Las amenazas de los militares se han cumplido hoy, 1 de febrero, y la actual presidenta junto con su equipo y activistas del país han sido detenidos. Un general acusado de genocidio por la ONU es el nuevo dirigente de Myanmar.

 

El general Min Aung Hlaing ha recibido todo el poder durante el próximo año tras un golpe de Estado anunciado por televisión en la mañana del lunes 1 de febrero, en Myanmar. Las fuerzas armadas han detenido a Aung San Suu Kyi quien, como líder de la Liga Nacional para la Democracia, arrasó en las elecciones de noviembre con el 58,6% del voto. El golpe se ha llevado a cabo en la semana que debía iniciarse la actividad legislativa en el Parlamento.

Los militares han decidido impugnar los resultados de esa votación, que califican como fraude. La semana pasada, la comisión electoral de Myanmar rechazó oficialmente las acusaciones de fraude de los militares como infundadas. En las primeras horas del lunes, el ejército ha cortado las principales vías de comunicación del país, en la capital Naipyidó y en Rangún, la ciudad más poblada del país. También se ha provocado el apagón de las comunicaciones, tanto TV nacionales e internacionales, como internet.

La agencia de Naciones Unidas ha hablado de un golpe a la democracia y desde Myanmar llegan reportes de detenciones masivas de activistas políticos y defensores de derechos humanos. Ming Yu Hah, director regional de campañas de Amnistía Internacional, exige al ejército de Myanmar que justifique las detenciones en base a la legislación internacional, que de no hacerlo los ponga en libertad, que confirme el paradero de los detenidos y les permita acceso a atención médica. “Este es un momento siniestro para la gente de Myanmar y amenaza con un grave empeoramiento de la represión militar y la impunidad”, denuncia esta agencia con sede en Londres.

Ming Yu Hah, denuncia además el corte informativo que vive Myanmar en las últimas horas. “Los informes sobre un apagón de telecomunicaciones representan una amenaza adicional para la población en un momento tan volátil, especialmente cuando Myanmar lucha contra una pandemia y el conflicto interno contra grupos armados pone a la población civil en peligro en varias partes del país. Es vital que se reanuden inmediatamente los servicios completos de teléfono e internet”.

El golpe llega tras cinco años de Aung San Suu Kyi como jefa de Gobierno. Un periodo marcado por la suspicacia del estamento militar hacia la Premio Nóbel de la Paz, quien desde su posición ha mostrado connivencia con el exterminio de la etnia rohingya.

En una declaración atribuida a Aung San Suu Kyi, que se encuentra incomunicada, la líder birmana ha instado “a la gente a no aceptar esto, a responder y de todo corazón a protestar contra el golpe de Estado”.

La comunidad política occidental ha condenado un golpe que se produce escasos días después de la asunción de Joseph Biden de la presidencia de Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken y el secretario general de la ONU, António Guterres, han denunciado el golpe militar y exigido que se ponga en libertad a los detenidos. Desde China, país que tiene frontera con Myanmar, la condena ha sido menos rotunda. El ministro de Exteriores ha confiado en que su “país amigo” mantenga “la estabilidad política y social“.

Min Aung Hlaing, el general más poderoso del país, ya había advertido en las semanas previas de que el ejército podía facultarse en la Constitución de 2008, en concreto en el artículo 417, para llevar a cabo un golpe como el que ha tenido lugar este 1 de febrero. La Carta Magna es el resultado de la intervención directa de los militares, en el poder tras un golpe llevado a cabo en 1962 por una Junta Militar que operó con diferentes nombres hasta marzo de 2011. El ejército se aseguró tres Ministerios y el 25% de los diputados antes de promulgar la Constitución de 2008.

La voz de Aung San Suu Kyi, hija de Aung San, el general prócer de la independencia de la antigua Burma, posteriormente Birmania, asesinado en 1947, fue reconocida con el Nobel de la Paz en 1991 por su oposición pacífica al gobierno de la Junta Militar. La opositora pasó 15 de los 21 años entre 1989 y 2010 en arresto domiciliario. Su victoria en 2016 pareció reencauzar la historia de su país, pero su consentimiento tácito de los migrados rohingya, le ha restado apoyos internacionales. La ONU le ha acusado de favorecer el odio racial y de destruir documentos que prueban los asesinatos masivos contra la etnia rohingya. Eso no fue óbice para que consolidase su victoria de 2016 en las elecciones de noviembre, en las que la única irregularidad constatada por la comunidad internacional fue que se prohibió el voto a personas de origen rohingya con derecho a sufragio.

Min Aung Hlaing, quien se ha asegurado el poder durante un estado de excepción de un año, es el general responsable de la limpieza étnica contra los rohingya. En agosto de 2018, Naciones Unidas señaló a Hlaing y otros militares de alta graduación por dar la orden de asesinatos en masa y violaciones en grupo, e instó a que se les juzgara por ello en el Tribunal Internacional de La Haya.