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Brasil en vilo: la Corte decide si Lula va a la cárcel
El Supremo Tribunal Federal (STF) juzgará un hábeas corpus presentado por el ex presidente para evitar que su condena en segunda instancia por corrupción lo envíe a prisión.
Cadena 3
04 DE ABRIL DE 2018 | ACTUALIZADO EL 04 DE ABRIL DE 2018
La polarización en el ámbito político y jurídico brasileño tendrá este miércoles una prueba de fuego, ya que el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgará un habeas corpus presentado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que su condena en segunda instancia por corrupción lo envíe a la cárcel sin haber cumplido todos los pasos judiciales.
Con los grupos derechistas identificados con el juez Sérgio Moro, líder de la Operación Lava Jato, convocando a manifestaciones en todo el país para pedir la prisión de Lula, la corte suprema de Brasil estará en el primer plano nacional e internacional.
“Espero que la Suprema Corte haga justicia. No quiero ser beneficiario de nada, quiero ser juzgado por el mérito del proceso, un juicio mentiroso con pruebas mentirosas. No acepté la dictadura militar y no aceptaré la dictadura del ministerio público y del juez Moro”, dijo Lula.
Fue ante toda la izquierda que se unió en forma inédita, en Río de Janeiro, durante el respaldo que le dieron otros precandidatos presidenciales como Manuela Davila, del Partido Comunista de Brasil, y Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
Lula puede ser detenido tras la decisión de la Corte, pero si aceptan su hábeas corpus tendrá derecho a apelar su pena en libertad. No obstante, no le será fácil el camino hacia las elecciones de octubre, en las cuales es favorito, ya que puede ser inhabilitado por haber recibido una condena penal ratificada en cámara.
El acto de desagravio contra Lula anoche en Río, con la presencia de Chico Buarque y la familia de la concejal socialista asesinada en febrero, Marielle Franco, se dio en medio de la atmósfera que envuelve al STF.
El tribunal está arrinconado por sus propios pasos: es que en 2016, al calor de la Operación Lava Jato, la corte rompió el precepto constitucional y autorizó por 6 votos contra 5 detener a condenados en segunda instancia.
La Constitución de 1988 indica que deben cumplirse todas las instancias para que un condenado pierda la libertad y este es el pedido de Lula, que puede arrastrar a otros miles de casos.
Según especulaciones de la prensa brasileña, hay una mayoría de 6 a 5 para votar como pide Lula y retornar al vigor constitucional en este punto.
Lula tiene una orden de ejecución de su pena de 12 años y un mes de cárcel por parte de la cámara de apelaciones de Porto Alegre, que ratificó un fallo condenatorio del juez Moro contra Lula, supuestamente por recibir un departamento como soborno por parte de la constructora OAS en el balneario de Guarujá.
Hay un ministro en la corte que dijo que cambió su voto respecto de 2016: es Gilmar Mendes, un confeso opositor al Partido de los Trabajadores y gran espada de la “ola punitiva” encarnada por la Operación Lava Jato en nombre de la lucha contra la corrupción.
La presidenta del alto tribunal, Carmen Antunes, pidió “serenidad” a la población en un mensaje por TV Justicia y convocó al “diálogo” para superar las diferencias.
Lo hizo luego de planificar las medidas de seguridad en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, que está siendo separada en dos para recibir manifestaciones contrarias y en favor de Lula.
El movimiento derechista Vem Pra Rua y el Movimiento Brasil Libre convocaron a manifestaciones en favor de encarcelar a Lula.
En tanto, en un hecho inédito, el juez Moro y un fiscal de primera instancia, Deltan Dallagnol, jefe del equipo de Lava Jato, pidieron abiertamente que la corte ratifique su jurisprudencia, objetada por Lula.
“Sería un retroceso en la lucha contra la impunidad”, dijo Moro en televisión, mientras que Dallagnol, un fervoroso activista de las iglesias evangélicas, fue más contundente, en un abierto desafío a la corte suprema.
“El miércoles es el día D de la lucha contra la corrupción. Una derrota significará que la mayor parte de los corruptos de diversos partidos jamás serán responsabilizados. El escenario no es bueno. Estaré en ayuno, rezando e hinchando por el país”, dijo el fiscal, principal acusador de Lula.
“Dallagnol es una figura patética. Un fiscal anuncia ayuno contra la Constitución y ni siquiera oculta su activismo cretino”, le respondió Lindbergh Farias, jefe del bloque de senadores del Partido de los Trabajadores.
El hábeas corpus llega luego de una semana en la cual cuatro amigos de Temer fueron detenidos durante 48 horas en la Semana Santa acusados de participar de una red de sobornos y lavado de dinero por orden del juez del supremo tribunal Luis Barroso.
El mundo jurídico se movilizó también a favor y en contra de Lula.
El ex fiscal general Rodrigo Janot, quien dejó el cargo en setiembre pasado acusado de manipular delaciones premiadas, encabezó un pedido de 5.000 fiscales pidiendo que la corte no puede revisar su jurisprudencia.
La prisión inmediata para Lula, sin pasar por la tercera instancia, fue requerida también por Raquel Dodge, la fiscal general designada por Temer.
Las principales organizaciones de abogados y juristas lanzaron un manifiesto para decir que el reclamo “no es para ninguna persona en particular, sino para garantizar el vigor de la Constitución”.
“Esperamos que la corte suprema cumpla con el deber de proteger los derechos y garantías fundamentales, so pena de frustraciones contra las conquistas logradas en defensa del Estado Democrático de Derecho”, señalaron.
El Tribunal Regional 4 de Porto Alegre que ratificó la condena de Lula usó la jurisprudencia de 2016 para pedir la ejecución de la pena contra el ex presidente, algo que debería hacer Moro.
Según fuentes judiciales, Moro eligió un cuartel del Ejército para detener a Lula en Curitiba, capital del estado de Paraná, llamada por sus detractores como la “República independiente de Lava Jato”.