Zapatistas denuncian que gobierno ha enviado los paramilitares que están atacando. EZLN se declara en alerta

Agencias    09.Feb.19    Zapatismo

Comunicado de la Junta de Buen Gobierno.



Paramilitares atacan Aldama: Sedena reforzó vigilancia;
Ezln en alerta

13:48 08 de febrero de 2019
Quadratín Chiapas

SAN CRITÓBAL DE LAS CASAS, Chis., a 8 de febrero de 2019.-Por enésima ocasión un grupo armado atacó en las inmediaciones de del poblado Cocó, que se localiza a escasos kilómetros de comunidades zapatistas en el municipio indígena de Aldana, sin que se haya registrado pérdidas de vida humana, reportaron testigos presenciales De acuerdo, a la versión de los testigos, el ataque armado inició un poco antes de las diez de la mañana, en el punto el Rancho, que se localiza debajo de la comunidad de Cocó Ante estos hechos, efectivos del Ejército Mexicano redoblaron el patrullaje, sin que hayan logrado detener a los agresores. Aparentemente, los disparos se registraron en la inmediación de la comunidad de Santa Martha, perteneciente al municipio de Chenalhó Desde hace unos diez días, los indígenas tzotziles de San Pedro, Cocó y Xuxchen en forma subrepticia habían reiniciado actividades agrícolas, después de que efectivos del Ejército Mexicano patrullaban esa área en donde han muerto un poco más de doce personas presuntamente derivado de la disputa de 60 hectáreas de tierras Hace menos de 36 horas, la Junta de Buen Gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en un comunicado de prensa, habían externado su preocupación por la evolución de los hechos violentos y el número de personas que han muerto
———————————————-

Zapatistas de Aldama y Chenalhó sitiados por civiles armados
PaísFeb 7, 2019
Ángeles Mariscal | Chiapas Paralelo

Acusan a gobierno de promover estos grupos y militarizar la región
La disputa entre habitantes de los municipios de Aldama y Chenalhó que inició hace cuatro décadas por la posesión de 60 hectáreas de tierra, detonó de nuevo hace apenas 11 meses, con la presencia de grupos de civiles armados que mantienen sitiados a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la zona.

Los zapatistas, en videos enviado a este noticiario, acusaron a los tres niveles de gobiernos de promover y financiar a estos grupos de civiles armados, quienes han asesinado a 25 personas; situación que se agrava –señalan- con la recién llegada de decenas de militares a la zona.

Una resolución presidencial de José López Portillo que dotaba de 60 hectáreas de tierra a la comunidad de Santa Martha, Chenalhó, fue revocada años después, al reconocerse que el terreno pertenecía a lo que hoy componen 5 comunidades del municipio de Aldama: Cotzilnam, Xuxch´en, Tselej potobtik, Yeton y la cabecera municipal.

En estas comunidades habitan bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes denunciaron que desde el 28 de febrero de 2018 a la fecha, han sufrido ataques por parte de civiles armados que los mantienen prácticamente sitiados, narra una mujer zapatista de Xuxch´en, quien hace el recuento de al menos 7 agresiones armadas significativas que han tenido.

“Disparan a los carros, a la gente en el camino (…) no se puede sacar la producción, ni a los enfermos, se tiene que viajar en la noche porque tirotean (…) quemaron las cañas, da mucho dolor porque es nuestro trabajo (…) Hemos sufrido 11 meses como bases de apoyo del EZLN. Da mucha tristeza, los niños en la escuela rápido regresan llorando, gritando, ya no quieren ir a la escuela”.

Para los zapatistas de esta región que ellos conocen como el municipio autónomo Magdalena de la Paz, lo que era un problema agrarios se convirtió en un conflicto social financiado por los gobiernos municipales, estatal y federal.

“Se ve bien claro, tiroteos, agresiones, ráfagas de fuego y bala. No creemos que un indígena pueda comprar miles de balas cada día”, explicó una de las mujeres de Cotzilnam.

Sin embargo, los afectados por las acciones de los grupos de civiles armados también son indígenas bases de apoyo del EZLN, que habitan en el lado de Chenalhó, de donde hasta el momento, han venido las agresiones. Muestran como prueba decenas de casquillos de diferentes calibres, que han recolectado del piso, luego de los ataques.

