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La frontera de hidrocarburos creció 7 veces en cinco años (El Día, 24.11.14)
Publicado: 24/11/2014
Informe. Un estudio del Cedib atribuye el hecho a la política económica ‘extractivista’ del gobierno de Evo Morales. Prevén efectos adversos a la ‘Madre Tierra’ y al futuro del país.
Entre el 2007 y 2012, la frontera hidrocarburífera de Bolivia creció siete veces. En ese periodo de cinco años, esta actividad se extendió de 2.1 millones hasta 24,7 millones de hectáreas, registrando así la mayor expansión territorial de la historia energética del país, equivalente a 769% de incremento, lo que representa un tercio de los 109 millones de hectáreas que posee el país, señala un estudio de cinco expertos nacionales.
Además, el estudio menciona que dicha expansión involucra a 11 de las 22 áreas protegidas del país y afectando implacablemente de manera directa a siete de ellas. Incluso en sitios como el Iñao (Chaco chuquisaqueño), el 90% de su superficie está comprometida por la actividad hidrocarburífera. “El caso Aguarague (Tarija), tiene 72% comprometido a favor de la actividad gasífera y petrolera. Es un caso crítico, que conlleva los 44 contratos con que asumió este gobierno, el mismo se amplió con nuevos contratos”, señaló Jorge Campanini, ingeniero Ambiental y experto energético.
Antecedentes de la problemática. Según Marco Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), en los últimos 20 años del periodo neoliberal, de apertura a las inversiones extranjeras del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el 2009 se llegó a un límite máximo de 13,1 millones de hectáreas de expansión hidrocarburífera. Pero con el gobierno progresista de Evo Morales, dicha cifra incrementó. “La cifra es inédita en nuestra historia. La única explicación es que las reservas de petróleo se han agotado, solo contamos con reservas marginales, por eso estamos llegando a límites de hacer prospección en zonas amazónicas y áreas protegidas del país”, precisó.
Un contexto que explica. Bolivia tiene una tradición de 120 años de historia petrolera e intervención de gran parte del territorio nacional, con actividad prospectiva y de perforación petrolera. “Realmente hay pocos lugares del país donde no se hizo prospección sísmica exploratoria”, argumentó Gandarillas.
En ese contexto, el informe señala que de las 22 áreas protegidas del sistema nacional, 11 están afectadas por la nueva frontera hidrocarburífera. De estos territorios, siete enfrentan una afectación mayor al 30%, entre las que está el Tipnis (35%), Madidi, Aguaragüe (72,5%), Tariquía (55%), Iñao (91%), Pilón Lajas y Manuripi, están afectadas entre el 55% y el 90% de su superficie, con lo cual es imposible pensar siquiera
en alguna mitigación.
Además, menciona que en el caso de El Madidi y Pilón Lajas representan una de las más importantes zonas bajo protección de Bolivia al integrar el corredor de conservación peruano – boliviano de Vilcabamba – Amboró.
“El Gobierno no comprende la importancia de las áreas protegidas, bajo una lógica de solo propiciar la exportación de las materias primas, en este caso por el tema del gas, del cual dependemos como país”, señaló Pablo Villegas, investigador del Cedib sobre Políticas de los Recursos Naturales.
Ingresos inéditos. Otros estudios dan cuenta que toda esta situación se debe a que en octubre del 2010, el Gobierno boliviano aprobó el Decreto Supremo 0676, que extiende la frontera petrolera y gasífera del país, afectando directamente varias áreas protegidas. Dos de ellas están referidas directamente con el Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, ambos con una reconocida riqueza ambiental y cultural para el país y el mundo, ubicados en plena Amazonia boliviana, catalogada por el Gobierno como la zona petrolera Subandino Norte.
Por entonces, el Gobierno justificó la emisión de dicha normativa dado que era “necesario incrementar (las áreas de concesión petrolera) en función de la existencia de estructuras prospectables y gran cantidad de información sobre cada una de las áreas seleccionadas” . De esta forma fueron cedidas 56 zonas petroleras a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en zonas tradicionales y no tradicionales para la explotación de hidrocarburos.
“Está bien que tengamos parques. Pero no significa que nos vamos a quedar viviendo como hace 400 o 300 años para dejar esa riqueza para que de aquí a un tiempo vengan otros”, señaló en un congreso de Gas y Petróleo, el vicepresidente Álvaro García Linera.
Para Georgina Jiménez, coordinadora del Área de Investigación de los Recursos Naturales del Cedib, señaló que dicha explicación es insostenible, dado que el objetivo debería ser recuperar los recursos naturales pero no solo ganar réditos a costa de ellos.
“Es que seguimos en una dinámica perversa de incrementar los volúmenes de extracción para vender materia prima. Gran parte de los recursos que vendemos, casi en un 50% de esos ingresos se utiliza para pagar la compra de combustibles. Así no es para nada rentable”, apuntó Jiménez.
La expansión tan desmedida, señala el informe, de la frontera hidrocarburífera “pretende tapar un hueco haciendo otro más grande”. Trata de mantener e incrementar la extracción de gas natural sin contar con reservas más allá de los siguientes seis años”. “Lo que se hace es acelerar el agotamiento de las reservas bajo la excusa de que se está acelerando también la búsqueda de nuevas reservas”, sentenció Campanini.
