Estados y gobiernos en nuestro continente aumentan la militarizaci?n de los emprendimientos extractivistas

La presencia polic?a o militar en el control de recursos naturales y territorios ocurre en Argentina (especialmente alrededor del fracking), Bolivia (protegiendo a empresas petroleras dentro de territorios ind?genas, por ejemplo), Chile (incluyendo acciones policiales en tierras mapuches o represi?n a los que resisten el ?robo? del agua), Ecuador (protecci?n policial y militar a la expansi?n minera), Per? (con la sucesi?n de estados de emergencia, intervenciones polic?as y militares, e incluso por los acuerdos con la polic?a nacional para proteger a mineras y petroleras), los casos de Colombia y Venezuela.
Nosotros agregamos el ejemplo de M?xico donde se acaba de aprobar el aumento de la militarizaci?n con la nueva “Guardia Nacional”, destinada a todas luces a someter a la resistencia contra los mega proyectos de L?pez Obrador.



?Militarizar los extractivismos mineros sudamericanos?

Por Eduardo Gudynas

CooperAcci?n, 8 de marzo, 2019.- En Am?rica del Sur est? en marcha un lento aunque persistente avance de una militarizaci?n de la gesti?n ambiental enfocada en los extractivismos mineros. Aunque en Per? son bien conocidos los sucesivos despliegues de polic?as y militares en la Amazonia del sur del pa?s para enfrentar la miner?a ilegal de oro, siempre es relevante observar lo que ocurre en las naciones vecinas. Atendiendo ese prop?sito aqu? se comparten algunas observaciones sobre las tendencias m?s recientes en Am?rica del Sur.

Colombia: el ambiente como cuesti?n de seguridad nacional
En estos d?as, Colombia ofrece el ejemplo m?s relevante. All?, el actual presidente, Iv?n Duque present? el Plan Nacional de Desarrollo que guiar? su gesti?n, con la novedad de incluir la gesti?n ambiental dentro de las pol?ticas de seguridad y defensa nacional (1). Temas como biodiversidad y agua aparecen ahora junto a objetivos como defender las fronteras y la soberan?a territorial.

Como consecuencia se militariza la gesti?n ambiental. Para ese fin se crea una fuerza de ?Protecci?n Integral Ambiental? conformada por militares y polic?as, que podr? coordinar con fiscales y autoridades ambientales. El Ministerio del Ambiente se suma al Consejo de Seguridad Nacional, las cuestiones ambientales deber?n ser incorporadas en la Estrategia de Seguridad Nacional y posiblemente en la Estrategia Nacional de Inteligencia.

Desde esta mirada basada en la ?seguridad?, la Naturaleza es presentada como un ?activo?. Este no es un concepto neutro, ya que proviene del ?mbito empresarial y fortalece una fragmentaci?n de la Naturaleza que prioriza el valor econ?mico de los recursos. Se proponen instrumentos de ordenamiento territorial a gran escala, las llamadas ?Zonas Estrat?gicas de Intervenci?n Integral?, con objetivos tanto en la seguridad como en el ambiente, de mediana duraci?n (5 a?os), y que servir?an para transitar hacia las explotaciones ?legales? de los recursos naturales.

El gobierno colombiano no oculta que toma estas medidas para controlar la explotaci?n ilegal de recursos naturales, tales como maderas y minerales, y en especial el oro. Admite una situaci?n que no deja de impresionar: en ese pa?s el 86% del oro extra?do proviene de pr?cticas ilegales. Adem?s, el 44% de los municipios del pa?s hacen alguna miner?a ilegal sea en oro como en carb?n u otros productos. Esta deriva debe alertar a los gobiernos de Per?, Ecuador y Bolivia, donde tambi?n se padece el avance de la miner?a ilegal de oro. Colombia muestra un futuro posible, donde la miner?a ilegal se volvi? tan generalizada que dej? en la marginalidad a las pr?cticas formales legales. Es una evoluci?n donde seacent?an impactos como la deforestaci?n o la contaminaci?n de mercurio.

De todos modos, el plan de desarrollo colombiano no busca detener ese tipo de miner?a, sino que desea controlarlo y transformarlo en emprendimientos formales. Su objetivo es que el Estado determine cu?les empresas y bajo cu?les condiciones explotar?n, por ejemplo, el oro, y en poder obtener una parte de los excedentes econ?micos que eso produce.