En la zona, un río separa la región en disputa. De un lado habitan pobladores de Chenalhó, que se dicen desposeídos y ahora reclaman con fuego el territorio. Del otro lado los cinco poblados de Aldama. En ambos lados, además del río, ahora hay barricadas formadas con costales de arena y piedras.

Los pobladores de Aldama aseguran que los armados de Chenalhó construyeron las barricadas que están en el otro extremo, con el fin de tener un mejor ángulo de disparo en su contra. Las que están en su municipio, dicen, fueron levantadas para protegerse. Una de ellas está en la escuela Vicente Guerrero, a donde los niños ya no asisten desde que sus paredes fueron blanco de disparos.
————————————————-

La guerrilla, acorralada pero vigente
febrero 7, 2019 at 7:04 pm
Contralínea
AUTOR: ZÓSIMO CAMACHO
@ZOSIMO_CONTRA

Siete movimientos armados sobrevivieron a la Guerra Sucia, el embate del “narcoestado” y las políticas de contrainsurgencia. Fragmentados y disminuidos –en su mayoría– hoy enfrentan la “Cuarta Transformación”, que va por ellos.

Documentos de los órganos de inteligencia civiles y militares del Estado mexicano –elaborados hasta finales del sexenio pasado– admiten la existencia de siete “grupos armados” con reivindicaciones políticas y sociales. Con el cuidado de no reconocerlos como “guerrillas”, los agentes de seguridad y defensa nacionales sólo se refieren a estos grupos como “transgresores de la ley” distintos a los ejércitos privados de los cárteles del narcotráfico, las autodefensas y las policías comunitarias.

La Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional (inteligencia militar), la Unidad de Inteligencia Naval y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –hoy Centro Nacional de Inteligencia– enlistan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28J) y a una nueva formación de la que no se conoce el nombre, pero de la que se advierte: está formada por “cuadros históricos y nuevas generaciones de militantes de mayor radicalidad de lucha”.

Con matices, académicos especialistas en movimientos armados señalan que la lucha guerrillera sigue latente, está vigente y tiene legitimidad. Todo, a pesar de la fragmentación de los grupos, las disputas intestinas, la infiltración de los órganos de inteligencia, el parcial éxito de las políticas de contrainsurgencia y la deserción de “columnas” y células que pasaron a formar grupos de delincuentes sin propósitos de reivindicación política y social o, de plano, se pusieron al servicio de cárteles del narcotráfico.

Y a pesar también de la pretendida “Cuarta Transformación”: la llegada al poder de una contradictoria izquierda electoral que crea una Guardia Nacional de corte militar para hacer funciones de seguridad pública y también llama a las víctimas a que perdonen a sus verdugos bajo el eslogan: “Abrazos; no balazos”.

El actual grupo gobernante se asume como la culminación de las luchas de reivindicación política y de justicia social desde la Revolución Mexicana de 1910. En su discurso, por lo tanto, ya no hay motivo alguno para reclamar justicia social, mucho menos de manera armada.

Gustavo Ogarrio Badillo, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que no se debe generalizar cuando se habla de los movimientos guerrilleros. Explica que existen profundas diferencias entre todos ellos: el EZLN, el EPR, el ERPI, la TDR-EP y las otras formaciones. Cada caso debe analizarse en su contexto y desde los lugares en que se encuentran.

Pero de entrada, señala, “no podemos condenar a quienes siguen en armas. Hay condiciones de legitimidad en México para los movimientos que reivindican el uso de las armas”.

María Elena Hernández Márquez, secretaria ejecutiva de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), explica que los movimientos armados no pueden deponer su lucha sólo porque se les diga que ahora sí se van a resolver los problemas políticos y sociales.

“Saben que una cosa es el dicho y otra el hecho. Cada gobierno ha iniciado diciendo que sí va a haber solución para las comunidades violentadas, marginadas, despojadas. Pero termina el sexenio y vemos que, lejos de disminuir, el problema se acrecentó.”

Libertad Argüello Cabrera, doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México, advierte que los grupos guerrilleros “no son delincuentes. En absoluto. Son movimientos sociales armados”, enfatiza.

