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Neuquén reconoce a pueblos originarios su propia Justicia para delitos menores
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El poder judicial reconoció a la Ley Indígena como mecanismo natural para resolver dentro de las comunidades aquellos hechos penales “que no afecten gravemente el interés público”
Neuquén, a la vanguardia en materia de integración intercultural.
En un hecho inédito para la Argentina, el poder judicial de Neuquén reconoció a la Ley Indígena como mecanismo natural para resolver dentro de las comunidades aquellos hechos penales “que no afecten gravemente el interés público”, lo que pone a esa provincia a la vanguardia en materia de integración intercultural. El acuerdo fue plasmado el 29 de agosto pasado por miembros de las comunidades mapuches, el Consejo Zonal Pehuenche, funcionarios provinciales y nacionales y por el fiscal general de la provincia, José Ignacio Geréz, en el denominado “Acuerdo de Pulmarí”.
Un día más tarde y con la intención de profundizar conocimientos sobre la temática se llevó a cabo el “I Taller Intercultural” del que participaron entre otros, fiscales, representantes de la Corporación Interestadual Pulmari e integrantes de los pueblos originarios de la zona de Aluminé. Durante la actividad se analizó un caso elaborado por Ulf Christian Nordenstahl, director de Mediación del Ministerio Publico Fiscal (MPF) y por su subdirectora, Cecilia Basterrechea, a los fines de apreciar como cada grupo resolvía el conflicto planteado.
Finalmente el 2 de septiembre último y apoyado en la Constitución nacional y en la de Neuquén, en el Código Procesal Penal de la provincia y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Geréz dio origen a la Instrucción General N 6, mediante la cual dispuso que los fiscales reconozcan y respeten la identidad cultural de los pueblos originarios “en la forma de resolver sus conflictos, dentro del marco de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico vigente”, al tiempo que apuntó al rescate y la puesta en valor de sus tradiciones y costumbres promoviendo “los métodos de resolución de conflictos basados en el diálogo y el respeto mutuo” e instó a coordinar “acciones en conjunto para articular el abordaje de los conflictos”.
De esa manera, los fiscales podrán “prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla” cuando se trate de un problema que interese al derecho penal; que involucre sólo a miembros de las comunidades indígenas reconocidas por el Estado, cuando el hecho en cuestión “haya ocurrido únicamente” en su territorio y no “afecte gravemente el interés público o que no involucre un interés público prevalente”. También determinó que en caso de “aplicarse una sanción” la misma deberá respetar los derechos humanos y el conflicto deberá ser “resuelto o avalado por una autoridad legitimada por las comunidades”.
“Este instructivo ya forma parte de la política de persecución penal del Ministerio Publico de Neuquén y ha sido bien recibido por otros ministerios y ONGs, páginas web, como también por integrantes de la justicia de otras provincias e incluso de varios países de la región, que se han mostrado interesados en la experiencia” señaló a BAE Negocios, el Fiscal general José Ignacio Geréz.
El funcionario dijo que “teniendo en cuenta la presencia indígena en la provincia creímos importante trabajar en lo que es la participación de las comunidades en la resolución de sus conflictos y de allí surgió el tema del reconocimiento de la justicia indígena” lo que consideró como “una decisión histórica que pone a la provincia a la vanguardia en la materia y que es el puntapié inicial para un camino a recorrer”.
Por su parte, Micaela Gomiz, integrante del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, calificó a la medida “como acertada y alentadora” y como “un reconocimiento y respeto a la diversidad cultural”.
El derecho indígena en América latina
“Sabemos de experiencias en Colombia donde han avanzado con este tema debido a que también tienen una fuerte presencia intercultural y lo están trabajando muy bien y de ellos hemos sacado algunas ideas para el taller” sostuvo Geréz al dar cuenta de la medida que se ha puesto en marcha en Neuquén.
La aplicación del derecho indígena con el que se busca administrar justicia mediante sanciones morales y castigos, también guarda antecedentes en países como Bolivia, Perú y Ecuador y en comunidades mayas ubicadas al sur de México.