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Defensores denuncian “genocidio” contra la población negra en Brasil por la Policía
EFE - Bogotá
01/03/2018 - 18:51h
Agrupaciones brasileñas denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un plan de genocidio por parte del Estado contra la población negra del país.
“En 2016 un total de 24.200 personas murieron por la Policía. Esto representa una muerte cada dos horas. El 86 % de las víctimas son hombre, jóvenes entre 12 y 29 años, de ellos el 72 % son negros, parece que hay una política estatal de genocidio (contra esa población)”, manifestó Joao Paulo de Godoy, de la organización Conectas Direitos Humanos.
Estas denuncias las hizo la sociedad civil durante la penúltima jornada de audiencias públicas que realiza la CIDH en Bogotá como parte de su 167 periodo de sesiones.
El vocero dijo que la Policía brasileña es una de las “más letales”, pues durante 2009 y 2016 cerca de 22.000 personas murieron por sus acciones, cifra que asegura es superior al de la Policía de Estados Unidos.
A modo de ejemplo, el defensor mencionó el caso de Sao Paulo, donde su fuerza de seguridad es señalada de ser la responsable del más de 20 % de las muertes ocurridas en 2004.
“Los agentes de policía saben que pueden actuar al margen de la ley, el sistema actual es un cheque en blanco para los policías”, agregó De Godoy, quien afirmó que en mayo de 2016 en ese estado se realizaron más de 500 ejecuciones extrajudiciales.
Ante estos hechos, la organización pidió a la nueva comisionada de la CIDH para el país, Antonia Urrejola, una visita con el objetivo de que observe y analice el accionar de las fuerzas de seguridad.
A esta voz de protesta se sumó Rodrigo Deodato, del Gabinete de Asesoría Jurídica para Organizaciones Sociales, quien denunció que la mayoría de casos de ejecuciones extrajudiciales ocurren en el estado de Pernambuco, donde también las principales víctimas son las poblaciones afro.
“El año pasado 5.277 personas fueron asesinadas en Pernambuco por agentes de estado, 95 % eran casos de negros, esta persecución se refleja también en más de 29.000 prisioneros negros en ese estado, y esto se replica en todo el país”, agregó Deodato.
Asimismo, Débora María da Silva, fundadora del Movimiento Madres de Mayo, aseguró que desde la muerte de su hijo en mayo de 2006 por parte de la policía, 600 jóvenes más han sido víctimas de esa fuerza.
“Tenemos dos policías, una que no investiga y otra que mata, vemos al Estado muy presente, pero en la violación de derechos humanos, yo no voy a pagar más impuesto para pagar una bala que mató a mi hijo”, sentenció Da Silva.
Por su parte, el Estado brasileño se limitó a explicar a la Comisión y a la sociedad civil el organigrama de sus instituciones y del Ministerio Público, encargados de la investigación de los casos, sin entregar detalles de estas investigaciones contra funcionarios o planes para revertir el problema.
Ante esto, Urrejola expresó su preocupación por “las denuncias de estas ejecuciones como una plan sistemático” y pidió a los representantes del país conocer los mecanismo aplicados para sancionar “el uso excesivo de la fuerza pública” y el rol del Ministerio Público en el desarrollo y ejecución de planes de seguridad pública.
“Va a haber una visita “in loco” en noviembre. Pido al Estado la posibilidad de una visita de trabajo antes del mes de noviembre para recoger en terreno la información”, concluyó la comisionada.