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Defensores del ambiente y opositores del gobierno en pie de guerra en Perú contra flexibilización de controles a la minería dentro de las medidas de reactivación propuestas al Congreso por el Ejecutivo
Por: Juan Castro Olivera
Gato Encerrado
Organizaciones ambientalistas e indígenas están desde este miércoles en pie de guerra en Perú contra medidas del Gobierno que flexibilizan los controles a la explotación minera, a fin de fomentar la inversión y el crecimiento.
Unas 50 entidades medioambientales y de derechos humanos convocaron a una marcha a última hora del miércoles en el centro de Lima para rechazar un paquete de medidas enviado por el gobierno de Ollanta Humala al Congreso.
“Estamos muy preocupados. Se está aprovechando la situación de menor crecimiento económico para favorecer intereses de grupos económicos”, dijo a la AFP Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la red Muqui de organizaciones ambientalistas e indígenas.
“Se pone en serio riesgo la fiscalización de las actividades extractivas. Es un error debilitar los controles, es una muy mala señal”, lamentó Jahncke.
Perú es una de las economías de mejor desempeño de América Latina con un crecimiento sostenido por encima del 5% desde hace más de una década, pero los indicadores muestran una clara retracción este año, con menos actividad minera influida por la caída de precios internacionales de los metales preciosos.
El banco de inversión JP Morgan cifró el martes en 4,2% la tasa de crecimiento de Perú para este año, pese a que a comienzos del año preveía un 5% en sintonía con los años anteriores.
Según las nuevas disposiciones del gobierno peruano, será la presidencia del Consejo de Ministros y no ya el Ministerio de Ambiente quien decida la creación de áreas naturales reservadas, así como la fijación de estándares de calidad ambiental y de límites máximos permisibles de contaminación.
Además se dispone agilizar los estudios de impacto ambiental (EIA) para que no bloqueen y demoren las inversiones, y disminuir las multas por incumplimientos ambientales.
“El hecho de que el gobierno reduzca sus estándares ambientales para traer inversión nos lleva a la época de las cavernas”, dijo José de Echave, subdirector de la ONG ambientalista CooperAcción.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, un importante grupo de la sociedad civil, pidió formalmente en una carta al Congreso que rechace estas reformas.
Mientras circulaba su posible renuncia por recorte de funciones, el ministro de Ambiente peruano, Manuel Pulgar Vidal, dijo que pese a la flexibilización de controles seguirá “luchando hasta el último minuto por defender la política ambiental del país”.
“El Ministerio del Ambiente no está disminuido ni le han cortado los brazos”, señaló.
“Con estas facilidades que se otorga a las compañías no es posible controlar impactos al ambiente que afectan no sólo fuentes de agua sino también la salud de las personas”, dijo Jahncke.
Medio centenar de organizaciones ambientales e indígenas emitieron el martes un comunicado en el que señalan que Perú “perdió una oportunidad histórica al no aprovechar los beneficios de la renta extractiva para la diversificación de nuestra economía en los últimos 20 años”.
“Recién cuando se ve agravada la dependencia de nuestro modelo económico por la caída de los precios de los minerales, se pretende impulsar la economía a costa de debilitar las incipientes reformas en materia ambiental”, señalan.
Las organizaciones ambientalistas advierten que lejos de favorecer la inversión, el clima de negocios se verá afectado en el país por nuevos conflictos sociales en las zonas de fuerte actividad extractiva de recursos naturales. (AFP)
Para hoy jueves 26 de junio, activistas han convocado por las redes sociales a una nueva manifestación en la Plaza San Martín a partir de las 6:00 p.m.
