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Paro contra dictadura orteguista detiene el 90% de la economía de Nicaragua durante 24 horas
Tercer paro nacional, por la libertad de presos políticos, mostró la unidad de los sectores en pro de un cambio en Nicaragua
Edición Digital , Corresponsales 08/09/2018
Una de las principales arterias de la capital, la Carretera a Masaya, estuvo desolada debido a que los negocios cerraron en respaldo al paro nacional de 24 horas convocado por la Alianza Cívica. LA PRENSA/cortesía
El paro nacional de 24 horas de este viernes para exigir la liberación de los presos políticos y el retorno del diálogo nacional alcanzó el 90 por ciento de la actividad económica, según Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con base en datos de las cámaras privadas.
La mañana de este viernes, los negocios formales como las grandes casas comerciales y bancos permanecieron cerrados.
Lo mismo ocurrió con bancos, aseguradoras, ferreterías, restaurantes, tiendas en centros comerciales, farmacias, colegios privados, entre otros, que tampoco abrieron sus puertas en respaldo al llamado al paro nacional de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
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En el caso de las medianas y pequeñas empresas y el comercio informal una gran parte sí trabajó durante la mañana, sin embargo después del mediodía se sumaron a la protesta para exigir al gobierno del presidente designado Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, una salida pacífica a la grave crisis que hay en Nicaragua desde hace casi cinco meses.
En Granada, Masaya, León, Chinandega, Boaco, Managua, Carazo, Jinotega, Matagalpa, los municipios de la Costa Caribe, Nueva Guinea y en el resto de departamentos del país, las grandes empresas dejaron de atender desde temprano y los pequeños negocios se les sumaron con el pasar de las horas, a pesar de las amenazas que algunos recibieron por parte del orteguismo.
En Granada, centro turístico golpeado por la caída de turistas ante la crisis, se dio el mismo comportamiento que en el resto del país. Fueron las empresas grandes como supermercados y gasolineras las primeras en no abrir al público desde temprano.
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Negocios informales, comerciantes en el mercado y el sector transporte laboraron por la mañana, pero después de las 2:00 de la tarde de este viernes todo el comercio cerró y los buses que viajan hacia Managua, Malacatoya y Masaya dejaron de trabajar ante la falta de pasajeros.
Mientras en León, otros de los departamentos más castigados por la represión, todos los negocios y las empresas cerraron durante las 24 horas convocadas. Igual pasó en Masaya, donde sus calles estuvieron totalmente vacías porque la población se encerró en su casa y toda la actividad comercial se paralizó.
Escenas parecidas hubo en Boaco y Jinotega. Al norte, en Matagalpa, se reportó que el 50 por ciento del comercio se sumó al paro. En la ciudad de Rivas, al sur, es donde menos negocios apoyaron temprano.
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El Gobierno trató de aparentar normalidad en el país, y por eso bajó la orden a los representantes del transporte intermunicipal y urbano que laboraran con normalidad, aunque no hubo pasajeros. Esto se evidenció con la circulación de las rutas casi vacías, incluso más tarde de las horas habituales.
Unidad es clara
Juan Sebastián Chamorro, representante del sector privado en la Alianza Cívica, dijo que la “valoración del paro es sumamente positiva”.
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“La adhesión del sector empresarial grande y formal es una muestra clara de que aquí no hay un arreglo bajo la mesa (con Ortega), de que aquí el sector privado está junto al pueblo y su demanda. Este mensaje es la unión de todos los nicaragüenses en la búsqueda de una solución al problema sociopolítico que nos agobia”, afirmó Chamorro.
La demanda del tercer paro nacional era el cese nuevamente de la represión que, desde abril, deja entre 322 y 481 asesinatos, más de dos mil heridos y cientos de detenciones y procesos ilegales por participar en las protestas ciudadanas pacíficas.
Vista aérea de comercios cerrados este viernes. LA PRENSA/Cortesía
La protesta convocada por la Alianza Cívica fue respaldada por las cámaras empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), así como Funides, esta última dirigida por Chamorro. Los pequeños negocios, el comercio informal y la mayoría de los dueños de tramos en los mercados se unieron al paro como expresión del repudio a la “criminalización” de las manifestaciones cívicas y porque sean liberados los presos políticos.
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Organismos de derechos humanos calculan que al menos 1,215 personas están encarceladas por su participación en las protestas. El régimen acusa a todas de terrorismo y usa el sistema judicial como otra arma represiva.
Campesinos, estudiantes, médicos, promotores de derechos humanos, jóvenes, exmilitares y miembros de la Alianza Cívica integran la lista de presos políticos de Ortega.
La Alianza valoró como fuerte el mensaje enviado con el paro, “de que en Nicaragua nada está normal”.
Despliegue policial
En Managua, pese a que hubo menos gente en las calles, la Policía Nacional estuvo desplegada en varios puntos de la ciudad. En la Rotonda de Metrocentro —incluso— hubo oficiales antidisturbios intimidando a la población que transitaba por ese lugar.
