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Ultimátums de ambos lados y la protesta crece en las regiones
En el tercer día del paro contra la Ley 1386, de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Potosí dio al Gobierno un ultimátum de 24 horas para que abrogue la norma, mientras que los campesinos del oriente dieron un plazo de 48 para que se suspenda el paro. En Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, La Paz, Oruro y Chuquisaca las protestas cobran fuerza.
En el día de su gesta libertaria y bajo el luto por la muerte de un joven de 22 años, Potosí llevó adelante un multitudinario cabildo en la plaza 10 de Noviembre, en el que se aprobó un pliego de 10 puntos. “No se vuelvan a equivocar, sí o sí se tienen que abrogar estas leyes malditas”, expresó el presidente del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel.
En el quinto punto del pliego se lee: “Se exige al Gobierno de (Luis) Arce Catacora abrogar en el plazo de 24 horas la Ley 1386 y todo el paquetazo de leyes anticonstitucionales, antidemocráticas que van en contra de la población”.
Asimismo, se determinó declarar persona no grata y enemigo de la población potosina al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca; exigir la renuncia del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, del presidente de la asamblea departamental, Marcial Ayali, del comandante departamental de la Policía, Juan Carlos Mercado, y de la representante de la delegación de la Defensoría del Pueblo en Potosí, Vilma Martínez.
También se da un plazo de 24 horas para que la Fiscalía inicie un proceso contra el Gobernador por la muerte del joven de 22 años, de lo contrario, se pide la renuncia de la fiscal Roxana Choque.
A los cívicos se sumaron los mineros cooperativistas de Potosí y dieron un plazo de 24 horas al Gobierno para que abrogue la ley.
En Santa Cruz, el paro cumplió su tercer día en medio de tensión y denuncias. En la mañana, se registró un amague de enfrentamiento en la zona Barrio Lindo. La Policía intervino el lugar.
Mientras que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz se declaró en emergencia y dio un plazo de 48 horas para suspender las medidas de presión.
Marco Miranda, ejecutivo de la entidad, aseguró que los bloqueadores han cometido atropellos en contra de comerciantes, campesinos y bartolinas que están en contra del paro, por lo que dieron ese plazo a cívicos y otros sectores que organizan el paro para suspender la medida.
Sobre los grupos de choque en Santa Cruz, el concejal de Demócratas Manuel Saavedra denunció que se trasladaban en coches incautados al narcotráfico.
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, solicitó mediante un memorial dirigido al fiscal departamental, Róger Mariaca, la investigación sobre abusos policiales en las acciones de desbloqueo. Ello luego de que se viralizaran imágenes de un policía encañonando a un joven que estaba en una bicicleta y por la denuncia de agresiones a una persona con discapacidad.
En Tarija, la rotonda de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho fue uno de los puntos donde se armaron barricadas para evitar que se repita otro ataque como el que sufrieron los manifestantes el martes, cuando una marcha de docentes fue arremetida de forma violenta.
En la plaza Luis de Fuentes y Vargas, representantes del comité cívico y quienes apoyan las protestas se atrincheraron para evitar la presunta toma de la Alcaldía y la Gobernación como advirtieron afines al MAS. El vicepresidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Marco A. Guaygua, denunció que cinco micros fueron dañados por grupos de choque.
En Cochabamba, el sector del Transporte Pesado Internacional marchó por la avenida Blanco Galindo y Beijing, en demanda de la abrogación de la Ley 1386 y exigiendo la renuncia del comandante departamental de la Policía por los excesos durante los desbloqueos.
Por la tarde se registró una masiva marcha que partió de la Plaza de Banderas hasta la plaza 14 de Septiembre, donde se realizó un cabildo en contra de la norma y en apoyo a las movilizaciones.
Por la noche, en La Paz, se registró una marcha para exigir la abrogación de la Ley 1386 que partió de Sopocachi y terminó en Miraflores. La movilización fue convocada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia. Un grupo de afines al Gobierno recorrió el Prado para evitar que la protesta ingrese al centro.
En Oruro, se registraron algunas movilizaciones y resaltó una marcha de periodistas que exigió el cambio del comandante departamental de la Policía, Julio Renan Monrroy. Los mineros de Huanuni anunciaron respaldo al presidente Arce.
Chuquisaca, la COD y la Federación Departamental de Juntas Vecinales, junto con gremiales, convocaron a un paro de 24 horas y una marcha para el viernes 12 de noviembre.
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El Gobierno se endurece y llama a sus bases a levantarse contra el paro
Página Siete / La Paz
El presidente Luis Arce participó ayer en el ampliado de las federaciones campesinas Túpac Katari y Bartolina Sisa de La Paz. Indicó que no permitirá que se repita la historia de 2019 y anunció la defensa del denominado “proceso de cambio”, del cual dijo es “hasta la eternidad”.
