Nicaragua: Gobierno firma las exigencias de la resistencia, que no se traga fácilmente el asunto y convoca a la calle a seguir presionando

La presencia de la OEA en la mesa de negociaciones hace pensar que se trata de jugada de imagen para impedir acciones internacionales contra la dictadura.
Organizaciones sociales convocan hoy sábado a sentarse en las calles
“Solo la movilización de la ciudadanía ejercerá la mayor presión para que haya resultados en las negociaciones”



Régimen orteguista firma acuerdo que restablece los derechos ciudadanos en Nicaragua
Acuerdos para “fortalecer derechos y garantías” ya están en la carta magna

La Prensa
Leonor Álvarez , Mario Rueda
29/03/2019

Como parte del Diálogo Nacional, el régimen de Daniel Ortega firmó un acuerdo de derechos y garantías ciudadanas, ya establecidos en la Constitución Política de Nicaragua, que por obligación debería haber cumplido en los últimos doce años, desde que llegó al poder en 2006 con el 38 por ciento de votos.

El “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” establece el compromiso de cumplir al menos diez principios constitucionales, que incluye el debido proceso y tutela judicial efectiva; derechos económicos; seguridad y defensa nacional; derechos de los nicaragüenses en el exterior; derechos políticos; derechos laborales; libertad de expresión y de información veraz; garantías procesales, autonomía universitaria; definición de terrorismo y financiamiento al terrorismo.

Derecho a protestar
El régimen se compromete a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la materia. Cumplidos los requisitos establecidos por la ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho”, señala el convenio firmado por los doce integrantes de la mesa de negociaciones.

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También se destaca que “no requiere de permiso previo el de reunión pacífica, que no afecte la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población”.

Otro de los puntos reconoce el “derecho irrestricto de todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la Bandera Nacional”.

Cesarán detenciones ilegales
Otro de los puntos importantes que aborda este acuerdo es el cese de las detenciones ilegales en contra de ciudadanos que se han manifestado en contra del Gobierno y que han sido víctimas de secuestros por parte de paramilitares y agentes de la Policía Orteguista.

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En este punto, el Estado garantizará que “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo causas fijadas por la ley”.

En el documento se especifica que las viviendas de los ciudadanos podrán ser allanadas con una orden escrita de un juez competente, debiendo realizarse entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.

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En el tema judicial, se insta a que se cumpla el mandato constitucional de que todo detenido tiene que ser liberado posterior al plazo de 48 horas, si no se le abre un proceso judicial.

“El Estado garantiza que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo causas fijadas por la Ley con arreglo a un procedimiento legal, la detención solo podrá efectuarse en virtud del mandamiento escrito de juez competente o de conformidad con lo que dispone el artículo 33 de la Constitución Política y el procedimiento de la Ley”, manifiesta el texto.

Restablecer libertad de prensa
Otra de las demandas planteadas al régimen orteguista es el respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, así como la devolución de los bienes confiscados y retenidos a los medios de comunicación independientes.

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En este aspecto el acuerdo señala que “el Estado debe garantizar el derecho a la importación de papel, maquinaria, equipo, repuestos y refacciones para los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos”.

Sobre las confiscaciones hechas a medios de comunicación, como el canal de televisión 100% Noticias y Confidencial, la dictadura de Daniel Ortega se compromete a “revisar las decisiones adoptadas por el Estado en relación a los bienes afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, a fin de lograr la devolución de estos bienes cuando así corresponda, conforme a la Constitución y la ley”.

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“El Estado garantiza el irrestricto derecho de libertad de expresión, el derecho de informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios de comunicación podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan transgredir lo establecido en la Constitución y la Ley o que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna”, agrega el documento de cinco páginas.

Desarme de paramilitares
Otro de los temas torales de las negociaciones es el desarme de los paramilitares, armados por el orteguismo para aplastar las protestas ciudadanas. En este punto, se insta a que las autoridades tomen las “medidas necesarias para asegurar el desarme de quienes porten armas sin autorización o de quienes se organicen como grupos armados fuera del orden constitucional y legal. A efecto de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, detener las actuaciones violentas o agresivas de cualquier persona o autoridad”.

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En este acápite se le hace un llamado especial al Ejército de Nicaragua y a la Policía para que cumplan con el registro y marcaje del armamento utilizado por cada institución.

Garantías procesales
Por otra parte, el convenio recomienda “a las autoridades competentes que procedan a la tramitación y agilización de los procesos de exhibición personal, hageas data y amparo, cuyas resoluciones son de ineludible cumplimiento”.

También demanda “garantizar a los trabajadores el derecho de participar en la gestión de las empresas por medio de sus organizaciones y de conformidad con Ley”, al igual que “garantizar que ningún trabajador del sector público o privado sea despedido por razones de sus preferencias políticas de conformidad con la Constitución y las leyes en la materia”.

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A la vez, se pide en este compromiso fortalecer el ejercicio de la autonomía universitaria.

