En Colombia no se oyen desde hace unas semanas las arengas y cánticos antigubernamentales que resonaron con fuerza en las calles del país, mezclados con el atronador sonido de las aturdidoras y los disparos. Dos meses aguantó la presión de decenas de miles de colombianos y colombianas durante la mayor movilización social de la historia reciente del país, hasta ser silenciada por la violencia y la represión policial. Pero los organizadores se están reagrupando.

El politólogo de la Universidad Nacional Alejo Vargas Velásquez apunta a que la dinámica de las protestas fue muy importante durante el primer mes y medio: “Después lentamente empezó a decaer, como es normal en este tipo de protesta porque no hay capacidad para mantener eso indefinidamente”. Según Vargas, con el reciente estallido social hubo una ruptura respecto a movimientos anteriores, protagonizados por universitarios, ya que “en esta ocasión fueron fundamentalmente jóvenes de sectores populares y eso produjo un cambio importante”. 

El desgaste de más de 50 días de presencia en las calles hizo mella en los manifestantes, sumado a un aumento de la violencia policial, la vigilancia, las desapariciones y las persecuciones. “El Gobierno no reconoce a los jóvenes que protestan como opositores, sino con la criminalización. Hemos logrado establecer unos patrones de conducta en los miembros de la fuerza pública y tenemos bastantes elementos para creer que eso es un direccionamiento del Gobierno y no manzanas podridas como dicen”, denuncia desde Cali el abogado Sebastián Caballero, miembro de la Primera Línea de abogados. 

Denuncias por el “tratamiento de guerra” de la protesta social en Colombiacolombia

Organismos de derechos humanos locales e internacionales vienen denunciando los abusos cometidos por parte de la Policía Nacional para reprimir las protestas, ante la negativa del Gobierno de Iván Duque a condenar la violencia estatal ejercida contra los civiles en las calles. “Las masivas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública en el marco del paro nacional no pueden ser clasificadas como ‘actos de servicio’ y deben ser juzgados por tribunales ordinarios y no por la justicia penal militar”, critica Alejandro Lanz, cofundador de la ONG local Temblores. 

Matías Vallejo, fundador de Los Ojos de Chile, una organización  que junto con distintas ONG internacionales ha realizado una visita de verificación a Colombia, explica cómo el Gobierno empleó “la estrategia política de amedrentar la movilización social, lesionando visiblemente e irreversiblemente a los manifestantes con un trauma y lesión oculares para ejemplificar y mortificar a manifestantes y que sean el ejemplo de las consecuencias que les puede provocar la fuerza pública por manifestarse”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también acaba de alertar, en un informe con más de 40 recomendaciones tras su visita al país, de “lógicas de conflicto armado” en la respuesta estatal a las movilizaciones. Entre estas tácticas de guerra están las lesiones oculares –más de 80 jóvenes han perdido un ojo en las protestas–, 30 denuncias de abusos sexuales, intimidación, detenciones, violencia física, amenazas y casi 80 muertos en poco más de dos meses. 

Por su parte, el presidente Duque salió inmediatamente a negar las recomendaciones del organismo internacional, rechazando una vez más la petición más repetida por aquellos que buscan justicia para las víctimas: la separación de la Policía del Ministerio de Defensa y la desmovilización del Escuadrón Móvil Antidisturbios. “A este Gobierno no le gusta que lo supervise un organismo internacional, independiente e imparcial. Está acostumbrado a manipular, a manejar de manera interna ese monitoreo de la situación de derechos humanos y obviamente no le conviene, que es lo que pasa con las dictaduras”, opina Rafael Barrios, abogado conocedor de la CIDH. 

“El problema es que el Gobierno está respondiendo negando su responsabilidad, minimizando el alcance del informe, desconociendo las recomendaciones más importantes y anunciando que va a seguir por un camino autoritario, que va a seguir militarizando la Policía, criminalizando la protesta, caracterizando cualquier disrupción en la protesta como terrorismo”, coincide Camilo González Posso, analista y presidente de la organización de derechos humanos Indepaz. 

