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La Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca- ASCATIDAR, se pronuncia a los hechos registrado en la noche de ayer en Saravena, Arauca
- por comunicaONIC
Saravena, Enero 20 de 2022
PRONUNCIAMIENTO PUBLICO
La Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca- ASCATIDAR, desde nuestros territorios Ancestrales y culturales, desde nuestra filosofía colectiva, fomentamos en unidad el equilibrio y la paz en nuestros territorios, luchamos siempre por mantener la armonía entre el hombre y la naturaleza, más el del relacionamiento entre nosotros como seres humanos.
Esta armonía de la cual contamos ha sido alterada por los acontecimientos ocurridos la noche anterior donde ha sido afectada la sede principal de nuestra asociación indígena, daños materiales que se ocasionaron y que para nosotros los pueblos indígenas del departamento de Arauca nos mueve las fibras del sentimiento por que la lucha en el aporte de la paz de nosotros los pueblos indígenas ha sido incansable para mantenernos.
El conflicto armado por el cual atraviesa nuestro departamento se ha venido agudizando desde el 2 de enero del presente año y que a causado confinamiento, zozobra y persecución de nuestros líderes, hoy con el respeto que emanan nuestros principios y los derechos humanos llamamos a los actores del conflicto en nuestro departamento a pensar en la población civil, en el respeto a la vida a nuestros territorios, a la libre movilidad y el respeto a los DD.HH y al DIH y evocamos al Dios Sira, para que la Paz sea el mayor valor de vida.
Igualmente extendemos nuestra voz de solidaridad para las familias afectadas directamente en esta acción acontecida que enluta al municipio de saravena y en especial a los sectores sociales los cuales fueron afectados sus instalaciones, de la misma manera nos solidarizamos con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA por el daño sufrido en su infraestructura y la perdida Humana de uno de sus guardas de seguridad.
Ante esta situación difícil solicitamos a las entidades gubernamentales, Cruz Roja Internacional, organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Defensoría del pueblo, ONG ́s. Para brindar el acompañamiento y restablecimiento de nuestros derechos, la atención oportuna para socorrernos a toda la población, y la verificación de los daños ocasionados por la onda explosiva que afectó nuestras instalaciones sede ASCATIDAR, causando la pérdida total de muebles y enseres, infraestructura física, documentación y archivos de todos nuestros procesos de lucha social e histórica de nuestros pueblos indígenas Asociados (U ́wa, Sikuani, Betoy, Makaguan, Hitnü, Inga, Kiwcha) nuestras instalaciones fue el resultado de la lucha y unidad de nuestros ancestros. hoy las fibras de la espiritualidad física y ancestral fueron conmovidas ante este hecho, que emana las acciones de alteración del equilibrio teka kuira isuaij batro. “La guerra no debería existir en la madre tierra”.
Por todos los motivos que nos embarga solicitamos la atención inmediata para reconstruir nuestra sede y la garantía de los derechos humanos. Por todo lo que acontece; como pueblos ancestrales solicitamos ser excluidos del conflicto armado.
“Cuente con nosotros para la paz nunca para la guerra” por la unidad, cultura, territorio y autonomía
Junta directiva ASCATIDAR
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Desde ONIC rechazamos atentado ocurrido en Saravena – Arauca, que afectó las instalaciones de la organización Indígena ASCATIDAR
- por comunicaONIC
Bakatá, 20 de enero de 2022. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridad Nacional de Gobierno Indígena DENUNCIAMOS y ALERTAMOS al Gobierno Nacional, a la comunidad nacional e internacional y a la opinión pública en general que, tras la firma del Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016, la violencia sigue azotando el territorio nacional, provocando una gran afectación a nuestros territorios ancestrales, en especial en el departamento de Arauca y la frontera con Venezuela, colocando en riesgo sistemático a las comunidades indígenas de la ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - ASCATIDAR (Arauca), afiliada a la ONIC.