Igualmente, fueron demandados los derechos y las garantías de los pueblos originarios y afrodescendientes de la Costa Caribe.

Derechos económicos
Otro deber que se le recordó cumplir al régimen orteguista fue “garantizar el derecho irrestricto a todas las formas de propiedad, sin discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”, de conformidad con el mandato constitucional.

Derechos secuestrados
La contraparte de la dictadura en las negociaciones, agrupada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, manifestó que estos derechos han estado secuestrados por el gobierno de Ortega y lo que se busca con este acuerdo es la restitución de estos.

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“Lo que ha ocurrido es que los derechos humanos de los nicaragüenses en los últimos once meses han sido secuestrados. Los derechos humanos inalienables de la persona son propios de la persona y lo que ha ocurrido es un secuestro de estos derechos”, dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro negociador de la Alianza Cívica.

La dictadura orteguista se vio obligada a negociar con sectores de la oposición, presionada por las sanciones económicas internacionales que podrían afectar directamente a la familia Ortega-Murillo y a sus funcionarios más cercanos.

El economista Mario Arana Sevilla, también miembro negociador de la Alianza Cívica, pidió intervenir en la conferencia de prensa ofrecida la noche de ayer, para destacar la importancia de que ambas partes cumplan estos compromisos, para sacar de la crisis al país.

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“Nosotros hemos tenido en Nicaragua una profunda crisis. Esta mesa lo que está tratando de hacer es contribuir para sacar al país de la crisis y eso nos involucra a todos. En la medida que todos nos apropiamos de este compromiso, esto va a valer y le va a servir a Nicaragua para salir de su crisis. Entonces no se vale que alguno no cumpla, porque cualquiera que no cumpla, entonces esto fracasa para todo el país”, dijo Arana.

Asimismo, Arana explicó que aún hace falta llegar a acuerdos en los temas de justicia y democracia.

Implementación de los acuerdos
El documento detalla que “la implementación del presente acuerdo iniciará a partir de su firma”.

Tanto este acuerdo de derechos y garantías ciudadanas, como el convenio de facilitación del proceso de liberación de los presos políticos, fueron firmados ayer por los representantes del régimen orteguista y los miembros de la Alianza Cívica, en presencia del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, que participa como testigo y acompañante del Diálogo Nacional, y en presencia de Luis Ángel Rosadilla, representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Crisis desde 18 de abril de 2018
El país vive en crisis desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, del poder. La represión ha dejado entre 325 y 535 muertos desde el 19 de abril de 2018, sin embargo, Ortega solo reconoce 199 muertos, a quienes identifica como 22 policías y simpatizantes de su gobierno. Además, el orteguismo atribuye la crisis a un “fallido golpe de Estado”.

Organizaciones civiles reportan al menos 647 personas presas por participar en las protestas y 162 tienen casa por cárcel. Por su parte, el régimen de Ortega ha reconocido solamente 347 detenidos.

Definición de terrorismo
El “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” establece que la delegación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia solicitó a la dictadura revisar la antinomia (contradicción) que pudiera existir entre la definición de terrorismo y del financiamiento al terrorismo en la Ley 977 (Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo), el Código Penal y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado. se comprometió a revisarlos.
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Nicaragua: Gobierno se compromete a liberar opositores y desarmar paramilitares El acuerdo fue alcanzado en las negociaciones que la delegación de gobierno, que encabeza el canciller Denis Moncada, sostiene con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) desde el 27 de febrero para buscar una solución a la crisis derivada de las protestas contra Ortega.

Por AFP
2019-03-29

El gobierno de Daniel Ortega se comprometió a restituir el derecho a la manifestación, respetar la libertad de prensa y asegurar el desarme de los paramilitares que surgieron en medio de las protestas, en los primeros acuerdos alcanzados este viernes con la oposición en Nicaragua, informó este viernes una fuente oficial.

El acuerdo fue alcanzado en las negociaciones que la delegación de gobierno, que encabeza el canciller Denis Moncada, sostiene con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) desde el 27 de febrero para buscar una solución a la crisis derivada de las protestas contra Ortega.

En el acuerdo de 18 puntos, vinculado a los derechos y garantías ciudadanas, el “Estado se compromete a devolver” estas libertades a los nicaragüenses, afirmó el delegado opositor Juan Sebastián Chamorro en rueda de prensa.

El documento establece que se van a “garantizar el derecho a la concentración, manifestación y movilización pública” contemplado en la Constitución, que fueron suprimidos por la policía en septiembre pasado para evitar que continuaran las marchas opositoras.

Convinieron también “revisar las cancelaciones de las personerías jurídicas” de las ONG que fueron ilegalizadas por apoyar las protestas.

Asimismo se insta a “tomar medidas necesarias para asegurar el desarme de quienes porten armas sin autorización y de quienes se organicen como grupos armados fuera” de la ley.

Chamorro explicó que este es un llamado al ejército para el “desarme de los paramilitares”.

El gobierno acordó respetar la libertad de expresión y facilitar la importación de materia prima a los medios de comunicación.

