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http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article209585414.html
Las protestas fueron lideradas en su mayoría por jóvenes estudiantes que afirman no estar involucrados en los saqueos.
Los manifestantes recibieron el respaldo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que exigió a las autoridades escucharlos y buscar una pronta solución al conflicto y frenar la represión.
“Exhortamos a las autoridades del país a escuchar el grito de los jóvenes nicaragüenses y la voz de otros sectores que se han pronunciado al respecto de las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y derogar las reformas a las políticas de dicho Instituto”, dijo en un comunicado.
Rosa Ariana Cantillano, una estudiantes de Ciencias Políticas en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), con sede en Managua, dijo el domingo que entre 2,000 a 3,000 estudiantes se mantenían dentro de ese centro universitario como parte de las protestas y para evitar que la policía antimotines lo tome por asalto.
“Los estudiantes están pidiendo agua y alimentos para poder mantenerse allí. Las personas que viven en los sectores aledaños los ayudan haciendo barricadas”, dijo la estudiante a el Nuevo Herald.
En el día la violencia es menor, según Cantillano, pero en la noche aumenta porque todos se están uniendo a la lucha que según ella “ya no es una lucha política, sino una lucha social. Todas las clases sociales se están uniendo.
Bruno Baltodano, profesor de UPOLI y de la Florida SouthWestern State College en Fort Myers, Florida, denunció que los estudiantes del centro universitario nicaragüense fueron atacados primero por la Juventud Sandinista y después por la policía. Y están a la expectativa de que suceda “lo peor”.
“Se espera el avance del Ejército en unas 24 horas hacia el campus de UPOLI. Los estudiantes se encuentran sin electricidad ni agua. La situación se está poniendo critica y la posibilidad de mantener contacto con ellos por Facebook y WhatsApp se va minizando”, dijo el académico.
Hasta el momento, destacó el profesor, las autoridades no consideran la protesta de los estudiantes a nivel nacional como una manifestación legal, sino que los han calificado como grupos de violencia criminal y no están interesadas en propiciar un diálogo con ellos.
Ortega en un discurso el sábado afirmó que había integrantes de pandillas involucrados en las protestas y que eso fue detectado por la policía mediante antecedentes penales y por lo tanto “están criminalizando las manifestaciones”, una situación que dijo pone en riesgos a los mismos jóvenes estudiantes que se incorporan a las manifestaciones con “buenas intenciones”.