Las elecciones de este 4 de mayo en Madrid no eligen si uno puede o no encontrarse con su ex. Tampoco si la comunidad cae en un régimen comunista o preserva la libertad, ni si quedará presa del fascismo, como dicen los lemas electorales. Los 5.112.780 madrileños llamados a votar en estos comicios autonómicos deciden entre dos modelos de gestión de lo público —el conservador de PP, Cs y Vox; y el progresista de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos— y, a grandes rasgos, entre dos ideas de sociedad. Tras 26 años de gobiernos ininterrumpidos del PP, las urnas dirimen continuidad o cambio. Aunque dentro de dos años volverán a ser llamados a votar, la elección de los madrileños es decisiva en un momento en el que el país sigue sufriendo los efectos de la peor pandemia en un siglo. A modo de resumen, estas son las diferencias de proyectos para Madrid que se votan este martes.

La gestión de la pandemia: continuar como la región con las restricciones más laxas de Europa o alinearla con el resto de autonomías.

Madrid irá a votar con una incidencia acumulada de 384 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando el umbral de peligro es de 250 casos. La comunidad es la segunda región con el gasto sanitario más bajo por habitante —dedica 1.340 euros por habitante, frente a los 1.486 de la media española, según datos del Ministerio de Sanidad— .

La gestión de la pandemia ha sido una de las banderas estrella de Isabel Díaz Ayuso: su modelo de restricciones laxas ha sido una excepción en España, diferente también del resto de autonomías del PP, y de las principales capitales de Europa. Madrid no ha cerrado la hostelería ni los interiores y ha mantenido un toque de queda a las once de la noche en esta última etapa. Vox, el partido en el que que según las encuestas tendrá que apoyarse el PP para gobernar, presiona en el sentido de “eliminar todas las restricciones de horarios y el toque de queda”.

El programa electoral de Ayuso se detiene poco en la gestión de la pandemia, pero en el ámbito sanitario promete reducir al 50% las listas de espera quirúrgicas, de pruebas diagnósticas y en consultas. Después del drama en las residencias de ancianos, donde se ha producido la mortalidad más elevada de España durante la pandemia, la candidata del PP se ha comprometido a que Madrid sea la región que más personal tenga en estos centros. Ciudadanos defiende la gestión de Ayuso en la pandemia, y plantea incorporar de forma estable a los 10.000 nuevos profesionales que han reforzado el servicio.

Los partidos de la izquierda apuestan por aumentar la inversión en sanidad y por una política de restricciones más severa. El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, propuso en marzo adelantar el toque de queda a las diez de la noche y reducir el horario de apertura de la hostelería, a cambio de dar 80 millones de euros de ayudas directas a este sector.

Gabilondo ha resaltado, citando datos del Ministerio de Sanidad, que el exceso de mortalidad en Madrid es “un 59% superior a la media nacional” desde el inicio de la pandemia. En su programa electoral, el PSOE plantea activar los centros de salud durante fines de semana y festivos para la vacunación, crear 30 nuevos ambulatorios y conseguir que las citas se logren en 48 o 72 horas. Los socialistas apuestan por reforzar la plantilla de sanitarios, aunque no dicen en cuánto. Más Madrid sí pone una cifra: 1.800 sanitarios más para atención primaria. Unidas Podemos plantea aumentar la inversión de la sanidad pública en 1.000 millones de euros anuales para contratar hasta a 10.000 profesionales.

El hospital Isabel Zendal, construido por el PP durante la pandemia, sería reconvertido en caso de gobernar la izquierda, que renuncia a cerrarlo aunque lo criticó cuando se levantó. El PSOE quiere que sea “un hospital de verdad” y dotarlo de plantilla estable, y Más Madrid propone reconvertirlo en un laboratorio puntero de investigación.

Fiscalidad. Seguir bajando impuestos, congelarlos o subirlos en la región con menos ingresos a pesar de ser la más rica.

Madrid tiene la mayor renta per cápita de España, pero los menores ingresos financieros per cápita por las continuas bajadas fiscales de los últimos años, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Es la única comunidad que ha suprimido de facto el impuesto de patrimonio, bonifica el de sucesiones y tiene el tipo máximo más bajo del IRPF en el tramo autonómico. En este contexto, Ayuso se reafirma en ejecutar “la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid”, como ha anunciado en la campaña. Su promesa es rebajar todos los tramos de la tarifa autonómica del IRPF en medio punto y aprobar nuevas deducciones a las familias, los jóvenes y para favorecer la iniciativa empresarial. Lo cierto es que no la ha hecho realidad en el año y medio que ha gobernado y le negó a Vox una rebaja de medio punto del IRPF mientras negociaba los Presupuestos. El programa electoral del PP sigue sin ponerle fecha de ejecución al compromiso: si antes de las elecciones se haría “a lo largo de la legislatura”, ahora será “en los próximos años”. En la misma línea, Vox apuesta por una “bajada radical e inmediata de impuestos” sin más concreción, y Ciudadanos defiende el modelo vigente.

A diferencia del PP, los socialistas no plantean seguir reduciendo los impuestos en Madrid, pero tampoco subirlos: Gabilondo ha prometido que no tocará la fiscalidad en estos dos años, “dada la duración de la legislatura y la excepcionalidad de la situación”.

En la fiscalidad, Unidas Podemos es la formación de la izquierda con la propuesta más ambiciosa. En su programa defiende la eliminación de la bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas superiores al millón de euros y hacer lo mismo con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las herencias que superen la misma cantidad.

