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El Coronavirus explota en Nicaragua
Sin embargo, apenas esta semana –la realidad es siempre más tozuda que la ideología—el mandatario nicaragüense ha tenido que admitir, a regañadientes, que, en efecto, el virus existe, el peligro de contagio es cierto y que el número de enfermos por el COVID-19 va en aumento en un país con un sistema sanitario muy débil.
Apenas el martes pasado, la ministra de Salud, Martha Reyes, había dicho que el número de contagiados había pasado de 25 a 254 en una sola semana, y que este número no era aún “preocupante”. Por su parte, los expertos en salud pública creen que la cifra de contagios es mucho mayor de la que reconoce el oficialismo.
Fuentes del Hospital Alemán –llamado, previamente, Hospital Carlos Marx—han desmentido (si no con cifras, sí con lo que está sucediendo dentro del nosocomio) al gobierno diciendo que la morgue se encuentra “colapsada” por el número de cadáveres de quienes han fallecido (seguramente) por el coronavirus.
Estrategia suicida
La estrategia seguida por Nicaragua (la del relajamiento ante la pandemia, minimizar al virus, quedarse con los brazos cruzados) solamente puede ser comparable, en la región, con la seguida por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. O en el mundo, con la estrategia de Bielorrusia.
Con la diferencia de Nicaragua está aislada y cada día más asediada por una crisis que en abril pasado cumplió dos años de existencia, con miles de ciudadanos en el exilio, sanciones comerciales de Estados Unidos, cierre de frontera con Costa Rica, y una oposición que ha sido duramente reprimida pero que está dispuesta a no dejar que Ortega siga gobernando al país como lo ha hecho en 2007.
Juan Sebastián Chamorro, lider de Alianza Cívica, la organización opositora nacida a partir de la represión ciudadana que comenzó en abril de 2018, ha dicho: “La estrategia de Daniel Ortega es simplemente no hacer nada y pretender que las cosas siguen su curso normal para no poner en peligro la economía”.
Como sucede en otros países de la zona, por ejemplo en algunos estados de México, las autoridades sanitarias han encontrado una excelente excusa en la muerte provocada por “neumonía atípica”, con la cual se puede, perfectamente, minimizar el número de muertes por coronavirus.
Lejos de la realidad
Según ha dicho a BBC Mundo un experto en epidemiología, el doctor Álvaro Ramírez, quien ha ocupado cargos públicos en Nicaragua y ahora vive en Irlanda, las cifras que presenta el gobierno de Ortega “están muy lejos de la realidad”. Y las consecuencias para el segundo país más pobre de América Latina (solo detrás de Haití ) de una pandemia ignorada, “pueden ser catastróficas”.
En un artículo publicado por El País, el escritor nicaragüense, Santiago Ramírez, hizo una definición perfecta de lo que quiere lograr la ideología sandinista manejada por el tándem en el poder: Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo: “Para demostrar que vivimos en el país más sano del mundo, y estamos obligados a ser felices por decreto. Nicaragua es una bomba de contagio”.
La ministra Reyes reconoce nueve muertes, pero los familiares de los fallecidos y la saturación de los hospitales públicos y privados, sobre todo en Managua, demuestran que la cifra es mucho mayor.
Por lo pronto, según informa el periódico La Prensa, los hospitales privados, por orden oficial, no cuentan con pruebas para saber si alguien es ingresado con COVID-19, y si muere, pues morirá de otras causas.
¿Cuántas personas han muerto en estos meses de negacionismo oficial? Nadie lo sabe. Pero los “entierros exprés” y los testimonios de los familiares de los muertos por enfermedades como la “neumonía atípica o grave inusual”, o ”insuficiencia respiratoria aguda”, diabetes e infartos, podrían ser muchas veces más que los nueve que reconoce el régimen.
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Nicaragua: prohibieron el uso de mascarillas a los médicos para no alarmar a la población; ahora muchos tienen coronavirus
Hay 154 trabajadores hospitalarios contagiados, según el Observatorio Ciudadano. Hasta hace pocos días no se autorizaba el uso de tapabocas o barbijos en hospitales, de acuerdo a denuncias expuestas por la CIDH y Amnistía Internacional
Infobae
Si la batalla contra el COVID-19 es una guerra, el gobierno de Nicaragua colocó al personal de salud en primera línea, sin armas y a pecho descubierto, en un afán inicial de aparentar normalidad y que recién ahora está empezado a rectificar, según los especialistas consultados.
“Se tomaron malas decisiones. Indudablemente. No hubo alarma. Estamos pagando las consecuencias de no haber cumplido los protocolos a cabalidad de una forma actualizada desde un inicio”, lamenta un médico nicaragüense, que sirve en un hospital público y aceptó hablar con Infobae sobre la situación del personal de salud en Nicaragua a condición de anonimato, por temor a represalias.
Las quejas anónimas son una constante en los hospitales y centros de salud de Nicaragua. “Es que como está la situación, todos dependemos de ese salario, y hablar y criticar al gobierno significa el despido inmediato”, justifica este especialista que fue jefe de área de un importante hospital de Managua.
Hasta el 20 de mayo, el Observatorio Ciudadano, una red de especialistas y voluntarios que lleva un conteo paralelo al gobierno sobre los estragos de la pandemia en Nicaragua, registraba 246 trabajadores de la salud presuntamente afectados por el COVID-19, de los cuales once fallecieron por esta misma causa. Las muertes del personal de salud corresponden, según el organismo, a tres personas de enfermería, dos administrativos, dos médicos, una visitadora médica, un laboratorista y dos categorizados como “otros”.
