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En la provincia de Río Negro, del 20 al 24 de abril se realiza la marcha de pueblos indígenas en rechazo al proyecto del nuevo Código de Tierras impulsado en la legislatura provincial por el gobernador Alberto Weretilneck. “Petu mongueleiñ, fey muta trekaleiñ” (Estamos vivos, por eso caminamos) es la consigna de una movilización que recorrerá 800 kilómetros, encabezada por comunidades mapuches que habitan la Patagonia, pero que cuenta con el apoyo de numerosos pueblos y naciones originarias, así mismo de organizaciones sociales de todo el país.
La Patagonia Rebelde
La marcha en la Patagonia se divide en dos columnas. Una de ellas parte desde la ciudad de Bariloche, a través de la ruta Nacional 23, previendo atravesar las localidades de Ingeniero Jacobacci, Valcheta, y finalizando el domingo en Viedma. La otra columna saldrá desde Catriel hasta Fiske Menuko (Roca) para alcanzar Sierra Colorada y luego arribar a Viedma el 24 de abril. Ambas columnas se encontrarán para marchar hasta la casa de Gobierno, donde se entregará un documento consensuado.
En la convocatoria, se comunicó lo siguiente:
“El Pueblo Mapuche convoca a la marcha provincial por el derecho a la tierra sin contaminación, en rechazo del nuevo Código de Tierras Fiscales que el gobierno provincial quiere imponer sin consulta previa, libre e informada (establecida por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas).
Con este proyecto de ley se pretende terminar el histórico reclamo territorial mapuche-tehuelche al no reconocer la preexistencia de los pueblos originarios y disponer de las más de 5 millones de hectáreas, relevadas como territorio ancestral por la Ley 26.160, al servicio de la megaminería, el modelo extractivista de petróleo y gas por vías no convencionales, el monocultivo, el turismo para pocos y la continua extranjerización de la Patagonia. Esta ley atentará contra el Art. 75 Inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional y el Art. 42 de la Constitución Provincial al no priorizar la entrega de tierras a los Pueblos Originarios en pos del modelo extractivista. Se trata de un proyecto que perpetúa la senda de la derogación de la Ley Anticianuro realizada en las vísperas navideñas del año 2011”.