Las movilizaciones cambian de escenario

En el renombrado Portal Resistencia, una estación de autobuses en el sur de Bogotá, los transeúntes se mueven con aparente normalidad bajo los murales con mensajes como “Resistencia. El pueblo no se rinde carajo”. Este “espacio humanitario” sirvió durante varias semanas como punto de encuentro de los manifestantes, hospital de campaña durante las noches de terror y restaurante improvisado “al calor de la olla humanitaria”.

“Este momento que se vive como una pérdida de fuerza también es bueno, sirve para reagruparse, para volver a establecer estos diálogos que se siguen dando en distintas formas y localidades de todo el país”, dice a través del teléfono Simona, miembro de los Escudos Azules, un grupo de Primera Línea surgido con las movilizaciones sociales de 2019. 

Lejos de desaparecer, el malestar social ha cambiado de escenario para trasladarse ahora a los lugares donde tomó más fuerza: los barrios populares. Allí residen la mayoría de jóvenes que opusieron resistencia a los abusos policiales, que dejan al menos 44 muertes, según la ONG local Temblores. 

“Siento que tal vez ha bajado la fuerza en las calles, pero se sigue manteniendo la chispa de las asambleas populares, que es otra forma en la que está el movimiento social”, explica la joven manifestante, que recalca que ahora no solo están haciendo presión en las calles: “Sino que estamos desarrollando de forma más clara nuestros pliegues de peticiones y exigencias”. 

Hasta el momento, pese a algunos intentos fallido, el diálogo entre los grupos de la sociedad civil y las autoridades ha sido nulo. Los jóvenes reclaman garantías y protección a la hora de sentarse a las mesas de negociaciones, ante el temor a ser judicializados, como vienen advirtiendo desde el Gobierno de Iván Duque.  

La primera línea

Según la joven, nadie conoce mejor el barrio que una persona que ha sido discriminada por el Estado, como sus compañeros de resistencia. “Cuando un joven está en contacto con todas esas ausencias estatales: hambre, salud, educación, condiciones dignas; puede construir de forma más orgánica los pliegos que tiene que cumplir la sociedad”.

Simona, como cientos de muchachos colombianos que conforman las primeras líneas de resistencia del país, se unió al grupo porque “veía en ellos una chispa de esperanza, de dignidad, de creer que se puede construir un país mejor”. La protección a la vida y el respeto por los derechos humanos son los valores que defienden. Fue la defensa de esas consignas con las que se ganaron el apoyo de sus comunidades, que ahora los reconoce como actores importantes. 

Las Primeras Líneas, como defienden sus integrantes, son grupos de protección de los manifestantes para que estos puedan ejercer un derecho fundamental. Cuando la fuerza pública arremete contra las manifestaciones, su defensa se basa en improvisados escudos de madera, piedras y la unión de sus miembros. “Son chicos valientes capaces de arriesgar su integridad física y mental con tal de defender a otra persona, eso me parece una labor sumamente noble”, dice orgullosa Simona.

Cuando le preguntamos sobre las enseñanzas como feminista dentro de un grupo conformado principalmente por hombres, responde contundente: “El aprendizaje es que nosotras también somos la voz del cambio”.  La joven describe consignas que sonaron con fuerza entre las manifestantes: “Nuestros cuerpos no son botines de guerra”. “Creo que las mujeres en este paro hemos reconocido mucho más nuestras voces, nuestra energía femenina, esa fuerza a la hora de salir a la calle y querer construir un mejor país desde lo femenino también que es algo muy importante”, concluye. 

En Colombia, casi 4 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan

El estallido social comenzó el 28 de abril con la convocatoria del gran paro nacional y canalizó las demandas de miles de ciudadanos. Las masivas manifestaciones pusieron de relieve los problemas y carencias estructurales que sufren millones de colombianos: 21 millones viven en situación de pobreza y más de 7 millones sufren la pobreza extrema. 

