La crisis política actual en Perú se origina en una polarización que es azuzada por dos ramas de la élite política, las que han sobrevivido a la desaparición de Peruanos por el Kambio (partido que ganara la elección presidencial en el 2016) y a la pérdida de peso político del fujimorismo (Fuerza Popular pasó de 73 escaños en el Legislativo elegido en el 2016 a 13 en el elegido de manera extraordinaria para completar el periodo 2020-2021). Ante la ausencia de partidos que organicen la competencia política, los protagonistas de la crisis permanente son dos “tribus” o familias políticas, articuladas sobre la base de premisas ideológicas y principios valóricos: conservadores o progresistas.

La familia conservadora ha ocupado oportunistamente el poder ante la vacancia presidencial declarada al mandatario reemplazante Martín Vizcarra (quien como vicepresidente asumió la máxima autoridad estatal luego de la renuncia del presidente elegido Pedro Pablo Kuczynski en el 2018). Se trata de una red informal de políticos profesionales y tecnócratas trajinados, procedentes de una casta política tradicional que comparte valores sociales conservadores (en temas sociales como educación y salud) y un estilo jerárquico en la administración pública. Programáticamente están inclinados hacia la derecha y han forjado vínculos con sectores católicos conservadores y militares reaccionarios. La mayoría de ellos han ocupado cargos de responsabilidad pública principalmente durante el gobierno de Alan García (2006-2011). En los últimos años, sus figuras más visibles se han manifestado públicamente a través de comunicados que firman como “Coordinadora Republicana”.

La familia progresista, por su parte, se opone a la anterior. Está conformada por políticos de izquierda, funcionarios de centros no-gubernamentales, líderes de opinión en medios influyentes, académicos que comparten banderas sociales liberales (desde el respeto a las identidades sexuales hasta la reforma universitaria) y dominan la narrativa de la lucha anticorrupción (desde ONG especializadas en el tema). La mayoría de los integrantes de esta tribu accedió a cargos importantes durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y recientemente con Martín Vizcarra (2018-2020). En los últimos años, han construido vínculos con funcionarios del sistema judicial y son influyentes en redes internacionales gracias a sus contactos con la cooperación, el sistema internacional de derechos humanos y redes internacionales de organismos de sociedad civil.

Ambas tribus luchan por acceder al poder, incluso en contextos no electorales. El propio enfrentamiento entre ellas ha privilegiado la conveniencia a la institucionalidad política. No ha habido voluntad de los actores para conducir las reglas de juego vigentes para promover la estabilidad, sino el empleo de aquellas para confrontar. Así han terminado pareciéndose en ciertas pautas de comportamiento. Primero, interpretan las normas constitucionales con altos grados de arbitrariedad. Los progresistas avalaron la “negación fáctica” de la Confianza al Consejo de Ministros que precipitó el cierre del Congreso por Martín Vizcarra, en setiembre de 2019; los conservadores endosan la causal de “incapacidad moral” con que procedió el Congreso para destituir a Vizcarra en noviembre del 2020. Consecuentemente, emplean fácilmente la nomenclatura de “golpe de Estado” para cuestionar el escenario en el que resultan perdedores. Ninguna de las partes sostiene que las irregularidades subyacentes a ambos derrumbes institucionales (del Legislativo primero y del Ejecutivo después) son igual de perjudiciales para la institucionalidad democrática. Esto, porque se alinean en bandos irreconciliables y así estigmatizan al oponente en términos éticos, empleando un glosario denostador (“gangsters de la política”, “mafias”, “golpistas”, etc).

Esta polarización no se instalaría tan fácilmente en la sociedad, si no viviésemos el apogeo del maniqueísmo discursivo a nivel global: “buenos” versus “malos”. Siendo así, la verdad pierde valor en sí misma, y solo funciona aquella narrativa que gana el estatus de superioridad moral. En este sentido, el discurso de la lucha contra la corrupción ha sido objeto de pugna, aunque el bando progresista cuenta con más recursos para explotarlo favorablemente. Ha impuesto su “verdad”, a pesar de sujetarse en contradicciones. Por ejemplo, pese a su defensa “principista” de los derechos fundamentales, no reclamaron por la falta de presunción de inocencia de políticos confinados a prisiones preventivas de hasta tres años, porque éstos pertenecían al campo ideológico rival. Este tipo de polarización ideológica entre las élites resiente el valor de la verdad de los hechos y relativiza la corrupción. Por eso ambos bandos toleran las sospechas de corrupción entre los cercanos programáticamente, mientras sancionan máximamente a los de la orilla contrario.

