La convocatoria era contundente: “…asistencia obligatoria con sus respectivos guardatojos”. En otro punto: “… cada asociado (a) deberá garantizar el apoyo y la asistencia de su familia y el de los compañeros voluntarios, trabajadores y barranquilleros”. Así, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz R. L. (Fecoman LP-RL) convocaba a una marcha de sus afiliados para el pasado 25 de agosto en La Paz. En un documento, al que se puede acceder aquí, detallaba las decisiones de un ampliado previo y las exigencias al gobierno del presidente Luis Arce.

Marcha y bloqueo de por medio, rápidamente el sector fue escuchado y actualmente se negocia en mesas de trabajo sus requerimientos. Pero, ¿por qué “es grave” lo que piden los cooperativistas auríferos de La Paz?

Jorge Campanini, investigador del Cedib, identifica cuatro aspectos clave para entender el conflicto y las resoluciones.

1. Seguridad social

En el punto 3, se exige la aprobación del proyecto de Ley de creación del ente gestor de seguro social a corto plazo de las cooperativas mineras auríferas afiliadas a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas

(Ferreco).

Se prevé que dicho proyecto sea aprobado en menos de un mes. Esto implicará que los cooperativistas auríferos tendrán su propia entidad gestora en términos de seguridad social y salud, entre otros. Eso implica que ya no estarán afiliados a la Cajan Nacional de Salud (CNS), por ejemplo, siendo un sector que gozará de un trato especial.

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2. Tema tributario

El punto 2, uno de los más preocupantes, se refiere a la aprobación del Régimen Tributario para el sector cooperativo minero aurífero.

“Lo más probable es que quieran pagar menos regalías”, explica Jorge Campanini. Este punto actualmente se discute en mesas de trabajo, pero, ¿qué implica?

El 94 por ciento del oro que se extrae en Bolivia es cooperativo y el sector paga una regalía diferenciada extremadamente baja. Como dato, en 2020 el departamento de La Paz exportó un valor de 896 millones de dólares de oro; el 71% del valor nacional. Esa cifra dejó apenas 22 millones de dólares por regalías, las mismas que se distribuyen de la siguiente manera: 85 por ciento para la Gobernación y 15 por ciento para el municipio del que se explota el mineral.

Tomando como ejemplo, Mapiri, considerado un municipio paceño de alta producción del metal, el año pasado no recibió ni medio millón de dólares por regalías.

“Es sádico, tomando en cuenta que Mapiri está siendo destruido por la actividad minera cooperativa, pero también en su tejido social, debido a las confrontaciones que hay entre comunidades, y entre cooperativas”, dice Campanini.

3. Rechazo a la comercializadora

El punto 1 del pliego de los cooperativistas mineros auríferos es el rechazo al proyecto de Ley del oro de producción nacional destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales.

En días pasados, el presidente Luis Arce envió a la Asamblea Legislativa dicho anteproyecto. Entre otras cosas, el Mandatario explicó que se prevé crear una empresa comercializadora para frenar el contrabando del metal precioso. Además, el pago sería mayor al precio internacional.

Durante el gobierno de Evo Morales, ya hubo una experiencia al respecto con la creación de la Empresa Boliviana de Oro (EBO), la misma que no tuvo el éxito esperado. Los cooperativistas tenían su propia red de comercialización, por lo que no les era necesaria.

El sector expresó, nuevamente, su desacuerdo con esta norma.

1. 4. Personería jurídica

El punto 4 del pliego refiere: la obtención de la personería jurídica de la Fecmabol (Federación de Cooperativas Auríferas Mineras de Bolivia) R. L. 

Para el experto, esto implica una desvinculación del ente matriz, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y da lugar a dos entidades, una más poderosa que otra, en este caso, la aurífera.

5. Rezonificación de áreas protegidas

El punto 8 es claro y conciso: “Rezonificación de las áreas protegidas para potenciar una minería responsable”.

Un área protegida tiene una zonificación interna y, dependiendo del sector, hay actividades que están permitidas y otras que no. Para tomar el ejemplo de Tariquía, en Tarija, se habilitó zonas destinadas a la conservación para actividades extractivas.

De lograr la aceptación de este punto, las áreas protegidas nacionales Madidi, Manuripi, Apolobamba y Pilón Lajas, en La Paz, serían aun más vulnerables a la actividad minera aurífera. En ellas ya se explota oro, pero se busca mayor aprovechamiento.

6. Sobre el mercurio

En el punto 7 se pide “garantizar una minería responsable” mediante la participación de los cooperativistas mineros auríferos en la promulgación de normas como el proyecto de un Decreto Supremo que busca el registro para la importación, exportación y comercialización del mercurio.

En los últimos años, se detectó que Bolivia es el segundo país que más mercurio importa en el mundo, pese a su ratificación en el convenio de Minamata, que a la larga promueve la erradicación del metal pesado.

“De hacerlo (regular las importaciones y exportaciones), atentarían contra sus intereses. Detrás de las cooperativas hay empresas privadas, exclusivamente en el tema del oro. Ellos son los que les compran y que terminan exportando”, dice Campanini.

Estos y otros puntos fueron demandados al actual gobierno. El sector cooperativo minero tiene en la fuerza y la disciplina, para movilizar hasta a 50 mil personas en un solo día, por lo que casi siempre consigue sus requerimientos. Asimismo, es un aliado político importante no solo de la actual gestión gubernamental, sino también de la presidencia de Evo Morales, cuyo primer ministro del área fue un cooperativista, Walter Villarroel.

Pero el problema no solo pasa por el tema económico, sino también por el social. El avance de las cooperativas es una amenaza para los territorios indígenas, porque la naturaleza de estas actividades es invasiva y genera una gran contaminación.

“Sin embargo, hay otra forma de impacto a las comunidades, que me parece todavía más dura: la desnaturalización de las comunidades, de su estructura, y tejido social y cultural para transformarse en cooperativas. Hay una destrucción de la identidad, porque hay pueblos que frente a las peleas, se está volviendo cooperativista”, lamenta Campanini.