“Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona” contra Hugo Chávez: la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, desconoce al Tribunal Supremo de Justicia
Daniel García Marco BBC Mundo Caracas
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Más desafiante que nunca, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, acusó este martes al poder Ejecutivo y Judicial de estar perpetrando un golpe de Estado peor que el de 2002 contra Hugo Chávez.
“Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona”, dijo este martes en referencia al golpe fallido en abril de 2002 por el que el empresario Pedro Carmona disolvió los poderes antes de que se consumara el regreso a la presidencia de Chávez a las pocas horas.
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La fiscal, nombrada en 2007 y que se considera chavista, se ha convertido en la voz más crítica contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde dentro del Estado.
Ortega no acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se celebra un antejuicio de mérito para determinar si cometió alguna falta grave, lo que podría llevar a su destitución.
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Image caption La fiscal desconoce a la vicefiscal que la Sala Constitucional nombró este martes.
De acuerdo con la Constitución, ese poder de removerla del cargo recae en la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y considerada en desacato por parte del TSJ, por lo que es de esperar que sea la Sala Constitucional del alto tribunal la que, como ha venido haciendo en los últimos meses, se atribuya el papel de suplir al Parlamento y decida sobre una eventual destitución.
De hecho, esa sala nombró este martes una nueva vicefiscal que Ortega no reconoce como legítima y que asumiría el cargo en caso de una destitución.
“Un circo”
A la misma hora en la que estaba citada en el TSJ, la fiscal ofreció una declaración llena de detalles legales y de palabras desafiantes contra el alto tribunal y contra la situación que vive Venezuela, que a la crisis económica le suma más de tres meses de protestas antigubernamentales que han dejado ya 90 muertes.
“No voy a convalidar un circo que tiñe nuestra historia con vergüenza y dolor. La resolución está cantada. No lo reconozco”, dijo Ortega sobre el TSJ, al que acusa de actuar al dictado del Ejecutivo.
“Quieren callarme para que no siga diciendo verdades, como que diga que se sigue manteniendo una grosera ruptura del orden constitucional. Pero no lo lograrán, vamos a triunfar”, dijo ante el aplauso de empleados del Ministerio Público.
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Image caption La fiscal cree que el Tribunal Supremo de Justicia quiere desmontar el Ministerio Público.
Ortega consideró un “quiebre del orden constitucional” las sentencias del TSJ de finales de marzo por las que se apropiaba de poderes del poder legislativo. Esas decisiones fueron el detonante de la actual ola de protestas.
Además, la fiscal criticó la convocatoria sin referendo previo de una Asamblea Nacional Constituyente y se ha erigido en firme defensora de la Constitución de 1999, promovida por Chávez. Su defensa del fallecido comandante la ha convertido en referente del chavismo crítico con el gobierno de Maduro.
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También ha condenado la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. De acuerdo a la fiscalía 21 personas han muerto por la actuación de las fuerzas del orden. La Fiscalía imputó por violaciones de derechos humanos al exjefe de la Guardia Nacional, una de las encargadas del control de las manifestaciones, y al responsable del servicio de inteligencia (Sebin).
En las últimas semanas pidió la anulación del nombramiento en diciembre de 2015 de varios magistrados del TSJ.
“Traidora”
El oficialismo la ha acusado de “traidora” e “indigna” y de estar avalando la impunidad de acciones violentas de la oposición, a la que acusa de promover un golpe de Estado y una intervención extranjera.
Pero Ortega no se amilana y este martes fue más allá.
“La democracia puede ser arrasada por factores políticos atrincherados en el poder”, dijo Ortega, que acusó al TSJ de beneficiar “de manera exclusiva y excluyente a quienes detentan el poder ejecutivo”.
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Image caption La fiscal alertó de los peligros que se ciernen sobre Venezuela por lo que considera una violación de la Contitución por parte de poderes del Estado.
“Queda abierto el camino para aniquilar por vías violentas el descontento (…) Podrán matar y encarcelar a quienes emitan críticas contra el gobierno”, denunció.
“No he cometido delitos ni faltas. No me voy a someter a un Tribunal Supremo inconstitucional e ilegítimo”, aseguró.
Y cerró con más desafío: “Yo seguiré luchando y vamos a triunfar. Dios bendiga a Venezuela”.