Al imponer su narrativa, la tribu progresista ganó la calle. La indignación dormida despertó en un sector importante de la ciudadanía ante la asunción del poder del gobierno interino de Manuel Merino, hasta entonces presidente del Congreso 2020-2021, elegido por el partido Acción Popular. Existía en la sociedad peruana un malestar acumulado de tanta inestabilidad política que no toleró una crisis política más. Sin dudas, este es el motor de la protesta. Seguramente se suman también el descontento producido por la pésima gestión sanitaria y económica durante la pandemia, como sostienen los voceros del gobierno interino, pero estas causas las considero menores, quizás complementarias. Al respecto, el sector progresista ha elaborado una narrativa para desprestigiar al gobierno interino, señalando que se trata de una “coalición vacadora” (sic) que busca postergar las elecciones, pues en realidad son “mafias” las que han tomado el poder. Al punto, señala el discurso progresista, de dañar el equilibrio de poderes de la democracia peruana y producto de acuerdos “dictatoriales” que llevarían a la liberación del sentenciado por rebelión Antauro Humala, líder de una de las bancadas que facilitó la salida de Vizcarra.

En esta historia, se ha eximido de máxima responsabilidad a la administración de Vizcarra de la gestión de la pandemia del Covid-19, aduciendo la histórica debilidad del Estado peruano. Este mismo guión consideraba precisamente la pandemia una de las razones para no proceder con un cambio de gobierno que altere las políticas públicas respectivas.

El gobierno interino, en sus primeros días, ha reaccionado a las imputaciones. En primer lugar, mediante su primer Decreto Supremo ha confirmado el calendario electoral, y el premier Ántero Flores-Aráoz y la ministra de Justicia Delia Muñoz han rechazado la amnistía a Humala. El nuevo ministro de Salud, Abel Salinas, ha anunciado correctivos en la detección de contagios del Covid-19 (el empleo de pruebas moleculares y no “rápidas” para este fin). Sin embargo, no gozan de credibilidad ante la opinión pública. Los emisarios no convencen con sus mensajes, aunque algunos de estos busquen espantar fantasmas. De hecho, corren el riesgo de no mantenerse en el poder, porque cuando tengan que solicitar la Confianza del Pleno congresal, éste podría no otorgársela. Y esto último, porque la composición del gabinete Flores-Aráoz no terminó siendo la consagración de una “repartija” (un acuerdo de la supuesta “coalición vacadora” o destituyente), sino el resultado de una combinación azarosa de congresistas con intereses particulares (algunos, sin duda, con negocios turbios) y de representantes amateurs, dominados por la ingenuidad (absolutos debutantes políticos que se estrenan en el Congreso Nacional). De hecho, varios congresistas “vacadores” (sic) ya se sienten “traicionados” por la conformación conservadora del gabinete y han anunciado su voto en contra de dicha confianza; incluso, han salido a las calles a protestar.

Mientras la tribu conservadora ha tenido los recursos para un triunfo político temporal, la progresista tiene los recursos para un triunfo moral. En tiempos de necesidades morales insatisfechas, la calle es el combustible requerido para tentar también la victoria política. Sin embargo, la conexión entre la tribu progresista y la indignación ciudadana movilizada es absolutamente narrativa. La calle no tiene dueño político porque se basa en sentimientos anti-establishment, sin un norte político más allá de la renuncia de Merino. El eje de la cultura política peruana del “no sé que quiero, pero sé lo que no quiero” ha llegado a su máxima expresión. Pero precisamente para llegar a una salida, se requiere de un pacto político entre las dos élites enfrentadas. Y en este paso, la ausencia de partidos políticos pasa factura.