Otras agravantes. El estudio al final recuerda que la ley 3058 de hidrocarburos adjudica a la estatal petrolera con “prioridad y de manera directa” áreas reservadas, pero la misma dispone que YPFB realice actividades “por sí mismo o en asociación”. “El resultado es que YPFB ha iniciado la oferta a las transnacionales petroleras de dichas áreas sin necesidad de procesos de licitación, ofreciendo incentivos económicos y condiciones de recuperación acelerada de inversiones para que primero las exploren y luego las exploten en asociación con YPFB”
“El bloque Lliquimuni es uno de los prospectos grandes del Gobierno. Pero hay una gran incertidumbre más aún cuando no existe condiciones. Estamos llegando a los extremos críticos de áreas protegidas’.
Marco Gandarillas
Director del Cedib
Falencias
Pasivos ambientales que datan de más de 40 años están descuidados
Riesgos. Según el estudio del Cedib, en el país de acuerdo a las normas vigentes, en el sector hidrocarburífero hay una desregulación ambiental basada en facilidades para la otorgación de estudios de impacto ambiental, cuya flexibilización en comparación a otros rubros representa al menos más de 190 días, en cambio, en este sector se puede lograr en menos de 35 días de plazo.
Formalidades. Si bien se cumplen las formalidades de los requisitos exigidos por las autoridades sectoriales competentes, la calidad de las fichas ambientales se las otorga sin la seriedad exigida, argumenta el estudio del Cedib. Además, el agravante es que el Estado no tendría la capacidad de las instancias indicadas de llevar en cambio el estudio de los documentos que se presentan.
Tratamiento. Otro de los aspectos críticos de esta situación tienen que ver con el conjunto de intervenciones que se vienen haciendo en el tratamiento de los pasivos ambientales, cuyos trabajos de perforaciones, exploraciones datan incluso de hace más de 50 años.
Según el Cedib, en el caso de Aguarague la situación es crítica con los más de 65 pozos petroleros abandonados y abiertos por varias décadas, incluso con derrames petroleros en quebradas, con graves daños a los afluentes de agua para consumo humano.
Desprotección. En Aguarague, además, se han iniciado nuevas operaciones en la zona sobre esos pasivos existentes, donde se viene planeando la construcción de túneles, instalación de torres de alta tensión y con gran impacto ambiental.
Panorama
Las áreas que están en riesgo de no ser tales
1. Iñao. Ubicada en el departamento de Chuquisaca, donde se encuentran las grandes perforaciones, el 90% de superficie de 263.161 mil hectáreas se encuentra con actividad hidrocarburífera. Corre el riesgo de no ser área protegida.
2. Aguarague. Con 108.348 hectáreas, prácticamente tiene comprometidas a la actividad hidrocarburífera un 72% del parque. En el lugar operan YPFB Chaco; Petroandina SAM; Eastern Petroleum and Gas.
3. Tariquía. La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, ubicada en Tarija, en las provincias O’Connor, Arce, Gran Chaco y Cercado, se encuentra comprometida un 55% a las actividades de YPFB Chaco y BG Bolivia.
4. Tipnis. De un total de 1.225.347 hectáreas, considerado el pulmón bioecológico del país, tiene comprometidos el 35% a las operaciones hidrocarburíferas a Petroandina SAM; Petrobras Bolivia.
5. Pilón Lajas y El Madidi. Ambas en la Amazonia del Beni, Pando y La Paz, tiene comprometido en un 85 y un 75%, respectivamente, a las actividades exploratorias de Petrobras, Repsol y Petroandina.
Punto de vista
Marcelo Higueras
Analista Económico
“Poco o nada importa la protección de la naturaleza’
“Ni este ni otro gobierno han escatimado esfuerzos en destruir ecosistemas completos cuando se trata de extracción y explotación
En un contexto de discursos ecologista, pachamamista, de paradigmas como el Allin Kausay concebida como Buen Vivir. Las actitudes demostradas y ejercidas en el ámbito de explotación de hidrocarburos en Áreas Protegidas reflejan lo contrario, cuando se trata de prioridad de recursos e intereses económicos, poco o nada ha importado la protección de la naturaleza para el Gobierno. En marzo de 2007, el defensor de los recursos hidrocarburíferos, Ing. Enrique Mariaca (+), en un informe de auditorías petroleras encargado por el mismo Estado, hacía referencia a 485 pasivos ambientales, la mayoría en Áreas Protegidas con consecuencias irreversibles para la biodiversidad y los pueblos indígenas. Señaló que el costo por remediación sobrepasaría los $us 61 millones. Más allá de constituirse en un escenario de reflexión mereció subyugada respuesta de parte del Gobierno. La incertidumbre en torno a la dimensión de las reservas gasíferas, la preeminencia del modelo primario extractivista, exportador y la acuciada reducción en la producción de líquidos y gas, continuará dando lugar a una expansión de la frontera petrolera. A solicitud de YPFB y con Decretos Supremos, hasta ahora se aligeraron procesos exploración y explotación en áreas no tradicionales”.