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Policía exige permiso para “toda movilización” o “actividad” en Nicaragua
EFE
13/10/2018 21:17
Managua, 13 oct (EFE).- La Policía de Nicaragua señaló hoy que “toda movilización” o “actividad” requieren de su permiso y que “tomará todas las medidas necesarias para mantener la seguridad”, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega desde abril pasado.
“Nuestra Constitución Política y la Ley 872 de la Policía Nacional establecen que toda movilización en cualquier parte del país debe realizarse una vez que los organizadores han solicitado el permiso correspondiente ante las autoridades policiales y que este haya sido otorgado”, informó la institución en una nota.
“La Policía Nacional ratifica que ninguna actividad puede realizarse sin la correspondiente autorización y cobertura policial a fin de no afectar la vida social, económica, comercial, financiera, religiosa y de recreación del pueblo nicaragüense”, agregó.
Esta es la segunda ocasión en dos semanas en que la Policía nicaragüense emite notas de prensa que, según las organizaciones humanitarias, atentan contra los artículos 53 y 54 de la Constitución de Nicaragua, que “reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo” y el “derecho de concentración, manifestación y movilización pública”.
La Policía de Nicaragua también advirtió que “no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso”.
Asimismo, agregó que “tomará todas las medidas necesarias para mantener la seguridad, el orden público, los derechos de la ciudadanía a movilizarse y circular en sus actividades normales”.
Tanto la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) como la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, además de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones humanitarias calculan entre 322 y 512 el número de muertos causados por la “represión” del Gobierno de Ortega, que reconoce 199 víctimas.
También sostienen la existencia de 459 “presos políticos”, que el Gobierno admite son más de 200 y señala como “terroristas” y “golpistas”. EFE
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2018-10-13
Se inicia la protesta de no comprar combustibles al Gobierno de Nicaragua
La Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a diversos sectores que buscan “construir” la democracia en Nicaragua, dio inicio hoy a una protesta que consiste en no comprar combustibles al Gobierno con el fin de mermar los ingresos que supuestamente utiliza para la “represión”.
Por EFE
Los propulsores esperan que la protesta se prolongue un mes, durante el cual llaman a los nicaragüense a no consumir los combustibles de la estatal Distribuidora Nacional de Petróleos (DNP), y así evitar que el Gobierno destine “unos 4,6 millones de dólares mensuales para reprimir al pueblo”.
La DNP es la empresa encargada de distribuir el petróleo que Nicaragua importa con facilidades de pago desde Venezuela, que en años recientes aportó varios miles de millones de dólares al Gobierno del presidente Daniel Ortega. En julio pasado, el tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, renunció a la gerencia de DNP luego de que Estados Unidos le aplicó la Ley Global Magnitsky, dirigida a personas implicadas en “graves abusos contra los derechos humanos o que se han involucrado en la corrupción”.
El Gobierno de Ortega ha sido responsabilizado de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Organismos humanitarios locales calculan el número de muertos hasta en 512, con 459 “presos políticos”, mientras que el Gobierno reconoce 199 fallecidos y más de 200 reos “golpistas” y “terroristas”.
Ortega no reconoce los señalamientos de la Ancudh ni de otros organismos.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril a raíz de unas reformas de la seguridad social que finalmente fueron anuladas, lo que no desactivó la crisis, que incluye el pedido de renuncian de los gobernantes.