El documento no precisa sin embargo si serán liberados el papel y otros materiales que la oficina de aduana tiene bloqueados desde septiembre a los principales periódicos nacionales que tienen posturas críticas hacia el gobierno.

El ejecutivo dijo igualmente que los exiliados pueden “regresar con plenas garantías de seguridad” a Nicaragua.

La próxima semana las partes tienen previsto avanzar en la discusión de cuatro puntos pendientes, entre ellos el espinoso tema de la democratización, que incluye una reforma electoral, que contará con la asistencia de la OEA.

La oposición anunció el jueves que insistirá en su propuesta de adelantar los comicios del 2021, pese a que el gobierno, que tiene el control del parlamento para promover esta iniciativa, lo rechazó.

El diálogo está previsto que cierre el próximo 3 de abril.

Avanza proceso de liberación de opositores
En tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aceptó apoyar el proceso de liberación de quienes están presos por participar en las protestas contra el gobierno, en el marco de los acuerdos alcanzados en el diálogo.

El CICR para México y América Central confirmó su “plena disposición de facilitar el proceso de liberación” de las “personas privadas de libertad” a raíz de las protestas, indicaron el gobierno y la oposición en una declaración conjunta.

El comunicado, distribuido por la Presidencia, señala que deben entregar la lista de opositores detenidos al CICR.

Las partes invitaron al nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, y al enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, que fungen como testigos del diálogo, para que sirvan de “garantes internacionales” en la liberación de los presos, cuya fecha de salida no se ha definido.

El gobierno anunció el 20 de marzo que liberará a todos los opositores en un plazo máximo de 90 días, pero las partes informaron que aún falta definir el procedimiento y firmar un “protocolo de garantías de seguridad”.

El gobierno se comprometió a cerrar mediante un acuerdo las causas judiciales contra “los imputados o acusados no detenidos, ausentes o en rebeldía vinculados a opositores que están clandestinos o exiliados”, indica el texto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza 647 opositores detenidos desde que estallaron las protestas en abril pasado contra el gobierno de Ortega, cuya represión dejó 325 muertos y más de 50.000 exiliados por amenaza de muerte o encarcelamiento.

Por su lado, la Comisión de la Verdad y la Justicia de Nicaragua, creada por el parlamento para investigar la violencia en las protestas, indicó esta semana que tienen información solo de 261 opositores presos de la lista de 647 reportados por la CIDH.

Según esta comisión, de las 386 personas restantes que menciona la CIDH, 152 han sido puestas en libertad, 61 no están vinculadas a las protestas, 54 no saben quiénes son, 112 no están en ningún centro carcelario y 7 nombres están duplicados.

Ortega, un exguerrillero que gobierna desde 2007, aceptó en febrero volver a la mesa de diálogo con la oposición para resolver la crisis que vive Nicaragua como consecuencia de la represión a las protestas y ante las amenazas de sanciones internacionales.
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La “sentada nacional”, es la nueva forma de protesta que harán mañana sábado

Lucia Navas
Hoy
29 de Marzo 2019

“Organizarse en grupos, elegir lugares públicos, sentarse en el piso y entonar la canción Nicaragua, Nicaragüita”, dijo Jesús Tefel, del Consejo Político de la UNAB

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) convocó a los nicaragüenses a participar de una “sentada nacional” como parte de una jornada de movilización en el país para elevar la presión al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La UNAB hizo la invitación a la población durante una conferencia de prensa para que mañana sábado se movilicen en grupos y entre las 2:00 y 4:00 de la tarde entonen la canción Nicaragua, Nicaragüita.

“Organizarse en grupos, elegir lugares públicos, sentarse en el piso y entonar la canción Nicaragua, Nicaragüita. Instamos a la población a hacerlo de manera breve para exponerse lo necesario”, invitó Jesús Tefel, del Consejo Político de la UNAB.

El Consejo Político, que fue formado recientemente por sus miembros, asegura que la población ha demostrado que no está dispuesta a ceder en su derecho a la protesta, pese a las amenazas del régimen.

“Solo la movilización de la ciudadanía ejercerá la mayor presión para que haya resultados en las negociaciones”, afirmó Ivania Álvarez, también del Comité.

La UNAB mantiene la exigencia de que se acepte a garantes internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la mesa de negociaciones que sostienen desde el pasado 27 de febrero los representantes del régimen y una delegación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que forma parte de la UNAB.

El Consejo Político rechazó que sean una agrupación partidaria, sino la representación de los familiares de víctimas de la represión, la Alianza Universitaria, profesionales, movimientos sociales, exiliados y de la Costa Caribe que desde hace más de 11 meses están en resistencia contra el régimen.

Su objetivo, sostienen, es la representación de los intereses de los autoconvocados de liberar a los presos políticos, que se devuelvan las personerías de organizaciones sociales y cese la confiscación a los medios. Así como seguir presionando a nivel nacional e internacional porque se logre que el régimen acceda en las negociaciones al adelanto de las elecciones.