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En los mercados, como Roberto Huembes, el comercio funcionó a medias por la mañana; en el sector de las artesanías los tramos estaban cerrados y en el área de las verduras y los alimentos los vendedores trabajaron con normalidad; sin embargo, por los pocos compradores los tramos cerraron en la tarde. Algunos conductores del transporte colectivo aceptaron que encontraron poca gente en las paradas de buses.
U$S20 millones por día
Según Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica y representante de Funides, las cámaras privadas calculan que en términos generales entre 20 millones y 25 millones de dólares es el costo de la suspensión de la actividad comercial de un día. La presión causa pérdidas en la recaudación. Sin embargo, el Gobierno insiste en atribuir la responsabilidad de lo que ocurre en el país a los manifestantes, que salieron a las calles a pedir democracia y justicia, sin asumir además su responsabilidad en la masacre.
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Fecha de publicación: 2018-09-07
VER FOTOGALERÍA Nicaragua: 20.000 negocios se paralizaron en protesta contra Daniel Ortega La huelga busca que el gobierno cese la persecución de manifestantes, los secuestros y excarcele a los presos políticos.
Por AFP
Comercios, bancos y empresas privadas de Nicaragua acogieron este viernes un paro convocado por la opositora Alianza Cívica, para exigir la excarcelación de cientos de personas detenidas en los últimos cuatro meses por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que dejaron más de 320 muertos.
La mayoría de los 20.000 negocios del populoso Mercado Oriental, el mayor centro de compras del país, cerraron sus puertas, con pocas personas caminando o limpiando las calles, constató un equipo de AFP.
El paro fue “excelente, así apoyamos a los muchachos que están presos, que están siendo torturados, que no tienen por qué estar en la cárcel sólo por andar protestando”, dijo a la AFP Geidy Áreas, una comerciante de 38 años.
Al menos 300 personas están siendo procesadas por su participación en las protestas contra el gobierno, de los cuales 85 fueron acusados de “terrorismo”, denunció la semana pasada el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
La huelga busca que el gobierno cese la persecución de manifestantes, los secuestros y excarcele a los “presos políticos”.
“La participación activa del pueblo en este paro es un fuerte mensaje al gobierno de Nicaragua para que abandone la represión masiva que ha desatado” contra sus opositores, dijo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en un comunicado.
La concurrida carretera a Masaya, al sur de Managua, donde funcionan cientos de negocios y restaurantes, lució más desolada de lo normal.
Los colegios privados, librerías y cines se unieron a la huelga, mientras que gran parte de las gasolineras cerraron en horas de la tarde.
No obstante, el tráfico de vehículos y autobuses de transporte público fue mayor que en los paros opositores de junio y julio pasado.
La huelga tuvo mayor fuerza en departamentos como León (occidente) y Masaya (sur), que fueron fuertemente golpeados por la represión durante las protestas, así como en la zona norte del país, y el turístico puerto de San Juan del Sur.
“Considero que el paro es un éxito porque la gente respondió al llamado de la Alianza”, valoró el sociólogo Cirilo Otero a la AFP.
Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al sistema de pensiones, que luego se transformaron en una demanda al gobernó de Ortega de dejar el poder debido a la violencia de fuerzas del orden y paramilitares contra los manifestantes.
“No podemos dejar de trabajar”
Muchas ferreterías y negocios situados al norte y este de la capital, una importante zona económica, no acataron el llamado al paro, debido a la necesidad de comerciantes y trabajadores de generar ingresos para sus familias.
“No podemos dejar de trabajar porque tengo una niña de dos años”, dijo María Muñoz, quien vende bebidas gaseosas frente al colegio Maestro Gabriel, de Managua.
“Uno tiene que luchar porque tiene deudas con los bancos y hay que dar de comer a los hijos”, afirmó a la AFP Johana Blandón, una vendedora de comida de las afueras de las maquilas de una Zona Franca del este de la capital, donde miles de obreros llegaron a trabajar.
Las oficinas del gobierno también trabajaron de manera normal, mientras que el Instituto de Turismo aprovechó el paro para hacer una feria sobre una importante avenida de Managua.
La Alianza dijo en el comunicado que espera que el paro “contribuya a la reanudación del diálogo” con el gobierno, estancado desde junio pasado debido a la negativa del mandatario de discutir la democratización del país.
Los opositores exigen adelantar las elecciones de 2021 a 2019 como salida a la crisis, pero Ortega, un exguerrillero de 72 años que gobierna de manera consecutiva desde hace 11 años, ha rechazado anticipar su salida del poder y acusa a los manifestantes de “golpistas”.
Una encuesta realizada recientemente por la ONG local “Ética y Transparencia” indica que 81% de los nicaragüenses está de acuerdo con anticipar las elecciones.
El diálogo inició en mayo con la mediación de los obispos católicos para buscar una salida a la crisis que vive el país a raíz de la represión que el gobierno ejerció contra las protestas.
La oposición acusa a Ortega y a su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo de instaurar una dictadura, marcada por la corrupción y el nepotismo.