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Humala y el “paquete de reactivación económica”: retrocediendo no se avanza
Por Isabel Calle
24 de junio, 2014.- Desde que iniciara el gobierno del Presidente Ollanta Humala en julio del 2011 y hasta inicios de este año, este gobierno se mostraba interesado y preocupado por mejorar los estándares ambientales en el Perú. Se promulgó la Ley de Consulta Previa que había sido observada durante el mandato del ex Presidente Alan García, se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), se fortaleció el marco de la fiscalización ambiental para lo cual se elevó el tope de la multa por una infracción ambiental muy grave de 10,000 UIT hasta 30,000 UIT a fin de disuadir las infracciones, entre otras medidas que indicaban un compromiso ambiental bastante explícito.
Sin embargo, las propuestas legislativas que el Ejecutivo remitió hace poco al Congreso de la República con el llamado “paquete de reactivación económica”, contradicen abiertamente en todo lo avanzado durante este gobierno y buscan flexibilizar las exigencias ambientales, significando un grave retroceso. Todo esto, bajo el argumento falaz de que esto es necesario para promover las inversiones en el país.
Ahora bien, ¿por qué se han planteado estas medidas? La respuesta recae en el anhelo de diversos grupos empresariales interesados en “derribar” las supuestas “barreras burocráticas” creadas, en esta percepción, por la fiscalización ambiental (y el rol del Ministerio del Ambiente como garante de un ambiente sano) frente a probables inversiones de industrias extractivas. Es decir, se pone de manifiesto esta idea absolutamente disfrazada y propia de una discusión superada de que lo ambiental se opone a la inversión y al “crecimiento económico”; cuando todo lo contrario, el mundo y los países civilizados claramente han conciliado y entendido que lo ambiental es condición necesaria para la inversión y el desarrollo.
Las medidas que afectan la materia ambiental
Entre las disposiciones más significativas de este proyecto de ley, podemos encontrar:
1. Entorpece y debilita al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la fiscalización ambiental. El artículo 12 del proyecto de ley señala que las entidades públicas, cuya función principal sea la fiscalización, no podrán administrar de manera directa los ingresos generados por las multas, sino que estos deben ser transferidos al tesoro público. El Ejecutivo considera que de esta manera se evitará los incentivos perversos de la entidad pública por la imposición de multas. En este sentido, preocupa que esta medida solo se aplique a las entidades públicas cuya principal función es la fiscalización, dejando de lado a otros entidades públicas, además no considera que hasta la fecha la potestad sancionadora que ha venido ejerciendo el OEFA no lo ha hecho de manera arbitraria y abiertamente discrecional sino que se ha venido dando de manera reglada, emitiéndose una serie de normatividad para dar seguridad y predictibilidad a los administrados. Pero esto no parece suficiente, el sector privado demanda inacción y es el propio Estado quien asume que sus propias entidades son enemigas del privado o que persiguen intereses particulares. Si este fuera el caso, toda entidad de fiscalización (p.e. SUNAT) tendría que ceder esta competencia.
A ello, debe sumarse que este conjunto de reformas pretende reducir la capacidad sancionadora de OEFA al solicitar que, durante tres años, dicho organismo sólo pueda sancionar excepcionalmente y, que por tanto, sólo podrá imponer medidas correctivas. Y finalmente, se menciona que OEFA sólo podría sancionar hasta el 35% del máximo permitido (a excepción de infracciones muy graves o actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental).
Todo esto deja claro que, al hacer bien su tarea de fiscalizar, lo que ha generado el OEFA es ser el blanco de este gobierno, que busca su debilitamiento, parece que el “complejo diagnóstico” del gobierno para identificar las medidas de fomento de inversión se basó en apalear y depurar aquello que venía funcionando bien.
Hay que tener en cuenta que, si bien las medidas correctivas cumplen un rol positivo al intentar restituir la situación infractora, el hecho que la entidad no pueda sancionar desnaturaliza abiertamente los motivos de su creación. Para encontrar un paralelo, es como proponer que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no pueda aprobar presupuestos.
Ya antes organismos como OSINERGMIN y en regímenes más “liberales” venían ejerciendo facultades sancionadoras y jamás se previó paralizar a esta entidad como medida de aceleración de la economía.