Ante un escenario similar, las coaliciones partidarias chilenas lograron acordar un referéndum constituyente para amortiguar, en algo, el estallido social. En parte, el paulatino acercamiento programático entre ellas y los modales institucionales de sus cuadros, permitieron encausar –al menos temporalmente- la furia movilizada. En Perú, las tribus ideológicas tienden a seguir azuzando la polarización, reproduciendo la inestabilidad ad infinitum. La familia conservadora apela al cansancio de la movilización social; la progresista, a la sucesión de una ola de movilizaciones que alcance el nivel de las que antecedieron la caída de Alberto Fujimori en el 2000. Es así que, en lo único que están de acuerdo los operadores de la polarización es que la calle decidirá.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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Habla el Pueblo: «¡Fuera Merino!»

Caretas

 

¿Por qué nadie quiere en el poder a Manuel Merino? ¿Cuáles serían las razones detrás de la brutal represión policial a manifestantes y periodistas en las marchas del martes y jueves pasados? ¿Merino indultará a Antauro Humala para complacer a sus socios políticos? El pueblo alzó su voz.

1

Manuel Merino, el actual presidente de la República, debe ser en estos momentos una de las personas más repudiadas del país. La impresión se transforma en certeza tras los ecos que viene generando su arribo al poder después de la destitución de Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”.

CARETAS y otros medios han registrado y comprobado cada una de los pasos tomados por Merino y sus socios para conseguir el poder mayor de la República. Lo vimos el pasado 10 de setiembre, durante el primer intento de vacancia, cuando Merino, siendo presidente del Congreso, por lo bajo y demostrando sinuosidad ética (que a pocos sorprendió, dicho sea), llamó a las más altas autoridades militares del país para sondear la posición de los mismos en cuanto a una posible vacancia del cuestionado expresidente Vizcarra.

Puesto en evidencia, Merino negó la obviedad de su propósito y afinó más su logística con su socio mayor Edgar Alarcón, joyita congresal con serias acusaciones de corrupción en el aparato estatal, su protegido político al que blindó con un presupuestado silencio cada vez que se le hacía llegar la pregunta de por qué no abordaba su situación con el mismo rigor con el que apoyaba la vacancia contra un Vizcarra cada vez más disminuido políticamente.

La misión de Merino en el Congreso estuvo concentrada en preparar un escenario para dos actos una vez conseguida la presidencia: indultar a Antauro Humala para que pueda postular en las próximas elecciones generales y, con la garantía política de jefe de Estado, dejar que los congresistas ligados a los suculentos intereses económicos de las universidades bamba dinamiten los avances conseguidos en favor de la Reforma Universitaria. Dicho y hecho: ya el dueño de Unión Por el Perú al que pertenece Alarcón, José Vega Antonio, ha declarado que la liberación de Humala está en curso, además, lo primero que hizo el Congreso en la era Merino, bajo la capitanía de Luis Valdez (de Alianza Para el Progreso de César Acuña, cuyo partido tiene una fijación especial en la Reforma Universitaria), fue anunciar la discusión de la creación de más universidades bamba.

Merino ha manifestado en más de una ocasión que no sintoniza con la corrupción. Sin embargo, sus acciones han demostrado que su lucha contra este lastre exhibe una parcialidad incuestionable que se fundamenta en dos potenciales especulaciones: o no se ha dado cuenta de la incoherencia entre su discurso y sus acciones, o es que es tan corrupto que ha arribado a un estado de no-tiempo y no-lugar.

2

La marcha del jueves 12 proyectó las convicciones de todos sus participantes. Una de ellas relacionada con el ánimo de la protesta, que en ningún aspecto es un apoyo a Vizcarra, sino a una forma de hacer política de la que la población ya se cansó. Para muchos peruanos, Merino era un don nadie que de la noche a la mañana obtiene protagonismo en el Congreso sirviendo a los propósitos de los nefastos grupos de poder con importante representación congresal. Y para la totalidad de peruanos está muy claro que su prioridad jamás fue combatir la pandemia de la COVID-19 que ha dinamitado la economía del país, sino conseguir a como dé lugar la destitución de un presidente al que solo le faltaban pocos meses para dejar el poder y cuyo destino probablemente sea la cárcel.

No hay peruano que no se haya visto avasallado por la pandemia. No hay peruano que no espere un comportamiento eficiente de sus instituciones estatales ante esta tragedia histórica. Si Merino ya venía siendo cuestionado por su sinuoso liderazgo congresal, sus últimos movimientos desde el Ejecutivo reafirman la informalidad con la está asumiendo la conducción del país. A menos que Merino simbolice un milagro que está pasando desapercibido para el mundo entero y sea el único que no se haya visto afectado por la pandemia.