Tras los hechos ocurridos en la noche de este miércoles 19 de enero de 2022, donde un artefacto explosivo (carro bomba) afectó gravemente las instalaciones de ASCATIDAR en el municipio de Saravena, y la de organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos del Centro Oriente y el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, desde la ONIC hacemos un llamado a todos los actores armados legales e ilegales para que respeten a cabalidad la vida del pueblo Araucano en consonancia con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en especial las normas del Derecho Internacional Humanitario. RECHAZAMOS esta acción bélica que cobró también la vida de una persona y generó heridas a cinco ciudadanos más. Los Pueblos y Naciones Indígenas de Colombia resaltamos nuestra histórica vocación de paz y EXIGIMOS soluciones pacíficas, dialogadas y concertadas al conflicto armado del que hemos sido víctimas desde siempre; como Pueblos Originarios insistimos en fortalecer y vivenciar la UNIDAD frente a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los consecuentes hechos victimizantes que atentan contra la vida de los pueblos y territorios indígenas a lo largo y ancho del país.
Así mismo, EXIGIMOS al gobierno nacional en cabeza del Presidente Duque, garantizar una atención integral, pronta y efectiva a lo sucedido en Saravena, así como al conflicto que se vive en la frontera, donde los Pueblos Indígenas binacionales hemos sido desatendidos por el Estado Colombiano. Desde nuestros principios, rechazamos la respuesta militar como única salida a un conflicto que se agudiza por la inacción gubernamental.
Igualmente, hacemos un llamado de URGENCIA a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal de Saravena, a la Gobernación de Arauca, así como a Naciones Unidas y MAPP – OEA a que conjuntamente atiendan la grave situación que hoy se vive en Arauca y se adopten medidas con enfoque étnico diferencial y pertinencia cultural respecto a las afectaciones sufridas por los Pueblos y Naciones Indígenas en esta zona del país.
- ¡Cuenten con nosotros para la PAZ, nunca para la Guerra!
- ORGANIZACIÓN NACIONA INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC
- AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA
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Disidencias de las FARC declaran guerra “sin cuartel” al ELN en Colombia
El Frente 28 de las disidencias de las FARC declaró la guerra “sin descanso y sin cuartel” a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras los choques y atentados ocurridos en el departamento de Arauca las últimas semanas, mientras organismos piden al gobierno que interceda con una negociación, se informó el viernes (21.01.2022).
En un comunicado en video leído por uno de los comandantes, el Frente 28 reconoce la autoría del atentado perpetrado con carro bomba el 19 de enero en la ciudad de Saravena, por el que pide perdón, pero afirma que “los que se afanaron con esta guerra les manifestamos que ahí la tienen, sin descanso y sin cuartel”.
En este escenario, donde la tensión entre ambos grupos ha escalado brutalmente desde el comienzo del año y ya hay al menos 34 muertos en este departamento fronterizo con Venezuela, el Sistema Integral para la Paz pidió hoy la intervención del gobierno.
Este sistema, integrado por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), “hace un llamado urgente al gobierno colombiano a propiciar y/o facilitar diálogos humanitarios entre los actores armados inmersos en el recrudecimiento del conflicto en Arauca”.
A comienzos de este año ELN desató una serie de ataques contra supuestos miembros del Frente Décimo y Veintiocho de las disidencias de las FARC o personas vinculadas (o inocentes) a ese grupo.
Tras un ataque al sistema de acueducto de Saravena, autogestionado por la comunidad a través de una cooperativa, la madrugada del 19 de enero se produjo un ataque con carro bomba en el núcleo urbano de Saravena que costó la vida al vigilante Simeón Delgado.
La explosión tuvo lugar en el centro del núcleo urbano, donde funcionan comercios y oficinas, y aunque al parecer tenía como blanco la sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, los mayores daños los sufrió la agencia local del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), donde trabajaba Delgado.
En Arauca el ELN y las antiguas FARC ya se enfrentaron en una guerra de guerrillas entre 2004 y 2010, que dejó medio millar de civiles muertos y una gran cantidad de bajas en ambos grupos. De ahí salió una especie de “manual de convivencia”, donde las partes aceptaron respetar sus territorios y no enfrentarse entre ellas, acuerdo que se siguió respetando tras la desmovilización de las FARC.
Pero en los últimos meses estos dos frentes, que se cree están coordinados por las disidencias nacionales de alias “Gentil Duarte”, han crecido en tamaño y amenazan la hegemonía del ELN en esa zona del país y en el lado venezolano, donde se calcula que están entre el 60 y el 70% de sus efectivos.
gs (efe, WRadio
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Nunca se acabó la guerra en Colombia
20 ene, CI.- El 2022 inició con los asesinatos selectivos de 27 personas solamente en los departamentos de Arauca y Boyacá. Esta violencia corresponde a enfrentamientos entre grupos armados en la zona, que se disputan el control del territorio no solo colombiano sino también venezolano (pues es parte de la frontera entre ambas naciones). La confrontación ha ido aumentado y, como ha declarado el líder del grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ya no solamente buscan “acabar” con los grupos contrarios; sino que ahora les interesa la población organizada. ¿Por qué? Esta es la única manera de imponer su terror.