2. Busca imponer trabas para la creación de zonas reservadas. Otro de los temas que considera este paquete de normas está referido a la decisión de aprobar las zonas reservadas, ya no mediante una Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente, sino a través de una norma de mayor jerarquía, un Decreto Supremo. Ello, parecería ser resultado del temor específico de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos ante la decisión del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) de aprobar una zona reservada en el mar peruano del norte. Y es claro que el Estado no puede normar en función a intereses particulares sino en la búsqueda del bien común.
3. Retrocesos en cuanto al Ordenamiento territorial. De aprobarse el proyecto de ley, se dispondrá que la Política Nacional de Ordenamiento Territorial sea aprobada mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, desconociendo el rol sobre la materia que tienen los gobiernos regionales.
Detrás de las “trabas a la inversión”
Estas medidas se presentan meses después que, a través de una serie de reformas legislativas, el gobierno de Ollanta Humala se mostrara ávido de fortalecer la institucionalidad ambiental. Entonces, ¿por qué el cambio? ¿Qué ha sucedido en el último año que llevó al gobierno a presentar este proyecto? ¿qué le pasó a la visión de nuestro Presidente sobre los recursos naturales y nuestro entorno natural?
La tasa del PBI ha venido experimentando en los últimos dos años, y en especial en los últimos meses, un decrecimiento explicable fácilmente por varios motivos pero no por la existencia de barreras burocráticas. ¿Cómo analizar esto? La desaceleración es global por el fin de un ciclo de la economía mundial sustentado en el alto precio de los metales y otros commodities; por el ajuste a la tasa de crecimiento de China; por la fuerte dependencia peruana en actividades sustentadas en materias primas básicas y poca capacidad productiva del país; por las dificultades de Europa y Estados Unidos de revertir la crisis financiera por la que vienen atravesando hace ya varios años; por las decisiones del Tesoro de los Estados Unidos en relación a tasas de interés; entre muchos otros factores.
Siempre es más fácil buscar y señalar a un culpable interno y adoptar medidas que relajarán el desempeño ambiental de las empresas, sin poder revertir las señales de desaceleración que envía la economía global, ya que no se dan cuenta que el problema no es coyuntural sino más bien estructural y funcional.
Esta realidad ha llevado a muchos países de Latinoamérica, en especial a los socios de la Alianza del Pacífico, a revisar su proyección de crecimiento del año 2014. Por ejemplo, Chile ha proyectado a un rango que va entre el 2.5% al 3.5%, inferior a la calculada a inicios de año. Perú todavía se mantiene en rangos mayores hasta el 5%.
Pero, para sectores del empresariado peruano, reflejados en gremios muy conservadores como la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, estas explicaciones parecen no ser suficientes para entender los retos de la economía. En esa línea, se ha aprovechado la coyuntura para proyectar una imagen negativa del proceso regulatorio ambiental, que el Ministerio de Economía y Finanzas y su titular Miguel Castilla han asumido como cierta. Siempre es más fácil buscar y señalar a un culpable interno y adoptar medidas que relajarán el desempeño ambiental de las empresas, sin poder revertir las señales de desaceleración que envía la economía global, ya que no se dan cuenta que el problema no es coyuntural sino más bien estructural y funcional.
El blanco débil
Lo más penoso es que parece que esta estrategia ha tenido éxito. El ministro Castilla ha escuchado a los gremios y, con la ayuda del ministro Mayorga y la bendición del jefe de la PCM, René Cornejo, ha convencido al presidente Ollanta Humala de apuntar al blanco más débil: al sector ambiental.
De esta forma surgen estas medidas encaminadas a promover las inversiones en menoscabo de la búsqueda de un ambiente saludable. Ante ello, cabe preguntarse: ¿cuál es el sustento de estos cambios normativos? La respuesta es contundente: ninguno, salvo la necesidad de congraciarse y satisfacer (una vez más) los intereses del sector empresarial.
