La militarizaci?n de la naturaleza y los territorios en Colombia

La militarizaci?n de la naturaleza y los territorios en Colombia

Estamos ante una “estrategia de militarizaci?n que tiene por finalidad controlar a los recursos naturales, los territorios y a sus poblaciones” advierte Eduardo Gudynas, en un art?culo en el que advierte los riesgos de la “militarizaci?n de la gesti?n ambiental” en Colombia con la creaci?n de ?Zonas Estrat?gicas de Intervenci?n Integral?, que son nuevos instrumentos de control territorial.

Por Eduardo Gudynas*
Servindi

14 de febrero, 2019.- En Colombia es tradicional que cada nueva presidencia ofrezca un ?plan nacional de desarrollo? que guiar? sus pol?ticas. La administraci?n de Iv?n Duque acaba de presentar su plan con novedades impactantes. Entre ellas se cuenta incluir la protecci?n ambiental dentro de las pol?ticas de seguridad y defensa, la naturaleza pasa a ser un ?activo? que ser? protegido por militares y policiales, anunci?ndose la aplicaci?n de ?Zonas Estrat?gicas de Intervenci?n Integral?, que son nuevos instrumentos de control territorial. Todas esas son medidas que afectar?n en especial a comunidades campesinas e ind?genas.

Parecer?a que el gobierno no apunta a una decidida protecci?n ambiental como por ejemplo anular la miner?a de oro ilegal por todos sus impactos ambientales y sociales, sino que se lanza a reclamar para s? mismo ese tipo de extractivismos. Estar?amos ante un nuevo s?ntoma de la lucha por los excedentes econ?micos que genera la explotaci?n de la Naturaleza.

Es importante revisar algunos componentes de ese plan, ya que la militarizaci?n de la gesti?n ambiental no s?lo est? avanzando en Colombia, sino que problemas similares se repiten por ejemplo en Brasil o Venezuela.

Una primera novedad en el plan de desarrollo colombiano es que el ambiente, la biodiversidad y el agua se incluyen por primera vez dentro de las pol?ticas de ?seguridad?, junto a cuestiones cl?sicas como el control de fronteras y mares para asegurar la soberan?a (1). Considerando que es un ?activo estrat?gico? del pa?s. El gobierno entiende que esto es necesario para enfrentar un contexto de futura escasez y eventuales conflictos por el control de los recursos.

Llegar a ese extremo en Colombia significa militarizar la gesti?n del ambiente. Esto es admitido en el plan, ya que esa gesti?n estar? en manos de una fuerza de ?Protecci?n Integral Ambiental? conformada por fuerzas militares y polic?as, coordinando con la fiscal?a y autoridades ambientales. De este modo, polic?as y soldados deber?an ser los nuevos protectores de la biodiversidad. El Ministerio del Ambiente se sumar? al Consejo de Seguridad Nacional, esa tem?tica deber? integrarse a la Estrategia de Seguridad Nacional, y posiblemente tambi?n en la Estrategia Nacional de Inteligencia.

Al mismo tiempo, al entender a la Naturaleza como una ?activo? se acent?a su fragmentaci?n. Ese es un t?rmino cargado de antecedentes que vienen del mundo empresarial, y que se enfoca en algunos recursos naturales que sean econ?micamente relevantes, pero no en la conservaci?n de todas las plantas y animales.

Esta postura de una ?seguridad ambiental? ha sido presentada como una gran novedad, aunque hay algunos antecedentes sudamericanos. Se pueden citar a los gobiernos militares en Brasil iniciados en 1964 y que se adentraron en la d?cada de 1980, apostando por controlar la Amazonia. Sus planes no ten?an una intencionalidad ecol?gica, tal como proteger la biodiversidad en la selva tropical, sino que respond?an a una obsesi?n con el control territorial y encaminar una ?colonizaci?n? de regiones que se consideraban vac?as o desaprovechadas.

Esa mirada no era ingenua ya que espec?ficamente exclu?a a los ind?genas, y por ello jugaba con la met?fora de regi?n vac?a o ?desierto verde?. Lo relevante de esos antecedentes es que de alg?n modo esas posiciones se debilitaron en los a?os siguientes a medida que avanzaban las pol?ticas ambientales, pero regresaron con el triunfo de la extrema derecha de Jair Bolsonaro. El nuevo presidente de Brasil, y los militares que le acompa?an, resucitan los discursos de una regi?n que debe ser explotada, de ind?genas que deben desaparecer o ser reconvertidos en empresarios, y una flexibilizaci?n de los controles ambientales cl?sicos. No es descabellado plantearse preguntarse si las posturas tan extremas de Bolsonaro en Brasil generan condiciones para que en los pa?ses vecinos, y entre ellos Colombia, se retome esa pr?dica de un militarismo sobre el territorio.