Desde la lejanía o la cercanía de la presente lectura del país, lo de Merino es indefendible. Merino no ha brindado ninguna posibilidad de tregua porque siendo congresista y ahora presidente no ha podido desmarcarse de la corrupción a la que parece estar sirviendo como títere transitorio. Esperemos que Merino se percate de que la marcha del jueves no solo se dio en las inmediaciones del Centro Histórico, sino en todo el país. Incluso se apreció un fenómeno que no recuerdan en tiempo los hombres y las mujeres en edad venerable: también hubo marchas contra Merino en los distritos (San Borja, Pueblo Libre y Miraflores). ¿Si eso para Merino no es rechazo total, qué es? Como señalamos líneas atrás, para la gran mayoría de peruanos Merino es un don nadie que entró colgándose del estribo al actual Congreso. 

Hay que constatar que el rechazo no solo es local, sino también internacional. Ningún jefe de Estado se atrevería a saludar a Merino en estas grises circunstancias. Son tan grises las circunstancias que ni siquiera sirve el amparo formal mediante el cual se sentó en el sillón presidencial. Y ya hemos visto por estas tierras a los que lo han saludado, tras su juramentación del último martes 10, personajes que no conforman lo más impoluto de nuestra casta política, incluso se le ve sonriente con un alcalde distrital denunciado por su esposa por maltrato, caso que CARETAS trató el pasado 17 de agosto. El rechazo a Merino es brutal. Ha sido desacreditado por su propio partido Acción Popular y por uno de sus líderes históricos, el político y médico Uriel García Cáceres, quien señaló a CARETAS que “el Congreso ha dado un golpe de Estado. La manera en cómo Manuel Merino ha llegado a la Presidencia no guarda correspondencia con la política y doctrina de Acción Popular. Belaúnde nunca hubiera apañado una situación como la que estamos viviendo. Esto es una vergüenza”.

3

El equipo de CARETAS ingresó a la médula de la marcha del jueves 12. Aunque previamente recorrió las inmediaciones de la Plaza San Martín, de donde se recogieron declaraciones de los dueños y empleados de los negocios que se ven perjudicados porque deben cerrarlos. La incomodidad por cerrar no da lugar a cuestionamiento, mas es necesario subrayar que todos estaban de acuerdo con la razón que justifica la marcha. “Merino es, con el perdón de las ratas, una rata sinvergüenza”, es la única expresión aceptable que puede registrar esta nota. También consignemos la preocupación que une a los venezolanos en Perú, ya que lo que está pasando les recuerda a cómo vieron explotar su aparato democrático a cuenta de la dictadura chavista. “Esto está mal, está muy bien que el país se indigne y salga a las calles, que a Perú no le pase lo que a nosotros”, dijo Carolina, una joven caraqueña que se gana la vida vendiendo agua mineral.

Los que hemos pasado la mitad de la treintena no podemos dejar de recordar que desde la lucha contra la dictadura de Alberto Fujimori a fines de los 90, no hemos sido partícipes de un solo sentimiento de unidad como el de los últimos días, sin importar credos ni preferencias políticas. Informado de esta impresión, el congresista Gino Costa le dijo a CARETAS, en medio de los generalizados abucheos a Richard Swing que desafió al sentido común al presentarse en la aglomeración de indignados, que “en estos momentos no interesa de qué lado político e ideológico estás, todas estas personas aquí y desde sus casas están por el Perú, condenando a la corrupción que pretende apoderarse del país y no lo vamos a permitir”.

Costa, testigo de primera fila de la función de la película de terror producida por el Congreso, manifiesta también una satisfacción al ver “la presencia de muchos jóvenes, de ciudadanos con conciencia democrática que no quieren dejar al país en manos de los golpistas, que busca modificar el programa electoral, elegir un TC a medida del Congreso golpista, revertir la Reforma Universitaria, desaparecer la Sunedu y frenar las investigaciones de corrupción en el país. Todo esto está en juego. Aquí todos están a favor de la bandera democrática, por eso muchos están usando una camiseta peruana, aquí no hay diferencias, sino unidad absoluta por el país”

En sintonía con la opinión del congresista Costa, el compromiso de la ciudadanía también se vio reflejado en la formación de colectivos para actuar inmediatamente durante las horas que duren las protestas. Este es el caso de Liga Médica Lima, conformado por profesionales de la salud de distintas universidades que tienen la función de brindar atención a los manifestantes que resulten heridos. CARETAS los ubica en los arcos de la plaza mientras se encuentran marcando el espacio que usarán y extendiendo una bandera peruana. “Lo que viene pasando nos duele a todos, partiendo de este sentir es que comenzamos a organizarnos para ver en qué manera podíamos ayudar. Vamos a estar también en las marchas que vayan a hacerse en otros distritos”, señala Andrea Salcedo, integrante del colectivo.