Lo que agrava el caso, es que todas estas propuestas han sido encaminadas por el Ministerio de Economía sin un debido debate. Esta dictadura del MEF se ve reflejada en un Proyecto de Ley en cuyas páginas aparecen sólo sellos del MEF: el MEF es la Presidencia, es el Jefe de Gabinete, es la autoridad ambiental y es la autoridad laboral.
En efecto, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 3627/2013-PE no se señalan cifras, ni resultados, es decir no se hace análisis alguno de los costos y beneficios. Más bien, de acuerdo a lo que señala el Ministro de Economía, los resultados de este “paquete” recién podrían verse el 2015.
¿Qué sucedería si los cálculos del Ministro de Economía y Finanzas fallan? ¿Acaso insistirá con más medidas? El procedimiento, hasta ahora, parece centrarse en seguir desarrollando limitantes a lo ambiental.
Lo que agrava el caso, es que todas estas propuestas han sido encaminadas por el Ministerio de Economía sin un debido debate. Esta dictadura del MEF se ve reflejada en un Proyecto de Ley en cuyas páginas aparecen sólo sellos del MEF: el MEF es la Presidencia, es el Jefe de Gabinete, es la autoridad ambiental y es la autoridad laboral.
¿Existían otras opciones?
Una de las funciones prevista en la Ley de creación del SENACE es la implementación de una ventanilla única de certificación ambiental en los procedimientos de aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d). Entendemos que esta ventanilla única busca dar respuesta a la necesidad de tornar más eficiente los procedimientos de evaluación de los EIA-d, de manera que se integre en un sistema de ventanilla única todos los requisitos y procedimientos que hoy son solicitados a las diferentes entidades públicas para la autorización del inicio de actividades. Con ello se busca garantizar una gestión más eficiente y unificada. Esa oportunidad es única. Lo que no se puede hacer es acorralar al sector ambiental y tratar de flexibilizar los estándares ambientales.
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Por Isabel Calle, directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
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Defensor del Pueblo se opone al Paquetazo:
OFICIO Nº 286 —2014/DP Lima, 24 de junio de 2014
Señor
FREDY OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Congreso de la República
Presente.-
De mi especial consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar la preocupación de la Defensoría del Pueblo frente a algunas disposiciones en materia ambiental que contiene el Proyecto de Ley Nº 3627/2013-PE, “Establecen Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País.”
Al respecto, nuestra institución comparte la preocupación del Poder Ejecutivo por fomentar las inversiones y, a la vez, asegurar el respeto del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, establecido en el artículo 2º, numeral 22 de nuestra Constitución Política. Como lo hemos señalado en múltiples oportunidades, el fomento de las inversiones no debe implicar, en ningún caso, la desprotección de derechos ni el debilitamiento de la institucionalidad ambiental del país. Tampoco debe significar la afectación del ambiente ni de los mecanismos existentes para prevenir su menoscabo -tales como los procesos de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental-, así como el establecimiento de límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental.
Para lograr este fin, se requiere mejorar el marco normativo y fortalecer a las entidades evaluadoras y supervisoras, dotándolas de capacidad técnica, autonomía política y sostenibilidad presupuestal. De esta manera, se garantiza que estas funciones se realicen de forma rigurosa, imparcial y en un plazo razonable, que permita el desarrollo económico del país, el fortalecimiento del Estado y el respeto al derecho a un ambiente saludable.
Por ello, nuestra institución observa con suma preocupación que el Proyecto de Ley contiene disposiciones que –en la práctica– impiden al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cumplir a cabalidad con sus funciones de fiscalización y sanción; lo que implicaría un retroceso en la institucionalidad y la gestión ambiental en el país (artículo 19º del Proyecto).
