La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) rechazó el proyecto de Ley de consulta previa que debe aprobar la Asamblea Nacional de ese país.

“Rechazamos rotundamente el proyecto de Ley de consulta previa, libre e informada (…) porque se están violentando derechos al desconocer la postura de los pueblos y nacionalidades indígenas”, dijo el presidente de la Confeniae, Marlon Vargas, en rueda de prensa.

A su vez, Vargas exigió que el poder legislativo detenga el trámite de dicha normativa hasta que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie sobre una acción presentada —hace un año— contra el Estado por incumplir tres puntos de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del pueblo kichwa de Sarayaku, en 2012.

El principal incumplimiento tiene que ver con el retiro de unos 150 kilogramos de pentolita enterrados en más de 400 puntos del territorio de Sarayaku, en un área de 20 kilómetros cuadrados.

En 1996, la petrolera argentina Compañía General de Combustibles obtuvo del Estado ecuatoriano la licencia para desarrollar un bloque petrolero en territorio Sarayaku.

En 2012, la CIDH declaró al Estado ecuatoriano responsable de haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad de esa comunidad, pues en la fase de exploración petrolera del bloque se sembró en su territorio la pentolita.

En dicha ocasión la CIDH dio a Ecuador un máximo de tres años para retirarla, pero esa disposición no se ha cumplido hasta el momento.

La corte internacional también ordenó al Estado pedir disculpas públicas e indemnizar con 1,4 millones de dólares a la comunidad, puntos que se cumplieron en 2014.

En la misma rueda de prensa, Álex Lucitante, defensor de derechos humanos de la nacionalidad Ai’Kofan de la provincia del Napo (noreste), urgió a la CC para que emita fallos sobre varios casos de vulneraciones al derecho a la consulta previa en territorios de las nacionalidades Waorani y Sinangoe.

Estas comunidades habitan en Pastaza y en la provincia de Zamora Chinchipe (este).

Lucitante anticipó que los pueblos y nacionalidades de la Amazonía desconocerán la Ley de consulta previa si es aprobada, dado que no se ha tomado en cuenta su visión.

“Nosotros tenemos que ser los que impulsemos y definamos su contenido”, apuntó.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, respaldó la posición de la Confeniae, señalando que el parlamento ha perdido la confianza ciudadana.

También advirtió que la Conaie impondrá la justicia indígena ante cualquier apoyo, por parte de dirigentes de las comunidades, a eventuales consultas previas impulsadas por el Gobierno nacional dentro de los territorios de las nacionalidades.

“El Gobierno y las transnacionales siempre han pretendido dividirnos, comprar conciencias, eso no lo vamos a permitir; y si algún dirigente hace eso será sancionado de acuerdo con la justicia indígena dentro de nuestros territorios”, previno Vargas.

De acuerdo con disposiciones de la CC, la Asamblea Nacional tiene plazo hasta el 13 de diciembre para pronunciarse sobre la Ley de Consulta Previa.