La legitimidad de la violencia
El doctor Ogarrio Badillo, catedrático de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señala que los movimientos guerrilleros pasados y presentes han buscado siempre fortalecer la legitimidad del uso de la violencia que realizan. Siempre han buscado “elaborar ideas, conceptos y prácticas para justificar una violencia legítima”.

Señala que generalmente quienes deciden levantarse en armas lo hacen cuando han recibido previamente agravios injustos e injustificados de quien ostenta formalmente el monopolio de la violencia: el Estado. Y esta decisión no es solamente a causa de la violencia social que significa la pobreza.

“Tenemos que ver las regiones en las cuales surgen [los movimientos armados]. Cada región tiene su complejidad y hay comunidades que se levantan en armas no sólo por la pobreza sino por el castigo permanente que padecen de parte de los gobiernos.”

Explica que en muchas de esas regiones la situación no ha cambiado desde hace más de 40 años, cuando el surgimiento de numerosos grupos armados y la Guerra Sucia emprendida contra ellos desde el Estado mexicano. Por ello debe valorarse la persistencia de los movimientos armados.

“La gente que se metió a la guerrilla puso su vida ahí. Es cierto, hay que verlos sin idealismo, pero se debe reconocer el contexto particular en que se desarrollan para entender que sí hay una fundamentación de la violencia legítima. Poca o mucha, todas las guerrillas han tenido legitimidad.”

Libertad Argüello Cabrera (autora de Violencia selectiva e impunidad. Continuismo de prácticas sociales y políticas: el caso de familiares de desaparecidos en México) señala que la guerrilla no tiene, incluso, como principal razón de ser la cuestión socioeconómica.

Explica que quienes se levantan en armas vienen de todo un proceso en el que son tratados como ciudadanos de cuarta o quinta categoría. Mientras tal nivel de desigualdad y desprecio subsista, no podrán desactivarse las razones potenciales de la guerrilla.

“Es una cuestión de dignidad ante el agravio moral. Por ello lo que se requiere es el reconocimiento político del ‘otro’. Y en sociedades coloniales y poscoloniales el ‘otro’ son campesinos despojados, incluso desclasados, desinidianizados.”

Trascienden la estructura militar
Los movimientos armados que subsisten hoy en día en México están “en otra etapa”. Han trascendido su mera estructura militar y han alcanzado expresiones políticas y sociales. Ogarrio Badillo, autor de Breve historia de la transición y el olvido. Una lectura de la democratización en América Latina, dice que deben diferenciarse cada uno de los movimientos armados. No tienen la misma legitimidad ni imbricación social.

Sobre todo el zapatismo: “Es un movimiento armado, con estructura militar, pero que también siempre ha sido un movimiento político y social que, además, se ha ido fortaleciendo. Ha tenido todo el tiempo, con altas y con bajas, el respaldo de comunidades organizadas”.

En las últimas semanas, el EZLN –junto con el Congreso Nacional Indígena (CNI)– se ha convertido, desde la izquierda, en el escollo más importante para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El EPR también se ha pronunciado en contra de las políticas de la nueva administración. Pero el EZLN, además de pronunciarse en contra de ellas, ha anunciado que las resistirá y que está dispuesto a responder ante una agresión contra sus bases de apoyo.

En específico, los zapatistas han advertido que el Tren Maya y la plantación de árboles frutales son proyectos que no permitirán en los territorios de sus comunidades de base. Y tienen las capacidades para oponerse efectivamente.

Precisamente ese fue el mensaje de la parada militar del EZLN el pasado 31 de diciembre en La Realidad, Chiapas, cuando desplegó a su 21 División de Infantería y con miles de milicianos, a paso de maniobra, colmó la plaza del Caracol Madre de los Caracoles Mar de Nuestros Sueños.

El EZLN no pidió limosna, sino que dio una demostración de fuerza y del respaldo de las comunidades.

Gustavo Ogarrio explica que si bien el EZLN hacia dentro tiene una jerarquía militar, hacia afuera ha construido una defensa legítima para el uso de las armas. “No sólo es un movimiento armado. Tiene estructuras comunitarias y es parte de un movimiento social, que se ha dado sus propias estructuras civiles, como las Juntas de Buen Gobierno. Tienen, incluso, un sistema de justicia, que es de tipo restitutiva. Por supuesto que ya no es solamente un movimiento armado”.