La noche de este 19 de enero, las personas que hacen parte del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia lanzaron la alerta de que había la amenaza de un carrobomba contra la sede de dicha organización. En ella se encontraban varios de sus líderes y lideresas, en un curso permanente de Derechos Humanos que desarrollan a raíz de la convulsa situación de su territorio. Esa noche no había electricidad en el sector.
Durante la llamada de alerta explotó la bomba. Se oyeron también disparos y parecía como si hubiera un fuerte enfrentamiento en la zona. Eran ráfagas de fusiles.
Por suerte, la gente organizada había dispuesto un cerco en la calle donde se encuentra la sede de los movimientos sociales y ahí los daños solo ocurrieron materiales. Pero la bomba explotó justo frente al Instituto Colombiano de Agricultura -ICA- y el celador (Simeón Delgado) resultó víctima mortal de este atentado terrorista. Ese mismo día, en horas de la tarde, había sido noticia el asesinato de uno de los líderes de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la cual también radica en el edificio.
Hay guerra en Arauca
De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-, en tan solo 17 días del presente año, en Colombia se han asesinado tres líderes sociales y se han perpetrado seis masacres. Pobladores del departamento de Arauca han sido víctimas de confrontaciones armadas, y se han visto forzados a desplazarse del lugar.
Además, en el atentado de anoche también resultaron afectados las sedes de varias organizaciones sociales como la Asociación de Juntas de Acción Comunal, la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas de Arauca, la empresa de transporte Sugamuxi, varios sindicatos, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y la Asociación de Educadores -ASEDAR
Desde Saravena también se reportó que, al mismo tiempo que estalló el carrobomba la noche de este 19 de enero, dispararon ráfagas de fusil contra la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena -Ecaaas-, la cual ya había sufrido otro atentado a inicios de la semana pasada.
Aunque la situación de este territorio es muy preocupante, no es la única en el país. El sur de Bolívar y el Pacífico colombiano también reportan enfrentamientos entre grupos armados, avance del paramilitarismo, ataque de las disidencias de las antiguas FARC contra la población civil, muertes, desplazamientos… en fin, la situación que en Colombia no ha parado a pesar de los bombos y platillos que tuvo el fallido e incumplido Acuerdo de Paz del 2016.
Atacan al pueblo
Alias Antonio Medina, cabecilla de las disidencias al mando de Gentil Duarte (grupo armado y narcoparamilitar que nunca participó en las conversaciones de Paz), ha proferido amenazas contra el movimiento social de Arauca mediante audios que circula por Whatsapp. En ellos afirmó que “la idea es volar esos negocios de los manes, Juntas, Asojuntas, líderes de ellos, toda esa mierda hay que matar”, al mismo tiempo que estigmatiza al pueblo organizado y lo nombra como parte del Ejército de Liberación Nacional.
Cabe resaltar que el carrombomba fue plantado en pleno centro de Saravena, y a unos escazos 200 metros de una estación de policía. Sonia Díaz, directora de la Fundación de DDHH Joel Sierra, asegura que “la organización sufre de estigmatización por las denuncias interpuestas contra las disidencias de las Farc, nos han declarado como zona roja”.
A pesar que la presencia del Gobierno Nacional en la zona, de la visita del Presidente el pasado lunes y de la llegada de 600 militares para “reforzar” el territorio, la guerra continúa contra la población.
En el atentado de anoche, además de las organizaciones nombras, también resultaron víctimas las sedes de dos medios de comunicación popular: Trochando sin fronteras y Sarare Stereo. Colombia Informa se solidariza con las y los compañeros de ambos medios y exige al Estado que garantice realmente el derecho a informar y ser informado que tienen las comunidades organizadas en el país. Estamos de acuerdo con ustedes en que ningún atentado terrorista doblegará la construcción de una Colombia libre y soberana.
La población araucana y las organizaciones sociales de ese territorio hoy exigen presencia de organismos de control y reales garantías de su seguridad. Asimismo, hacen un llamado al Estado para que adelante las gestiones necesarias para salvaguardar la vida de los habitantes, de las y los líderes sociales y defensores de DDHH de la región.
