Venció el plazo del acuerdo gobierno-oposición. La Unión de Presos Políticos Nicaragüenses dio por no cumplido el compromiso de Ortega de liberar a los manifestantes

“No damos por cumplido dicho acuerdo. No todas las personas presas políticas han sido liberadas, contabilizando a la fecha más de 80 en esa condición”, destacó la UPPN en un comunicado leído por el exconvicto Darwin Espinoza ante los periodistas.
La posición de la UPPN, compuesta por ex “presos políticos”, fue respaldada por- otros grupos opositores, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Alianza Cívica, que afirma que el Gobierno ha liberado 620 reos, de un total superior a los 700.



Ex presos políticos de Nicaragua dan por incumplido el acuerdo de liberación
La UPPN sostiene que quedan 89 personas en prisión cuando ha vencido el plazo comprometido

https://www.14ymedio.com/internacional/Ex-politicos-Nicaragua-cumplido-libertad_0_2677532224.html
Managua | Junio 20, 2019

(EFE).- La Unión de Presos Políticos Nicaragüense (UPPN) dio este miércoles por “no cumplido” el compromiso del Gobierno, de liberar a los manifestantes arrestados en el marco de la crisis, un día después de que se cumpliera el plazo para la llamada “liberación definitiva”.

En marzo pasado el Gobierno del presidente Daniel Ortega acordó con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que daría “libertad definitiva” a los “presos políticos” en un plazo de noventa días, que se cumplió el 18 de junio.

El Gobierno informó el martes de que los últimos considerados “presos políticos” habían sido liberados en dos grupos el lunes y el martes de la semana pasada, pero la UPPN sostiene que quedan 89 en prisión, 5 más que el último reporte de la Alianza Cívica.

La posición de la UPPN, compuesta por ex “presos políticos”, fue respaldada por otros grupos opositores, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Alianza Cívica

“No damos por cumplido dicho acuerdo. No todas las personas presas políticas han sido liberadas, contabilizando a la fecha más de 80 en esa condición”, destacó la UPPN en un comunicado leído por el exconvicto Darwin Espinoza ante los periodistas.

La posición de la UPPN, compuesta por ex “presos políticos”, fue respaldada por- otros grupos opositores, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Alianza Cívica, que afirma que el Gobierno ha liberado 620 reos, de un total superior a los 700.

La UPPN afirmó que “las personas presas políticas que han sido excarceladas siguen siendo rehenes bajo medidas cautelares, no gozan de ninguna libertad y siguen asediadas”.

Indicó que hay excarcelados que “han sido nuevamente encerrados bajo argumento de delitos comunes” y otros “fueron obligados, vía torturas, a autoinculparse por delitos comunes que no cometieron”.

“Los niveles de represión siguen aumentando bajo diferentes modalidades, incluidos el ataque a las iglesias, secuestros, torturas, asedio familiar, amenazas en redes sociales, entre otros. Todo con la venia de la Policía y en operaciones conjuntas con turbas y fuerzas paramilitares”, sostuvo la UPPN.

Adicionalmente los ex “presos políticos” rechazaron la Ley de Amnistía porque consideran que su “contenido intenta consagrar la impunidad del régimen” de Ortega.

También exigieron la libertad inmediata de los “presos políticos” que “permanecen en las mazmorras de la dictadura”, un proceso de reparación de los excarcelados, el cese de los arrestos de manifestantes, la restitución de los derechos ciudadanos, y seguridad para el retorno de los exiliados.

La UPPN se sumó “al clamor por la libertad inmediata” del opositor Marvin Vargas, calificado como el primer “preso político” de Ortega, quien, de acuerdo a organismos humanitarios, hace cinco años recibió su carta de libertad y sufre cáncer de próstata

La UPPN se sumó “al clamor por la libertad inmediata” del opositor Marvin Vargas, calificado como el primer “preso político” de Ortega, quien, de acuerdo a organismos humanitarios, hace cinco años recibió su carta de libertad y sufre cáncer de próstata, pero las autoridades le niegan la salida.

Nicaragua sufre una crisis sociopolítica que, desde abril de 2018, ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales hablan de 594 y el Gobierno admite 200.

La CIDH sostiene que el Ejecutivo de Ortega ha cometido crímenes “de lesa humanidad” en el marco de la crisis.

Además, la oposición reporta más de un centenar de personas desaparecidas o de las que no se tiene información y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha informado que 26.000 personas han decidido abandonar Nicaragua en medio de la crisis.