Explica que el EZLN es un componente militar de un movimiento que tiene, incluso, un carácter jurídico, de autonomía, siempre interesado en contar con el respaldo de sus comunidades y la legitimidad también hacia a fuera.

De los otros movimientos armados, Gustavo Ogarrio señala que se debe analizar caso por caso. Reconoce que la mayoría no tuvo la misma coyuntura del EZLN, aunque sí cuenta con el apoyo de algunas comunidades. “Las guerrillas más aisladas, con menor respaldo comunitario, tienen una débil capacidad de respuesta de legítima defensa militar”.

Agrega que “habría que ver caso por caso, porque nunca son buenas las generalizaciones simplificadoras; sobre todo en el aspecto tan delicado como el acto de tomar las armas y conformar un ejército irregular. Cada movimiento armado en cada región, en cada zona, tiene su particularidad”.

Guerrillas acorraladas
Las políticas de contrainsurgencia del Estado mexicano se agudizaron durante los dos últimos sexenios. La Guerra Sucia nunca se fue de lugares como la Sierra y la Montaña de Guerrero, la huasteca hidalguense o la sierra de Zongolica, en Veracruz.

Para la abogada María Elena Hernández, el movimiento armado en estados con presencia permanente, como Guerrero, está pulverizado, “muy fragmentado”. Explica que el Estado logró cooptar algunas piezas y aniquilar a otras.

Señala que, a diferencia de la década de 1970, hoy la contrainsurgencia y la Guerra Sucia se llevan a cabo no sólo con las Fuerzas Armadas; también con los cárteles del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada. “La lucha de las comunidades por su emancipación se ha visto opacada por toda esta ola de crímenes y de criminalidad”.

La secretaria ejecutiva de la AMAP explica que en Guerrero han proliferado los grupos armados de distinto corte: guardias blancas, paramilitares, autodefensas, policías comunitarias… y los propios movimientos armados que ya existían previamente.

Señala que algunas expresiones de los movimientos armados han sido fragmentadas y sometidas a un proceso de corrupción. Incluso aquellas que tenían “un trabajo de cara a la comunidad”.

“La infiltración en los movimientos guerrilleros es muy grande. Ya no sólo lo están infiltrando para acabarlos y apagarlos. Ahora están infiltrando todos los espacios, con todas las siglas, utilizando todos los nombres para ensuciarlos y desprestigiarlos. El clima es cada vez más opaco, más triste, más empantanado.”

La “Cuarta Transformación”
Para Gustavo Ogarrio, México está viviendo un periodo excepcional. La llegada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al poder sí representa un cambio sustancial. “Todavía no se ve si para bien o para mal”, acota.

“Este gobierno nuevo está sentado en un polvorín. Y sí tiene conciencia de que debe desactivarlo. De lo contrario, perderá toda la legitimidad con la que cuenta y agudizará la crisis que ya vive el país.”

Señala que la lucha armada sigue viva. Explica que el EZLN tiene razón en oponerse tajantemente al gobierno federal, esté quien esté al frente, porque precisamente el gobierno es el que representa al Estado.

“Y el Estado que tenemos hoy se transformó en un Estado desaparecedor de personas. Mientras este gobierno no transforme al Estado, el movimiento armado tiene que seguir oponiéndose a ese Estado.”

Zósimo Camacho
———————————

Junta de Buen Gobierno Zapatista de Oventik responsabiliza al gobierno del conflicto entre Aldama y Chenalhó
La disputa de 60 hectáreas ha dejado 25 muertos y 14 heridos.

Por Alerta Chiapas -
7 febrero, 2019

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 6 Feb.- La Junta de Buen Gobierno ( JBG ) de Oventik, responsabilizó al Gobierno en sus tres niveles del conflicto por la disputa de 60 hectáreas entre el municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, perteneciente a Chenalhó, que ha dejado 25 muertos y 14 heridos en los años recientes, porque “no ha solucionado de fondo las necesidades y problemas; su política es repartir dinero y migajas, crear conflictos y militarizar a las comunidades indígenas”.