En efecto, el proyecto materia de comentario establece, en su artículo 19º, que durante tres (3) años, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental estará limitado sustancialmente de cumplir su función legal de imponer sanciones a quienes cometan infracciones ambientales ?tal como lo venía haciendo hasta el momento?, salvo cuando la empresa supervisada incumpla con el deber de implementar las medidas correctivas establecidas por dicha entidad. No obstante, aún en este caso, el límite de la multa impuesta no podrá superar el 35% del importe actual.
Sobre el particular, cabe destacar que una disposición de esta naturaleza no contribuye con el carácter de disuasión inherente a la potestad sancionadora de la administración pública en los casos de comisión de infracciones por parte de los administrados. La potestad sancionadora estatal implica establecer mecanismos que desincentiven la comisión de conductas infractoras, reduciéndolas y cumpliendo con el deber de prevención de la degradación ambiental al que se refiere el artículo IV del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente.
Con respecto a la propuesta de reducir el plazo para la evaluación de los estudios de impacto ambiental (prevista en el artículo 21º del Proyecto), es preciso señalar que la propuesta no contiene los criterios técnicos que sustenten el establecimiento de dicho plazo. En tal sentido, consideramos oportuno recomendar al Congreso de la República que evalúe la necesidad de contar con un adecuado sustento técnico que contemple las particularidades de los procesos de evaluación de impacto ambiental y las capacidades institucionales de las entidades para emitir opiniones técnicas con un análisis riguroso y en un plazo razonable.
Solo así el marco legal podrá garantizar el cuidado de los recursos hídricos, las áreas naturales protegidas y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y/o contacto inicial, entre otros. Somos conscientes que hay que buscar la eficacia, simplicidad y la eficiencia en los procedimientos administrativos. Sin embargo, la sola reducción de plazos podría generar un debilitamiento en los procesos de evaluación de impacto ambiental y poner en riesgo el carácter preventivo de este importante instrumento.
En adición a lo expuesto, nuestra institución coincide con el Poder Ejecutivo en la necesidad de que, para la emisión de toda norma, debe contemplarse el impacto que esta puede generar. En atención a ello, sostenemos la necesidad de que el fomento de las inversiones no desestime -ni condicione- el deber del Estado de cautelar el cuidado del ambiente en el que vivimos todos los peruanos y peruanas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2°, numeral 22, y 44° de la Constitución Política del Perú.
Por lo expuesto, me permito poner a disposición del Congreso de la República las siguientes recomendaciones, a fin que sean evaluadas al momento de discutir el Proyecto de Ley Nº 3627/2013-PE:
- No aprobar el artículo 19º del Proyecto de Ley que contempla la suspensión de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la reducción del importe de las multas impuestas, en tanto implica el debilitamiento de la institucionalidad y de los mecanismos de supervisión y fiscalización ambiental.
- Establecer que los recursos que se perciban por concepto de multas administrativas por infracción a la normatividad ambiental sean destinados al Fideicomiso al que se refiere la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29325, a fin de contar con los recursos necesarios para la remediación de los pasivos ambientales, tema pendiente de abordar en la agenda ambiental.
- Normar la obligación de la Presidencia de Consejo de Ministros de realizar un informe anual ante el Congreso de la República sobre el nivel de cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente, del Plan Nacional de Acción Ambiental y de la Agenda Nacional de Acción Ambiental.
- Solicitar al Poder Ejecutivo el sustento técnico para la reducción de los plazos para la emisión de opiniones técnicas en el marco de la evaluación del estudio de impacto ambiental de proyectos de inversión. Dicha evaluación deberá contemplar las particularidades de la evaluación y las capacidades institucionales de las entidades para emitir opiniones técnicas con un análisis riguroso y en un plazo razonable.
Estamos convencidos, señor Presidente del Congreso de la República, de que las inversiones nacionales y extranjeras deben cumplir con los estándares de protección ambiental y social; y, de esa manera, contribuir con el desarrollo del país, generando empleo, movilizando recursos y activando los diversos sectores de la economía.
Con la seguridad de su atención, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente,
EDUARDO VEGA LUNA
DEFENSOR DEL PUEBLO (e)