La presencia de colectivos como Liga Médica Lima es la consecuencia de un síntoma protagónico en las marchas de esta semana. La represión a los manifestantes y periodistas por parte de las fuerzas del orden fue no menos que brutal. Sería absorbente y redundante pasar revista al despliegue de violencia ejercido durante estos días, pero cuando se creía que la jornada del jueves estaría marcada por la tranquilidad, una chispa de estupidez en el cruce de las avenidas Abancay con Piérola encendió el enfrentamiento entre policías y manifestantes.

En sintonía con la opinión del congresista Costa, el compromiso de la ciudadanía también se vio reflejado en la formación de colectivos para actuar inmediatamente durante las horas que duren las protestas. Este es el caso de Liga Médica Lima, conformado por profesionales de la salud de distintas universidades que tienen la función de brindar atención a los manifestantes que resulten heridos. CARETAS los ubica en los arcos de la plaza mientras se encuentran marcando el espacio que usarán y extendiendo una bandera peruana. “Lo que viene pasando nos duele a todos, partiendo de este sentir es que comenzamos a organizarnos para ver en qué manera podíamos ayudar. Vamos a estar también en las marchas que vayan a hacerse en otros distritos”, señala Andrea Salcedo, integrante del colectivo.

La presencia de colectivos como Liga Médica Lima es la consecuencia de un síntoma protagónico en las marchas de esta semana. La represión a los manifestantes y periodistas por parte de las fuerzas del orden fue no menos que brutal. Sería absorbente y redundante pasar revista al despliegue de violencia ejercido durante estos días, pero cuando se creía que la jornada del jueves estaría marcada por la tranquilidad, una chispa de estupidez en el cruce de las avenidas Abancay con Piérola encendió el enfrentamiento entre policías y manifestantes.

4

El comunicado oficial de la PNP sobre su uso de la violencia en la noche del jueves 12 miente en cada uno de sus puntos. En uno de ellos señala que no hubo participación de los oficiales del Grupo Terna, cuando era evidente que circulaban entre los bloques de la aglomeración, como también era evidente que había gente belicosa fácilmente detectable. Se entiende que la función de estos oficiales es acorralar a los generadores de disturbio y no dejarlos “laborar”. La PNP sabía por Inteligencia que habría barristas de distintos equipos en aquella jornada (como también de la propaganda que venían repartiendo los etnocaceristas en mercados emblemáticos de Ate Vitarte) y tuvo el tiempo suficiente para llevar a cabo una estrategia que garantice la seguridad de los manifestantes.

Si el plan era dispersar a los manifestantes en dirección a la plaza San Martín, cuesta entender por qué los oficiales disparaban perdigones y lanzaban las bombas lacrimógenas hacia espacios cercados, obligando a cientos de personas a huir hacia el cruce de los jirones Azángaro y Apurímac, frente al Parque de la Cultura. Los oficiales de los cercos tenían órdenes de no dejar pasar a nadie, en especial por Azángaro, de donde hay más de una opción para llegar al Congreso.

Muchos estuvieron a punto de morir aplastados, desesperados por los perdigones, el gas y las piedras. Fue tan mal hecha la estrategia que por muchos minutos manifestantes y periodistas estuvieron en medio de un fuego cruzado entre policías y los identificados “manifestantes exaltados” que burlaron a los ternas. Eso prefiero pensar, que se trató de una irresponsabilidad, de un descuido, de un lapsus logístico, y no de un factor presupuestado que justifique el uso desmedido de la fuerza. La misma impresión “hay” que tener con la presencia de etnocaceristas en distritos populosos, no porque esté mal hacer propaganda, sino porque son conocidos agitadores que deben estar bajo la vigilancia permanente de la PNP, ¿o no saben de la omnipotencia de un emoticon positivo de WhattsApp enviado desde la cárcel? Es preferible pensar que estamos ante un descuido de logística y no ante un solapado plan de entrenamiento de las fuerzas del orden de cara a un futuro agitado si en caso Merino indulte a Antauro Humala.