En un informe, con videos testimonios de Bases de Apoyo Zapatista de Aldama y Santa Martha, señaló que “son muchas las comunidades afectadas directa e indirectamente porque ya no pueden transitar, trabajar, ni vivir libremente”, en esa zona. Además que “con la militarización en territorio zapatista nos están provocando y obligando a defendernos”.

“Ya no se puede viajar en carro durante el día, sólo de noche con las luces apagadas. Y si tienen que trasladar enfermos y sus cargas, tirotean el carro. Se daña la unidad, la armonía, las buenas costumbres, los encuentros culturales y religiosos”, denuncian.

La Junta de Buen Gobierno de Oventik afirma que la problemática no es nueva, “en los años 70, mediante una resolución presidencial de José López Portillo le entregaron a Santa Martha (Manuel Utrilla), 60 hectáreas, que le pertenecían a Aldama, donde ahora está el municipio autónomo de Santa María Magdalena, como se reconoció años más tarde”.

“Luego hubo acuerdos internos para la devolución de 30 hectáreas, pero no se respetaron y con la remunicipalización de 1998, Aldama se convirtió en municipio oficial, como parte de “un plan contrainsurgente del mal gobierno de (Ernesto) Zedillo y del croketas (Roberto) Albores (gobernador de Chiapas), como respuesta a la declaración de municipios autónomos que hicimos los pueblos zapatistas en diciembre de 1994”.

Refirió que “en el mal gobierno de (Vicente) Fox y Pablo Salazar en el 2000, Santa Martha obtuvo su plano definitivo mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede)”, por lo que los terrenos en disputa quedaron dentro de su territorio.

Después de 2008, el gobierno entregó diversas cantidades de dinero a las autoridades ejidales y de bienes comunales de Santa Martha y de Aldama. “Según el gobierno, el problema quedó resuelto, pero el conflicto siguió aumentando porque no hizo bien su trabajo de deslinde en los terrenos, ni abrió la brecha de los mojones, y con eso sembró más provocación”.

Luego con la implementación del Procede se acrecentó los conflictos por la disputa de tierras y Santa Martha y Aldama “son muestras de lo que trajo. El mal gobierno de por sí sabía cuáles eran sus intenciones al crear división y permitir que los campesinos tuvieran libertad, pero libertad de vender sus tierras”.

De acuerdo a la JBG, “se sabe que en esas tierras hay bellezas naturales y centros ceremoniales en donde pretenden crear reservas o centros ecoturísticos privados, por lo que con su política aprovechan para dividir y enfrentar comunidades para ver si caemos en sus trampas y ya cuando los pueblos se están enfrentando acusan que nos matamos entre hermanos y dicen que hay un conflicto intercomunitario, pero no dice quién lo creó.

“Así justifican la militarización después de que ellos mismos metieron los problemas en territorio zapatista y nosotros les decimos: nos están provocando y nos están obligando a defendernos”.

En su informe, la JBG relata que en el sexenio pasado aumentó el conflicto, con “ataques contra todas las personas sin importar sexo y edades”, lo que “ha dejado viudas, viudos, huérfanos y huérfanas, casas y escuelas autónomas baleadas, animales domésticos muertos y desplazamientos; pérdida de maíz, café, plátano, quemas de caña y daños a la apicultura. Es claro que las afectaciones del conflicto son de ambos lados”.

“Ya en el período del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón, así como de las respectivas autoridades municipales de Aldama y Chenalhó, hubo un enfrentamiento fuerte el 21 y 22 de enero pasado”.

Narra que esos dos días, las ráfagas se escuchaban en toda la franja del río que sirve de división entre los pueblos, y como solución el gobierno federal y estatal, así como de los alcaldes de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez y de Aldama, Ignacio Pérez Girón, el 23 de enero enviaron camiones de soldados y policías para instalar una base de operaciones mixtas en la comunidad de Cocó, Aldama.

“El mal gobierno dijo a los partidistas que si no aceptaban a su guardia nacional les quitaría sus apoyos económicos. Es su costumbre de los malos gobiernos dejar preparado el terreno para que el que sigue repita las mismas chingaderas, pendejadas y cochinadas”, apuntó en su denuncia la Junta de Buen Gobierno de Oventik.