El gobierno justifica esos extremos reconocido que las actividades criminales o ilegales tienen crecientes impactos sobre el ambiente. Esa problem?tica no es nueva, ya que desde hace d?cadas se sabe que existen pr?cticas ilegales de extracci?n y comercializaci?n, por ejemplo, de maderas. Pero es posiblemente el continuo avance de la miner?a ilegal, y en especial la de oro, con todos sus impactos sociales y ambientales, lo que ha obligado a este movimiento. All? aparece otra revelaci?n muy importante: el gobierno colombiano sabe que casi toda la miner?a de oro que se hace en el pa?s es ilegal. Admite que el 86% del oro extra?do proviene de pr?cticas ilegales. Por lo tanto, todas las discusiones sobre el manejo de la miner?a empresarial formal de oro se convierten en eufemismos ante la gravedad de esta situaci?n. Se reconoce que en el 44% de los municipios del pa?s se realiza miner?a ilegal de oro, carb?n o alg?n otro mineral, dejando en claro la enorme penetraci?n territorial de este flagelo. A su vez, los grupos ilegales que operan en ese tipo de miner?a est?n a su vez en muchos casos involucrados en cultivos il?citos, tr?fico de maderas, etc.

M?s all? de esas intenciones, toda esa intervenci?n estar? en manos de militares y polic?as, complementados por ?ingenieros militares? y ?empresas del sector?.
La l?gica del plan es promover un tr?nsito desde esas pr?cticas ilegales a otras que sean legales, apelando a medidas de control territorial, seguridad y participaci?n del sector privado. All? se intercala otro aspectos preocupante como es la formalizaci?n de un ordenamiento territorial a gran escala con las llamadas ?Zonas Estrat?gicas de Intervenci?n Integral? (ZEII). Estas zonas tienen objetivos enfocados tanto en la seguridad como en el ambiente. Ser?n regiones ?intervenidas? por lo menos durante cinco a?os con la intenci?n, seg?n la letra del plan, de fortalecer el Estado en ellas, dando servicios sociales y protegiendo a la poblaci?n civil, para permitir ese tr?nsito hacia explotaciones ?legales? de los recursos naturales. M?s all? de esas intenciones, toda esa intervenci?n estar? en manos de militares y polic?as, complementados por ?ingenieros militares? y ?empresas del sector?.

Distintos tipos de militarizaci?n han tenido lugar en pa?ses vecinos y dejan en claro los riesgos en juego. Por ejemplo, la ampliaci?n de los servicios de inteligencia sobre la tem?tica ambiental en Ecuador desemboc? en espionaje y control sobre organizaciones ambientalistas, y en Argentina, en un programa de seguimiento de l?deres locales (el conocido ?proyecto X? del gobierno Kirchner que espiaba a m?s de mil organizaciones ciudadanas; 2). En esos pa?ses prevaleci? el control pol?tico y social sobre los ciudadanos antes que la protecci?n de la Naturaleza.

La participaci?n militar, y en especial en zonas de miner?a de oro y otros rubros, nada asegura, tal como lo muestran las denuncias y reportes de lo que sucede en el Arco Minero del Orinoco en Venezuela. All? se cre? una ?Zona Econ?mica Militar? donde las fuerzas armadas compiten contra otros grupos en el control de la miner?a, y seg?n distintas denuncias lo hacen tanto en el plano legal como ilegal. Las comunidades campesinas e ind?genas quedan estranguladas entre todos esos bandos en disputa y sus territorios son arrasados (3).

La aplicaci?n de controles policiales y militares sobre la miner?a de oro en la Amazonia, tambi?n ha sido ensayada en el sur de Per?, y sus resultados han sido insignificantes. A su vez, apelar a polic?as militarizados para el control territorial es la medida varias veces repetida por los gobiernos chilenos en los territorios mapuches del sur del pa?s, que lejos de apaciguar esas zonas ha generado todav?a m?s violencia.

estamos ante una estrategia de militarizaci?n que tiene por finalidad controlar a los recursos naturales, los territorios y a sus poblaciones
Teniendo presente esos factores, se observa que estamos ante una estrategia de militarizaci?n que tiene por finalidad controlar a los recursos naturales, los territorios y a sus poblaciones, donde el primer prop?sito que se insin?a es en realidad suplantar los emprendimientos ilegales por otros que ser?an legales, o al menos no tan ilegales — ya que nada parece indicar que mejorar?n las irregularidades en evaluaciones de impacto ambiental, zonificaci?n, control del funcionamiento, participaci?n ciudadan?a, informaci?n p?blica.

Dicho de forma muy esquem?tica, no est? en juego el problema mayor que es la miner?a de oro, con todos sus impactos sociales y ambientales, sino que se busca reemplazarla por una miner?a en manos de actores empresariales formalizados y reconocidos por el Estado. De ese modo el Estado, y los agrupamientos pol?ticos que cobijan, podr?n decidir qui?n acceder? a esa miner?a, cu?nto se cobrar? en impuestos, etc. O incluso para aquellos que son esc?pticos dados los niveles de corrupci?n incluso dentro del Estado, se podr?a argumentar que se reemplazar?n unos entramados ilegales por otros. Es por ello que son tantas las cosas que pueden salir m?s con esta estrategia.