Según el último informe oficial, dado a conocer este martes por el Ministerio de Salud (Minsa), se han confirmado 254 casos de personas con COVID-19 en Nicaragua, de las cuales 17 han fallecido. Sin embargo, y a pesar que este último informe registró un incremento de casos de más del mil por ciento con respecto al de la semana pasada, las cifras oficiales aún están muy lejos del conteo del Observatorio, que registraba hasta este miércoles 2.323 casos y 465 muertes “por neumonía y sospechosas de Covid-19 verificadas”.
El régimen de Daniel Ortega asumió de forma relajada la amenaza del COVID-19. No se cerraron las fronteras, ni se estableció cuarentena ni se han suspendido las clases en las escuelas, y, por el contrario, se estimularon actividades de concentración masivas como marchas, ferias y eventos recreativos.
“En Nicaragua”, dice un informe de Amnistía Internacional hecho público este mes, “el gobierno ha seguido una política de poner deliberadamente en peligro a su población en el contexto de la pandemia de COVID-19 al fomentar reuniones sociales, provocar la preocupación específica y pública de la Organización Panamericana de la Salud y restar importancia a la pandemia”.
El informe destaca la exposición a la que se ha sometido al personal de salud en Nicaragua y expresa que “este país podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales contraídas en virtud de tratados, al permitir múltiples represalias, despidos y acoso a médicos/as y enfermeros/as que han exigido el uso de EPP (Equipo de Protección Personal) en centros de atención a la salud y han hecho pública su preocupación”.
En un país tan polarizado como Nicaragua, hasta el uso de mascarilla o barbijo se volvió un asunto político. Desde el lado de los simpatizantes del gobierno se estimuló la idea de que la mascarilla y el aislamiento físico, entre otras precauciones, provocaban alarma innecesaria y eran utilizados por los opositores para desestabilizar al régimen de Ortega. Incluso, en hospitales y centros de salud, se prohibió el uso de mascarillas, según denuncias de trabajadores que divulgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Sí, había un cariz político en el uso de la mascarilla”, reconoce el médico del hospital público que conversó con Infobae. “Para ellos (personas pro gobierno) el uso de la mascarilla era estar propagando divisionismo ideológico, era estar alarmando a la población, sin embargo, muchos médicos usaban la mascarilla porque son más independientes, cosa que no podían hacer el resto del personal porque son personas que están mucho más controladas por ellos”.
El debate político sobre el uso de la mascarilla terminó el mediodía del 28 de abril pasado, cuando Rosario Murillo, vicepresidente de la República y esposa de Daniel Ortega, recomendó “la distancia personal de precaución, también el uso de mascarilla”, en su tradicional alocución que se trasmite en cadena por los medios oficiales y oficialistas.
“Hasta daba risa, los mismos de Fetsalud (sindicato pro gobierno) que ayer andaban persiguiendo a los que usaban mascarillas aparecieron de un día a otro con mascarillas puestas después que la señora habló”, relata la fuente.
“En todos los hospitales, eso se lo digo con seguridad, que mucha gente que anduvo en las marchas de ¨amor en tiempos de COVID¨, que en el plan verano, y otros, sindicalistas, familiares de ellos, médicos que son jefes de servicios que eran allegados a ellos, se han infestado”, señala el médico.
Del otro lado, el doctor Nery Olivas, quien atiende en un hospital privado, asegura que “no es que se haya prohibido el uso de la mascarilla, sino que como no conocemos la enfermedad, la gente cree que no se va a infestar y hasta que comienzan a ver los casos es que uno se protege”.
Defiende la respuesta del gobierno de Ortega como “adecuada dentro de la medida que le corresponde a un país pobre”. Reconoce que, si bien hubo marchas y actividades de concentración masiva promovidas por el gobierno, en las que participó personal de salud, estas se dieron “cuando había como dos casos”.
“No basta el confinamiento. Estamos más bien promoviendo que personas sanas estén en cuarentena y eso no funciona, como en El Salvador donde fue al revés: pusieron gente enferma junto con gente sana y se enfermaron más”, dice Olivas.
“Lo que sucede es que la gente no ve los canales oficialistas, pero desde enero se está promoviendo que se laven las manos y que se evite el contacto con personas”, señaló Olivas.
La fuente del hospital público reconoce que “los protocolos han mejorado” en los últimos días, cuando, según los especialistas en epidemiología, Nicaragua entró a la fase de expansión del virus. Ya se permite el uso de mascarillas en hospitales, aunque el personal de salud debe comprárselas con su propio dinero, dice el médico.
“Inicialmente estuvieron metiendo a los pacientes respiratorios, cuando ya estaba la pandemia en Nicaragua, los estuvieron metiendo a salas comunes. Y esa es la causa del contagio de muchos especialistas en hospitales como el Alemán, el Manolo Morales y los hospitales regionales. Cuando explotó esto, y aunque ellos no daban a conocer los datos, pero los médicos nos dábamos cuenta, comenzaron a hacer los servicios (salas) de respiratorios. Era tarde ya”, señala.
Dice que, aunque el Ministerio de Salud ha reconocido implícitamente algunos de sus errores, las respuestas siguen siendo erráticas y cambiantes. “Ellos están apagando fuegos, pero no hay un plan organizado. No es posible que en todos los hospitales del país continúen los pacientes de consulta externa llegando como que no hay nada y sin protección. Hay pacientes que están infestados en área respiratoria y los sacan a hacer estudios a áreas de rayos X o áreas de tomografía o a hacerse procedimientos invasivos a las áreas comunes. Es una bomba de tiempo lo que estamos pasando”.