En el IRPF, plantea incrementar un 4% el tipo para rentas superiores a los 60.000 euros anuales y un 6% para las de más de 150.000 euros. Y rebajar a las rentas inferiores a 12.450 el 0,5%.

Más Madrid se sitúa en un punto intermedio entre los socialistas y Unidas Podemos: propone eliminar la bonificación del Impuesto de Patrimonio al 1% de la población más rica, y una vez superada esta crisis reducir las bonificaciones al Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las herencias superiores al millón de euros. No plantea cambios en el IRPF.

Educación. Apuesta por la escuela concertada o prioridad por la pública, y veto parental.

Madrid es la comunidad con menor gasto educativo por alumno: destina 4.727 euros frente a los 5.779 de la media española, según datos del Ministerio de Educación.

El PP hace bandera de garantizar la libertad de elección de centro y apuesta por ampliar la educación concertada de manera progresiva en los cursos de bachillerato. También espera ampliar el bilingüismo, que llegue a los niños de 3 a 6 años y se afiance en los centros con estudiantes de Formación Profesional. Los populares quieren crear 30 centros educativos públicos nuevos y apuestan por la Educación Especial.

En el bloque de la derecha, la principal ofensiva ideológica en materia educativa la plantea Vox con el llamado veto parental. La extrema derecha lleva en su programa “derogar las leyes ideológicas del PP que permiten adoctrinar a los menores en las aulas” y garantizar a los padres el “derecho a supervisar los contenidos de las asignaturas complementarias y extraescolares”. El PP hace un guiño a estas propuestas, sin asumirlas, enfatizando en su programa que se debe garantizar el derecho de los padres “a que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones, con el fin de evitar cualquier tipo de adoctrinamiento en los centros educativos”. Ciudadanos rechaza esta medida.

La izquierda se opone frontalmente al veto parental y quiere ampliar la inversión en la educación pública. El PSOE plantea como objetivo “incrementar 25.000 plazas públicas en el sistema educativo madrileño”, un plan de choque con “más de 250 millones de euros para la construcción, ampliación y mejora” de los centros educativos, gratuidad de los libros de texto, universalizar la educación de 0 a 3 y avanzar hacia hacer gratuito el primer año de matrícula universitaria. El partido de Mónica García se compromete por su parte a contratar a 16.000 docentes nuevos de refuerzo en los próximos dos años, y Unidas Podemos quiere 1.000 millones más de inversión en la escuela pública.

Vivienda. Solo la izquierda plantea regular el alquiler.

La regulación de los alquileres es la propuesta estrella de Unidas Podemos, que propone que el precio de los alquileres no supere el 30% de los ingresos medios de la zona en la que se encuentre la vivienda. Para ello, no obstante, el partido de Pablo Iglesias necesitaría que se aprobara la ley estatal en la que PSOE y Unidas Podemos siguen estancados en el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. La limitación de los alquileres solo es propuesta por Unidas Podemos: el PSOE propone en cambio 15.000 nuevos pisos para alquiler asequible o social, y Ángel Gabilondo ha prometido pagar el primer mes de alquiler a los menores de 30 años.

Inmigración. La atención a los menores inmigrantes no acompañados en el centro de la polémica.

La extrema derecha ha logrado que un cartel sobre los menores inmigrantes acaparara gran parte de la la discusión en la campaña. En esta publicidad, Vox condena que cada mena (acrónimo de menores extranjeros no acompañados, que la formación ultraderechista usa despectivamente) le cueste a la Comunidad de Madrid 4.700 euros, una cantidad muy superior a los 426 euros que percibe de “pensión una abuela”. El cartel tiene un objetivo claro: expulsar a estos niños y adolescentes de España, tal y como ha reiterado su candidata, Rocío Monasterio. La estrategia propagandística imita la que el régimen nazi utilizaba para condenar el gasto destinado a la atención de personas con discapacidad o enfermedades hereditarias. En su programa electoral, Vox afirma que quiere cerrar todos los centros que atienden a menores extranjeros no acompañados. La candidata del PP no comparte esta propuesta de la extrema derecha, aunque durante la negociación presupuestaria, Ayuso cedió en asuntos de cariz ideológico como analizar el coste de acoger a estos menores. Ciudadanos, sin embargo, se posiciona claramente en contra y su candidato, Edmundo Bal, reconoció que el cartel le “indignaba”.

Los partidos de la izquierda han criticado con dureza a Vox por este asunto. “Fuera o no delito, es impresentable”, opinó Ángel Gabilondo después de que un juzgado archivara el caso. Mónica García cargó contra la candidata de la extrema derecha y aseguró que “su falta de compasión la inhabilita para ocupar un cargo de Gobierno”. Pablo Iglesias fue taxativo: “Esto solo tiene un nombre: fascismo”.

Otras propuestas: reducción de diputados y consejerías y Gobierno paritario.

Los partidos de la derecha ponen el foco en minorar el gasto de la Administración: Vox quiere reducir a la mitad (de 136 a 68) el número de diputados de la Asamblea de Madrid y limitar a siete el número de consejerías. En su programa, la candidata del PP también se muestra dispuesta a reducir diputados (de 136 a 101).

En la izquierda, el PSOE promete formar el primer Gobierno paritario de la historia en Madrid, y una ley de igualdad autonómica. Uno de las medidas más llamativas de Más País es caminar hacia la semana laboral de cuatro días, aunque solo para los trabajadores del sector de los cuidados.