“Aquí hay que organizarnos (…). Vamos a defender nuestro proceso porque les hemos ganado en las urnas, les hemos ganado en la cancha y ellos lo que no han ganado en las urnas quieren arrancarnos con sus movilizaciones”, aseguró.
Según Arce, las medidas de presión contra la Ley 1386 son un pretexto, porque las inquietudes de “la derecha” no son reales. “¿Ustedes creen que vamos a ir a afectar los intereses de los más pobres? No, hermanos, no es verdad, se inventan”, expresó.
El mandatario sostuvo que los opositores buscan impunidad por los hechos luctuosos de 2019. “La derecha engaña, la derecha miente, todo el tiempo miente, porque no tiene argumentos. Ellos lo único que quieren y están buscando es la impunidad de lo que ha pasado el 2019 con el golpe de Estado. Es lo único que quieren y para eso buscan pretextos”, dijo.
El vicepresidente David Choquehuanca, quien asistió también al ampliado, llamó a sus bases a levantarse contra el paro e instó a sus seguidores a no estar callados y prepararse.
“Nuevamente quieren desestabilizar, quieren confundirnos”, aseguró la autoridad antes de mencionar lo siguiente: “Tenemos que levantarnos en todo el país”.
“Somos nosotros los que hemos elegido a nuestro hermano Luis como nuestro presidente y tenemos que hacer respetar (…). Nos prepararemos a partir de hoy día”, manifestó Choquehuanca.
La muerte en Potosí
El Gobierno apuntó contra Comcipo (Comité Cívico Potosinista) por la muerte del joven Basilio Titi, ocurrida el martes en Potosí, uno de los bastiones del paro de actividades contra la Ley 1386. Arce y el ministro de Justicia, Iván Lima, se refirieron ayer al hecho y señalaron a esa entidad cívica.
Según Arce, Basilio Titi “ha caído en manos de la gente de Comcipo”. “Estaba ahí todavía vivo el hermano, han pedido ambulancia, no podía pasar porque ellos, los de Comcipo, estaban haciendo bloqueo. Ha tardado en llegar la ambulancia, ha tardado en llevárselo y lamentablemente ha sucedido eso”, aseguró.
El Ministro de Justicia sostuvo que su despacho se constituirá en parte civil en el proceso de investigación que realiza el Ministerio Público. “El discurso de odio de Comcipo lleva a una situación de confrontación entre bolivianos. No va a quedar en la impunidad”, aseguró la autoridad.
Según Lima, si bien no hubo fracturas y a nivel del cuerpo del joven, no hay otras lesiones vitales. “Es claro que la causa de la muerte no se puede dar porque un ciudadano esté consumiendo un bolo de coca”.
No obstante, la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, informó que esa institución asistió la noche del martes a la autopsia médico legal que se realizó al cuerpo del joven. La autoridad indicó que el examen determinó que murió por asfixia mecánica por broncoaspiración con cuerpo extraño.
Cruz detalló que la autopsia develó la obstrucción de las vías respiratorias con hojas de coca y que el cadáver no presentaba signos de violencia. “Lamentamos la pérdida de una vida humana en ese departamento. Realmente la violencia ha subido en una escalada preocupante para el país y para esta institución”, afirmó.
Pese a ello, sectores del MAS, como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Quechuas de Potosí y las Bartolinas de Potosí pidieron que se realice otra autopsia, y aseguraron -en la misma línea que expresó el Ejecutivo- que no creen que el fallecido “se haya atragantado con coca”.
Esos sectores al igual que el Gobierno apuntan a Comcipo por el deceso, a pesar de que el lunes, en Potosí, los puntos de bloqueo registraron -según se denunció- ataques de campesinos y funcionarios. En esa jornada, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Marcial Ayali (MAS), que fue parte del grupo de choque que procedió al desbloqueo en inmediaciones de la plaza 10 de Noviembre, justificó la violenta forma con la que ingresaron los campesinos al centro de la ciudad para romper los cortes de vías.
Ante la consulta de radio Aclo de si participó en el movimiento de desbloqueo, Ayali respondió: “Claro que sí”, y cuando la prensa le hizo notar que aquello derivó en un enfrentamiento, expresó: “¿Ustedes piensan que nuestros hermanos campesinos, indígenas, iban a entrar y les iban a recibir con besos? No iba a ser así; saben qué iba a pasar. Desde mi punto de vista, no hay que tratar de victimizarse”.
El diputado Alejandro Reyes (CC) sostuvo que la muerte y el luto en Potosí, en pleno aniversario de su gesta libertaria, “es la muestra de autoritarismo de este Gobierno”. Agregó que la responsabilidad total y absoluta por la confrontación, la sangre y la muerte del joven potosino recae en el presidente Arce y el ministro de Gobierno.