Colombia. Punto a favor del gobierno: burócratas del Comité del Paro ceden y ordenan levantar los bloqueos que eran la principal fuerza popular del paro

El Comité Nacional del Paro (CNP) de Colombia dio este martes un paso en busca de sacar del pantano las negociaciones con el gobierno al levantar unos 40 “puntos de resistencia” o bloqueos como “demostración de voluntad”, lo que de alguna manera deja ahora la iniciativa del lado del Ejecutivo, apenas un día antes de una nueva jornada de movilizaciones en todo el país que pondrán a prueba esa decisión de los convocantes a las marchas.

“Hemos avalado que se avance en un diálogo para suspender o distender los cortes de ruta o concentraciones en el nivel territorial, y se están reduciendo. En ningún momento como resultado de la militarización o la fuerza de la policía”, explicó a Télam el titular de la CGT, Percy Oyola, uno de los principales negociadores.

En la misma línea, otro integrante del colectivo, el titular de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Nelson Alarcón, reivindicó la decisión del “desescalonamiento” de los cortes, que “los mal llamados ´bloqueos, como una demostración más de la voluntad” del CNP para buscarle “una solución negociada y concertada a este paro nacional”.

La decisión, un tanto sorpresiva porque hasta el domingo el Comité defendía los cortes como una expresión posible de la protesta, se conoció sobre el inicio de otra reunión de las partes, que hace semanas buscan un acuerdo en torno a las garantías para las movilizaciones para, recién entonces, abrir el debate sobre el pliego de demandas.

Acerca del número de cortes levantados había versiones encontradas, según cada medio que se consultara, pero todos hablaban de una reducción notoria de los bloqueos, aún en las zonas más complejas, como Bogotá, los alrededores de Cali y Medellín.

La medida también fue saludada por monseñor Héctor Fabio Henao, uno de los mediadores de los diálogos -junto al jefe de la Misión de la ONU en el país, Carlos Ruiz Massieu- que destacó la “perspectiva importante de que se van dando pasos significativos”.

Aunque el anuncio es clave, porque el Gobierno se escudaba en esos bloqueos para posponer el debate de fondo y defender la militarización de muchas regiones –ocho departamentos y 13 ciudades-, persisten dos incógnitas: por un lado, si la administración de Iván Duque va a ceder ahora en algún punto de los que reclama el CNP y si en las protestas del miércoles no vuelven a multiplicarse los cortes.

El secretario general de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y parte del comité, Cristián Serna, expresó que el colectivo no tiene conocimiento de todos los cortes de caminos que hay actualmente.

“Como no creamos los bloqueos, nosotros no podemos condenarlos. Trataremos de coordinar en la medida de lo posible su desescalamiento, pero hay muchos sobre los cuales no tenemos información siquiera. De los que conocemos, estamos tratando de intermediar para que siga habiendo corredores, o que dejen pasar a más personas, e incluso que no haya más”, explicó Serna a Télam.

La cuestión de los “corredores” que eviten el desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en diversas regiones y que permitan cuestiones médicas no le alcanza el Gobierno, que pretende el levantamiento total de los “puntos de resistencia”.

Con esa cuestión sobre la mesa las dos partes volvieron a negociar este martes, como lo hacen desde el 7 de mayo, en una sede neutral de Bogotá, mediados por Henao, por la Iglesia, y la ONU. La última charla fue el domingo, un día después de que el Gobierno decidiera por decreto “asistencia militar” para las zonas más conflictivas y que el CNP ratificara todas las formas de protestas.

También la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) celebró la decisión sobre los bloqueos, como “un paso fundamental” para lograr “negociaciones sin presiones”, y evaluó que se está ante “una luz de esperanza para que nuevamente la economía tenga la oportunidad de reactivarse y recuperar las pérdidas generadas por el taponamiento de las vías”.

Colombia vive una situación de marcada tensión desde el 28 de abril, cuando comenzó un paro total contra un proyecto de reforma tributaria ya archivado, pero que igual escaló las protestas en las que, según denuncias de organizaciones, se registraron ya más de 60 muertos y cerca de 1.000 heridos, con abusos y excesos policiales.

La cuestión tomó vuelo también porque el fiscal general Francisco Barbosa le pidió por carta al ministro de Defensa, Diego Molano, que “en el menor tiempo posible” le informe de manera detallada sobre qué procesos están en la justicia castrense abiertos a partir de denuncias de abuso policial en el marco de las manifestaciones.

Barbosa le recordó a Molano que la Justicia Penal Militar no es competente para juzgar graves violaciones a los derechos humanos, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que permite especular con que la Fiscalía considera que integrantes de la Policía sobrepasaron el marco de sus funciones.

Sobre Molano, además, se votaba este martes por la tarde una moción de censura en la Cámara de Representantes, impulsado por la oposición, que lo acusa de haber dado “tratamiento de guerra” a las protestas, aunque se descuenta que la alianza oficialista impondría su mayoría y su cargo no corre riesgo. También fracasó una propuesta similar en el Senado la semana pasada.

Para complejizar el cuadro, el ministro de Justicia, alimentó la polémica al señalar que muchos de los muertos que se registran desde el 28 de abril no tienen nada que ver con las movilizaciones.

“Decir que los muertos que ha habido son consecuencia del paro nacional es totalmente falso”, afirmó Ruiz, para quien “se hablan de una cantidad, de decenas de muertos y desaparecidos, cuando en la práctica no es así”. “El paro fue usado para desprestigiar al país”, lamentó, según el sitio del diario El Nuevo Siglo.