Esta estrategia de seguridad podr?a ser interpretada como una pelea por quienes controlan los excedentes econ?micos de la explotaci?n de los recursos naturales. No es una disputa sobre c?mo proteger a la Naturaleza o a las comunidades. Es m?s, otras medidas dentro del Plan as? como otras iniciativas del gobierno muestran una intenci?n de liberalizar todav?a m?s la miner?a, por ejemplo.

Algunos argumentar?n que la militarizaci?n de la gesti?n ambiental comenz? realmente con el accionar de las guerrillas y otros grupos armados, y que el gobierno no tiene m?s remedio que reaccionar ante ellas. Hay mucho de verdad en ello y es comprensible. Incluso habr? actores locales que reclaman esa seguridad ante las amenazas y violencia que sufren, y esto tambi?n es entendible. Pero aceptar esto en un plan de desarrollo es incorporar una l?gica de la guerra tambi?n en la pol?tica ambiental. El riesgo aqu? es que un gobierno finalmente termine razonando y actuando como los grupos armados, y entiende que la ?nica soluci?n est? centrada en ese campo. Eso no es nuevo, y en esos enfrentamientos quedan atrapadas las comunidades locales.

Es ingenuo pensar que la protecci?n del ambiente se ganar? con pelotones de soldados y polic?as. M?s ingenuo es pensar que con ello se podr? abordar el drama de la miner?a de oro: ?pondr?n un soldado detr?s de cada recodo de cada r?o? ?un polic?a detr?s de cada ?rbol?

El dinero que se utilizar?a en toda esas pr?cticas de seguridad y militarizaci?n, deber?a ser encaminado en alternativas productivas para las comunidades locales atrapadas en esas pr?cticas
El caso del oro es posiblemente uno de los m?s sencillos para encaminar una alternativa post-extractivista. El pa?s debe implementar una moratoria a la exportaci?n de oro de cualquier origen. No tiene sentido persistir en esas pr?cticas que, por un lado, no atienden ninguna necesidad vital contempor?nea (aproximadamente el 90% del oro se utiliza con fines suntuarios o superfluos como joyas), y que deja en el pa?s un da?o ecol?gico y social enorme. El dinero que se utilizar?a en toda esas pr?cticas de seguridad y militarizaci?n, deber?a ser encaminado en alternativas productivas para las comunidades locales atrapadas en esas pr?cticas. A su vez, el dinero que se ahorrar?a en los costos econ?micos de esos impactos tambi?n deber?a ser orientado a una reconversi?n productiva (4).

Esta propuesta de seguridad y militarizaci?n termina debilitando a?n m?s la ?pol?tica? en cualquier ?pol?tica ambiental?. Lo que se propone en Colombia y lo que est? sucediendo en los pa?ses vecinos, en lugar de promover el debate de ideas, la participaci?n ciudadana y la democratizaci?n en la toma de decisiones sobre los aprovechamientos de la Naturaleza, es una apuesta a controles militarizados sobre los territorios y las personas, y que impactan sobre todo en campesinos e ind?genas. Otra vez manteniendo el papel de nuestros pa?ses como proveedores de materias primas para la globalizaci?n. En todo esto existen enormes riesgos que deber?an ser analizados en detalle.

Notas

(1) Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Departamento Nacional de Planeaci?n, Bobot?, 2019.

(2) Proyecto X: C?mo espi? la Gendarmer?a a m?s de mil organizaciones, Clar?n, 10 marzo 2013, https://www.clarin.com/home/espio-gendarmeria-mil-organizaciones_0_SkFWsScsvQl.html

(3) Ver como ejemplo: Venezuela: militarizaci?n y miner?a son una mezcla peligrosa en la Amazon?a, B. Ebus, Mongabay, 12 enero 2018, https://es.mongabay.com/2018/01/venezuela-militarizacion-mineria/. La devastaci?n minera en Venezuela y el silencio del ecologismo global, I. Nahon-Serfaty, Letras LIbres, 20 junio 2018, https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/la-devastacion-miner…

(4) Sobre la moratoria de la miner?a de oro ver la entrevista en El Espectador, en: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/no-tiene-sentido-seguir-sacando-oro-eduardo-gudynas-articulo-789751. Estas y otras medidas son parte de las llamadas transiciones post-extractivistas; se analizan en detalle para distintos pa?ses en varios documentos disponibles en www.transiciones.org

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*Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecolog?a Social (CLAES). Una primera versi?n de estas ideas se public? en Embrollo del Desarrollo, en el diario El Espectador de Bogot?. El ?ltimo libro publicado por el autor es ?Extractivismos y Corrupci?n?, con ediciones en Per?, Bolivia, Colombia y Chile.