Militarizaci?n de la gesti?n ambiental en Am?rica del Sur
Debe advertirse que movimientos an?logos hacia la militarizaci?n de la gesti?n ambiental tambi?n ocurran bajo los gobiernos progresistas. En efecto, en Venezuela, Nicol?s Maduro se volc? a liberalizar la explotaci?n minera en el llamado Arco Minero del Orinoco como uno m?s de sus intentos desesperados por superar la crisis del pa?s (2). All? cre? una ?Zona Econ?mica Militar?, donde las fuerzas armadas est?n encargadas de controlar y encaminar la explotaci?n minera. En los hechos en la regi?n se vive una disputa por el oro, con distintas denuncias sobre la participaci?n de los militares tanto en las empresas formales como en las redes ilegales, inmersa en la destrucci?n ambiental y la violencia. La ret?rica oficial alude al socialismo del siglo XXI y al enfrentamiento al imperialismo, pero como en Colombia, no se busca tanto detener la miner?a de oro sino controlar los excedentes econ?micos que genera.

En Brasil, el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro tambi?n est? retomando una mayor presencia militar en el control de recursos naturales y territorios, especialmente en la Amazonia. Se mezclan muy distintos componentes con ciertas dosis de fantas?as reaccionarias. Bolsonaro promueve la liberalizaci?n en el porte de armas y considerar como ?terrorismo? las ocupaciones de tierras rurales, hay d?as que reclama que los ind?genas deben ser ?soldados? pero en otros d?as postula convertirlos en ?empresarios? en el uso de sus territorios, y m?s frecuentemente los margina como obst?culos al progreso.

Mezcla eso con denuncias de complots internacionales para apropiarse de la Amazonia. En especial cuestion? la iniciativa del ?corredor AAA? (o triple A), que agrupa ?reas protegidas y territorios ind?genas que se extienden de un lado a otro del continente, desde Per? (en el norte amaz?nico) y Ecuador, a lo largo de la zona norte de Brasil y regiones adyacentes de Colombia, Venezuela y las Guayanas (3). Bolsonaro tambi?n critica al corredor por considerar que esto opera en forma an?loga a la autodeterminaci?n de los pueblos ind?genas. En todo esto no est? solo ya que hay mandos militares le apoyan (4).

Es posible que esto explique las intenciones del gobierno Bolsonaro de resucitar el viejo programa militar de la ?Caja Norte? del Amazonas, que incluye todos los territorios brasile?os al norte del r?o Amazonas a lo largo de aproximadamente 6 500 km de fronteras con Per?, Colombia, Venezuela, Suriname, Guyana y la Guayana Francesa. Esa iniciativa fue lanzada en 1985, con el prop?sito de asegurar la defensa nacional de lo que identificaban como reservas naturales estrat?gicas, y estaba en manos del Ministerio de Defensa.

A su vez, tambi?n se ubica en esa perspectiva la decisi?n del Ministro de Minas y Energ?a, el almirante Bento Albuquerque de abrir las tierras ind?genas a la explotaci?n minera. No es menor que esto fuese revelado en los d?as de Carnaval, para disipar las seguras reacciones negativas dentro de Brasil, ni que fuese dicho en el congreso de los Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canad?, en Toronto. El militar advirti? que los ind?genas ser?n consultados pero no podr?n vetar la implantaci?n minera (5). El discurso gubernamental repite conceptos muy conocidos en los pa?ses andinos, tales como la necesidad de la miner?a para asegurar el progreso, evitar la conflictividad, desplazar a emprendimientos ilegales, usar tierras ociosas, ?flexibilizar? las ?trabas? de controles ambientales, etc

Es posible adelantar algunas conclusiones sobre esta derivada militar y policial sobre los extractivismos. La primera es no olvidar que la militarizaci?n de la gesti?n ambiental no es nueva, y por ejemplo en Brasil se arrastra desde los gobiernos militares desde mediados del siglo XX. Pero en la actualidad se est? acentuando y es m?s evidente en varios pa?ses.

La presencia polic?a o militar en el control de recursos naturales y territorios ocurre en Argentina (especialmente alrededor del fracking), Bolivia (protegiendo a empresas petroleras dentro de territorios ind?genas, por ejemplo), Chile (incluyendo acciones policiales en tierras mapuches o represi?n a los que resisten el ?robo? del agua), Ecuador (protecci?n policial y militar a la expansi?n minera), Per? (con la sucesi?n de estados de emergencia, intervenciones polic?as y militares, e incluso por los acuerdos con la polic?a nacional para proteger a mineras y petroleras), y los casos ya analizados de Colombia y Venezuela.

El segundo aspecto es que esto discurre tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas. No deja de ser impactante las similitudes entre, por un lado, Colombia, y por otro lado, Venezuela. Esto deja en evidencia la superficialidad de una buena parte de los debates dentro de cada pa?s. Por ejemplo, mientras en Per? est?n aquellos que denuncian como radicales de la izquierda pol?tica a quienes alertan sobre los impactos de la miner?a, ese mismo tipo de dichos son se?alados como radicalismos conservadores en Venezuela. En realidad estamos ante una problem?tica m?s profunda que involucra las ra?ces en las concepciones contempor?neas del desarrollo y de la Naturaleza.