Colombia es una de las naciones más desiguales de América Latina, lo que se agravó aún más con la pandemia, llevando a miles de colombianos a lanzar en las calles un grito de auxilio, rabia y esperanza. “La pandemia hizo evidente muchísimos problemas históricos (…) mostró las grandes inequidades, los problemas de violencia, los problemas económicos acumulados”, señala a Lamarea.com Luis Guillermo Patiño, politólogo y exsecretario de Educación de Medellín. 

Unas peticiones que habían permanecido confinadas durante años y que explotaron con la emergencia sanitaria, que afectó con mayor dureza a la juventud colombiana. “Con 13 millones de jóvenes entre 14 y 28 años en el país, tenemos la catastrófica cifra de aproximadamente 4 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan”, incide Patiño. 

El desempleo juvenil se sitúa al 30% en las ciudades y el 27% en las zonas rurales en el país andino. Pese a estas cifras, el Gobierno decidió hacer oídos sordos al clamor popular y optó por reprimir las manifestaciones mediante la criminalización y la estigmatización de la protesta y sus integrantes. “A los jóvenes no se les puede criminalizar, los jóvenes en Colombia no son vándalos ni criminales. La inmensa mayoría de los jóvenes que salen a protestar lo hicieron democráticamente, con propuestas y con deseos de cambios profundos”, dice el exsecretario de Educación. Y señala que la juventud colombiana “no quiere que se les regale nada, quieren ser parte de este sueño de país”. 

Desde Bogotá, Sofía Rico Tovar, politóloga colombiana que asesora a los jóvenes de las primeras líneas de la capital, coincide con él: “Su principal demanda es trabajo, educación, oportunidades, es todo lo que piden y por eso los están matando, los criminalizan y los están persiguiendo”. La politóloga reflexiona: “Uno no puede entender cómo la respuesta de un Estado es bala, que no es gratis, en vez de escuchar las demandas de esta población que está desesperada pidiéndole al Estado que por favor le dé oportunidades”. 

Los jóvenes de sectores populares mantienen la resistencia 

“Lo que vemos es que son muchachos que tienen muchos ideales (…) La gran mayoría son personas que no encontraron ningún espacio para desarrollarse socialmente. Si bien algunos tienen formación universitaria, otros no y la gran mayoría no tienen oportunidades laborales, son personas totalmente invisibles para la sociedad”, explica Rico Tovar sobre los manifestantes.

Jóvenes que han sido marginados durante décadas por buena parte de la desigual sociedad colombiana salieron, gracias al estallido social, del anonimato: “Antes de ser primeras líneas, eran invisibles. Ahora sus comunidades los respaldan, los quieren, los ayudan. Eso es tan importante. Sentir ese reconocimiento cuando llevas años siendo transparente”, concluye Rico Tovar, consciente de que, debido a la polarización de la sociedad colombiana, todavía hay un gran número de ciudadanos que los compara con guerrilleros.

La movilización social, que prosigue a las marchas de 2019 y 2020, supuso también una ruptura con el miedo de la sociedad civil de tomar el espacio público para exponer sus demandas, “como debe ser en una democracia”, dice el profesor de la Universidad pública, Vargas. 

Próximas movilizaciones

Coincidiendo con el día de la independencia de Colombia, el próximo 20 de julio, se ha convocado a una gran movilización, con las Primeras Líneas de todo el país y la Minga indígena, que viajará desde sus territorios para llegar en caravana hasta Bogotá. 

Después de unas semanas de retrasos, el próximo martes podría ver la vuelta del movimiento social a las calles, coincidiendo también con el inicio de un nuevo periodo legislativo en el Congreso. El Gobierno colombiano ya ha apuntado nuevos proyectos y reformas, como una nueva reforma tributaria más equitativa, dado que la anterior, fallida, desató las movilizaciones sociales. 

Al mandatario Iván Duque le queda menos de un año en el poder. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, queda por ver si la fuerza de la juventud en las calles se transforma en un cambio político para el país. “Está por ver si los jóvenes van a tener la capacidad de transformar esa movilización y creatividad cultural, en lograr elegir congresistas que representen nuevas realidades incluso de sectores jóvenes”, sentencia Vargas.