierra y renta agraria antes que en mano de obra barata, en agricultura intensiva en uso de capital en lugar de agricultura diversificada, en materias primas agrícolas en vez de producción y procesamiento de alimentos.
Consecuencias. La emergencia de motivaciones económicas con estas características se tradujo en un proceso gradual de apropiación de tierras de modo tal que los ‘latifundios improductivos’ de los años noventa se convirtieron en ‘latifundios productivos’. Esto ocurrió a pesar de los intentos estatales por recuperar control sobre las zonas de expansión de la frontera agrícola. Entre 1990 y 2012, la producción de soya se multiplicó por más de diez veces, desde 234.000 hasta 2,4 millones de toneladas, mientras que la superficie cultivada se expandió cerca de ocho veces, de 143.000 a más de un millón de hectáreas. Es decir, el cultivo de la soya ocupa seis veces más tierras que el de la papa, el arroz o el trigo.
El auge económico atrajo la atención de las compañías de agronegocio más grandes que operan a nivel global, conocidas como el grupo ABC: ADM, Bunge y Cargill. Este grupo junto con Intersoja SA, Urigeler Internacional e Industrias Oleaginosas de la familia Marinkovic dominan el complejo oleaginoso y controlan más del 90% de la exportación de soya. Pero este grupo oligopólico no solo controla la etapa poscosecha. Ellos proveen fertilizantes, pesticidas y biotecnología.
En términos legales, la expansión de la frontera agrícola y la consecuente apropiación de tierras por el agro-capital están reflejadas en la reciente intensificación del proceso de titulación de tierras en Santa Cruz. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) reportó que entre 1996 y 2005 se titularon 3,6 millones de hectáreas a favor de 26.500 beneficiarios. En el periodo 2006-2013 estas cifras se dispararon, titulándose 21,6 millones de hectáreas para beneficiar a 170.000 personas. La importancia de estos datos radica en que la revisión jurídica y técnica de la propiedad de tierras en Santa Cruz se está cerrando —dos de cada tres hectáreas ya están tituladas— sin que haya alcanzado a ser un proceso agrario de carácter transformador.
Una consecuencia adicional de esta ‘revolución silenciosa’ es que los campesinos e indígenas enfrentan tiempos de adversidad. La severa reducción del flujo migratorio de campesinos hacia tierras bajas es consecuencia del mayor poder económico y político alcanzado por las élites regionales. Este poder no es precisamente utilizado para despojar tierras a los campesinos sino para impedir el acceso y la redistribución de la tierra. Esta es una situación en que el problema fundamental es la negación de la propiedad de la tierra a las mayorías rurales. La pequeña propiedad comunitaria se encuentra atrapada en un proceso de marginalización, al igual que los campesinos e indígenas convertidos en una ‘población flotante’ en permanente movilidad entre sus empobrecidas comunidades y centros urbanos.
Agenda. La agricultura de carácter extractivista continúa en pleno ascenso y aún no alcanzó la cresta de la ola. El Banco Mundial reportó que, ahora mismo, existen al menos 2,5 millones de hectáreas de “tierras disponibles” y para el mediano plazo identificó 14 millones de hectáreas, todas listas para masificar la producción de materias primas agrícolas de exportación. Esta última cifra se acerca —de forma fortuita o no— a las 13 millones de hectáreas de tierras estimadas en el “Encuentro agroindustrial productivo” de 2013 para ampliar la producción agrícola.
Puesto que la expansión de la frontera agrícola no es más que una de las múltiples expresiones de las contemporáneas formas de ‘desposesión por apropiación’, la agricultura capitalista ‘exitosa’ geolocalizada en las tierras bajas está lejos de ser una fuente de acumulación de capital, anula los alcances de la reforma agraria redistributiva y no contribuye a la reducción de la pobreza rural. La trayectoria que sigue está por encima de los esfuerzos estatales debido a que es un proceso que ocurre en espacios y regiones donde el Estado no puede sentar soberanía y presencia convincente.
En estas circunstancias, la agenda agraria emergente requiere una discusión crítica y rigurosa. En términos políticos, es ineludible preguntarnos qué otro tipo de agricultura es estratégica y posible para el país. Esto porque, sin lugar a dudas, el sistema productivo actual nos subordina a la industria global de alimentos donde jugamos el papel indeseable de proveedores de materias primas agrícolas, facilitamos la acumulación de excedentes económicos fuera de nuestro territorio y somos consumidores de alimentos procesados o industrializados que se importan a precios internacionales.
Una cuidadosa valoración de los pasos a seguir debe ir más allá de la revisión de los resultados de la titulación de tierras y la continuidad por inercia de este proceso legal. El postulado boliviano de ‘madre tierra’ es un punto de partida valioso pero insuficiente porque limita el análisis a una de las múltiples crisis globales: la crisis ambiental. La trayectoria de cambios agrarios no tendrá un punto de inflexión si acaso no se la entiende como parte de la crisis energética, alimentaria y financiera que convergen en el mundo capitalista en el que hoy vivimos
Diferenciación campesina entre colonizadores
La expansión de la producción de materias primas de exportación no solo ocurre a costa del bosque y de tierras fiscales sino también al interior de las comunidades de las zonas de colonización. En parte influenciados por el discurso de la élite, de que llegar a ser un ‘productor exitoso’ es posible para todos, miles de campesinos colonizadores comenzaron a incursionar en la producción de cultivos transgénicos. Pero no todos alcanzaron tal éxito económico ni lo alcanzarán; al contrario, éste es el inicio de un proceso de diferenciación campesina.
Al interior de estas comunidades asentadas no se está gestando una sino varias realidades. Están compuestas, por un lado, por jornaleros que viven principalmente de la venta de su fuerza laboral, por pequeños productores insertados al mercado pero inhábiles para acumular capital y por quienes viven del alquiler de sus tierras a sus pares mejor capitalizados y, por otro lado, solo un pequeño grupo está bien consolidado como agricultores capitalistas.
En consecuencia, ‘nuevos campesinos’ emergen en la frontera agrícola. Los exitosos se dedican a la pequeña producción mercantil y, por ahora, coexisten exitosamente con los grandes propietarios agroindustriales. Entre otras cosas, esta transición sugiere que no existe una ‘racionalidad interna’ apegada a la producción de subsistencia y diversificada o, dicho en otros términos, los campesinos no se caracterizan por la aversión al mercado, algo que sugieren algunos estudios que consideran al campesino de origen indígena como el portador de cualidades particulares para fundar una sociedad no capitalista.