Un tercer asunto es que la disputa no est? realmente centrada en c?mo proteger la Naturaleza, sino en c?mo regular la miner?a para controlarla y obtener parte de sus excedentes econ?micos. Por ejemplo, es claro que en Colombia el Estado busca desplazar y reemplazar a los grupos ilegales como ?rbitros y organizadores de la miner?a de oro. De este modo se refuerza una mercantilizan del ambiente. La contracara es invisibilizar o excluir otros entendimientos de la Naturaleza como pueden ser aquellos basados en sus valores ecol?gicos, est?ticos, religiosos, hist?ricos.

En cuarto lugar, se legitima a militares y polic?as como actores en la gesti?n ambiental. Este es un cambio sustantivo en los fines que se esperan de ellos, y casos como el de Colombia pueden desembocar en ver a generales hablando sobre el manejo de ?reas protegidas y territorios ind?genas. La comunidad de ec?logos, bi?logos y otros cient?ficos queda una vez m?s relegada.

Un quinto aspecto es reconocer y comprender que esta militarizaci?n puede tener muchos apoyos locales, especialmente all? donde hay una alta incidencia de violencia criminal. Aunque bienvenidos, el paso del tiempo muestra que la presencia militar en muchas ocasiones terminar alimentando m?s violencia, como ocurre en Colombia. Las comunidades locales, especialmente campesinos e ind?genas, quedan atrapadas entre los militares y polic?as por un lado, y los grupos ilegales y criminales por el otro.

Como sexto punto, la diseminaci?n de esta l?gica de la seguridad obliga a considerar posibles tensiones entre pa?ses. Es posible que esto est? comenzando a ocurrir en las regiones Amaz?nicas del norte. En efecto, all? la propuesta de corredor biol?gico AAA, afecta al Arco Minero del Orinoco dentro de Venezuela y adem?s se superpone al plan militar Caja Norte de la frontera brasile?a.

Finalmente, es evidente que este tipo de estrategias no podr? detener los impactos sociales y ambientales de buena parte de los extractivismos. Los generales no controlan ni el precio de mercado ni la demanda externa, y se vuelve imposible colocar a un soldado o un polic?a en cada r?o amaz?nico o en cada cerro. Entretanto se gastan enormes recursos financieros que podr?an ser aprovechados en sostener reconversiones productivas en las zonas que m?s lo necesitan.

Sin embargo, a pesar de todo esto, lo que hoy se observa en Colombia y otros pa?ses vecinos, parece apuntar a que la tozudez una vez m?s prevalecer?, para insistir en medidas ambientales y territoriales que ya sabemos que son inefectivas.

7 de marzo de 2019

Notas

(1) Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Departamento Nacional de Planeaci?n, Bogot?, 2019.

(2) Una mirada estructural del megaproyecto Arco Minero del Orinoco, M. Vitti, en Revista SIC, 27 junio 2018, http://revistasic.gumilla.org/2018/una-mirada-estructural-del-megaproyecto-arco-minero-del-orinoco-i/

(3) Triplo A: o controverso corredor ecol?gico que ligaria os Andes ao Atl?ntico, F. Ort?z, 23 octubre 2017, (o)eco, https://www.oeco.org.br/reportagens/triplo-a-o-controverso-corredor-ecologico-que-ligaria-os-andes-ao-atlantico/

(4) El que fuera comandante en jefe del ej?rcito, Eduardo Villas Boas, en su cuenta de twitter califica al corredor como una ?cuesti?n de soberan?a? reclamando analizar los ?riesgos?. Este general antes dirigi? el comando militar de la Amazonia ? https://twitter.com/Gen_VillasBoas/status/1042435900448354304

Jair Bolsonaro, en 2015, en su Facebook, lo calificaba como ?nueva amenaza a la soberan?a brasile?a en la Amazonia?, realizada con el ?pretexto? de enfrentar el cambio clim?tico, y que siguiendo el ejemplo de la ?autodeterminaci?n de los pueblos ind?genas? terminar?a en una ?amputaci?n? territorial.

https://www.facebook.com/pg/jairmessias.bolsonaro

(5) No Canad?, ministro de Minas e Energia diz que avalia liberar minera??o em terra ind?gena, M. Beck, O Globo, 4 marzo 2019, https://oglobo.globo.com/economia/no-canada-ministro-de-minas-energia-diz-que-avalia-liberar-mineracao-em-terra-indigena-23499219

Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecolog?a Social (CLAES). Entre sus publicaciones m?s recientes, en Per?, se encuentra ?Extractivismos y Corrupci?n?, editado por CooperAcci?n y RedGE. Seguimiento en Twitter @EGudynas y en www.AccionyReaccion.com

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Fuente: Publicado el d?a 7 de marzo 2019 por CooperAcci?n: http://cooperaccion.org.pe/militarizar-los-extractivismos-mineros-sudamericanos/