En la historia de la PNP hay una sombra que calza a la perfección con lo acaecido el último jueves. El 24 de mayo de 1964 ocurrió una tragedia en el Estadio Nacional, en la que fallecieron 328 personas (según cifra oficial). En el coloso las selecciones juveniles de Perú y Argentina definían la clasificación a las Olimpiadas de Tokyo de dicho año. Una discutida decisión del árbitro uruguayo Ángel Pazos, que anuló el gol de empate peruano, desencadenó la furia tribunera. La policía reaccionó con excesiva violencia y lanzó bombas lacrimógenas a las tribunas, pero las puertas de la tribuna norte estaban cerradas, lo que propició que hombres, mujeres y niños murieran aplastados y asfixiados. ¿A qué se debió la excesiva violencia policial en aquella tarde nefasta? La policía ya venía siendo advertida de posibles manifestaciones e insurgencias comunistas, con adeptos con formación militar, tal y como era la marca de aquellos años de guerrillas en la región. La policía se preparó con lo más selecto de su acervo logístico para combatir lo que consideraban una amenaza a la sociedad. Sobre los pormenores de esta tragedia, Jorge Salazar, escritor y periodista de CARETAS, publicó un clásico llamado La ópera de los fantasmas.

Uno de los puntos que están siendo discutidos a razón de las últimas protestas es el desmedido uso de la fuerza de la PNP. Con los avances tecnológicos de hoy, la PNP debería identificar a los blancos catalizadores de disturbios y no meter en el mismo saco represivo a los manifestantes y periodistas. Resulta complicado asimilar tantas torpezas que contradicen la labor esforzada y efectiva de la PNP en su lucha contra la delincuencia y el crimen. Y menos se puede aceptar la mentira de su comunicado oficial cuando han quedado registrados no pocas muestras de su uso desmedido de la fuerza.

¿Acaso la PNP anda alerta a las posibles consecuencias sociales que generaría un posible indulto a Humala, preso por la muerte de 4 policías en el Andahuaylazo de 2005, lo que desmoralizaría e indignaría a sus filas? Los hechos vistos y vividos en las protestas de la semana avalan esta hipótesis que la PNP debería tener en agenda y hacer las medidas correctivas porque es axiomático que no es lo mismo un manifestante que un agitador entrenado dispuesto a usar una protesta como medio para sus ocultos intereses (suscitar descontrol social para preparar un discurso castrense de orden).

Todo este desastre social e institucional conduce a Merino. Merino no brinda la más mínima confianza en la población que ha salido a las calles a decirle que no lo quiere en el poder, por la sencilla razón de que en sus acciones y discursos están representados lo que más desprecia, y más cuando se le ha visto defenderse de los cuestionamientos y no enfocarse en la crisis sanitaria que ha destrozado las economías de todos los peruanos. ¿Merino apoyará al Equipo Especial de la Fiscalía que investiga actos de corrupción que alcanza incluso a su círculo político cercano? ¿Ya dio a conocer qué medidas tomará en la guerra contra la pandemia de la COVID-19? ¿Es cierto que la designación de Fernando D´Alessio en el ministerio de Educación tiene como objetivo deshacer los avances que con sacrificio se han realizado en materia educativa? ¿Indultará a Antauro Humala y de esta forma cumplir el deseo abierto de sus socios Alarcón y José Vega?

Merino no representa a ningún peruano de a pie, ni hace el esfuerzo por reunir los requisitos esenciales que se esperan de la máxima autoridad de un país que atraviesa el peor momento de su historia. 

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Antauro Humala: El líder antisistema de la política peruana

 

La Tercera

Hace 10 horas

El nombre del hermano menor del expresidente peruano Ollanta Humala ha vuelto a resurgir en medio de la crisis que vive Perú. Sus aliados podrían exigir su indulto a cambio de los votos que le costaron la Presidencia a Vizcarra. Antauro, en la cárcel desde 2005, tiene un discurso radical y populista.