CI ACh y PC/PC/20/01/2022/13:00
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“En Arauca hemos sufrido la guerra en todas sus formas”
http://www.colombiainforma.info/entrevista-en-arauca-hemos-sufrido-la-guerra-en-todas-sus-formas/
12 ene, CI.- Este 2 de enero distintas organizaciones del departamento de Arauca, en Colombia, declararon emergencia humanitaria en la región, debido al incremento de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Sin embargo, el contexto que abarca la violencia actual en esta región es mucho más amplio.
Arauca, un departamento ubicado al oriente del país, reúne distintos proyectos minero – energéticos y una de las tasas más altas de soldados por cantidad de habitantes. Además, cuenta con un amplio abanico de organizaciones sociales y populares que históricamente han luchado por la permanencia en el territorio.
Durante los últimos días esta región ha sido el escenario de confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, lo cual ha desatado una emergencia humanitaria que tiene un saldo de 27 personas muertas, además de un número indeterminado de retenidas y desplazadas.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra fue la primera organización en alertar sobre esta situación y desde ese momento ha acompañado a las comunidades. Conversamos con Sonia López, representante de la Fundación, acerca del contexto que envuelve al departamento y que trasciende la coyuntura.
Muchos medios de comunicación han atribuido la emergencia humanitaria en Arauca a los enfrentamientos entre ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué otros elementos de contexto consideras que son relevantes tener en cuenta para entender lo que está pasando?
Colombia se desenvuelve en una dinámica social, política y económica internacional, determinada por el modo de producción capitalista, quienes han determinado para cada país unas tareas específicas de acuerdo a sus intereses de acumulación; a nuestro país le han designado la tarea de proveedor de materias primas. En ese sentido nuestros territorios se han convertido en objetivo para el saqueo y despojo de los bienes de la naturaleza y para lograr esos objetivos de acumulación capitalista, el Estado colombiano, servil a los imperios, ha desatado una estrategia de agresión contra el pueblo colombiano, sus organizaciones sociales y su proyecto de vida.
Arauca tiene unas características particulares: su riqueza en bienes de la naturaleza (petróleo, agua y biodiversidad), apetecibles para el capital nacional y extranjero, es frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela, por lo que nuestro territorio se convierte en geoestratégico en el marco de la guerra imperialista y sus planes injerencistas e intervencionistas contra el hermano país. El movimiento social y popular en Arauca tiene un histórico tejido social que ha resistido y materializado su Plan de Vida bajo la consigna de defensa de la vida y permanencia en el territorio, hecho por el cual hemos sido estigmatizados, perseguidos y criminalizados, vistos por el Estado colombiano y como “enemigos internos” en el marco de la doctrina de seguridad nacional.
¿Cómo se ha traducido esto en la vida y la permanencia de las comunidades en la región?
Aquí hemos sufrido los rigores de la guerra de todas sus formas: por un lado un histórico abandono estatal en materia de inversión social, al punto de que lo que existe en Arauca en materia de infraestructura en salud, vías, educación, es producto de las jornadas de movilización social que han llevado al Estado a hacer esas inversiones. Hemos sido declarados por el Estado colombiano como laboratorio de guerra y aquí se han implementado las diversas estrategias de una supuesta lucha contrainsurgente, contra el terrorismo y antidrogas entre otras.
Nos han estigmatizado, nos declararon zonas de rehabilitación y consolidación, se quiso consolidar el proyecto paramilitar, nos aplicaron las diversas fases de fumigaciones aéreas y militarización en el marco del plan Colombia; nos han masacrado, han desarrollado el eje de ejecuciones extrajudiciales con más de cien casos documentados y denunciados.
Nos han judicializado y encarcelado masiva y selectivamente; desde el 2002 hasta la fecha contamos por lo menos 353 compañeros judicializados y/o encarcelados, en promedio 18 dirigentes, líderes comunitarios y defensores de DDHH por año. A esto se suma las consecuencias del conflicto armado que durante el 2021 dejó por lo menos 150 asesinatos selectivos, personas retenidas y otras heridas, afectaciones a los bienes civiles, entre otras.
Casi cuarenta años de exploración y explotación petrolera no se ven compensadas en la vida digna para los araucanos, al contrario, tenemos una hecatombe social, humanitaria, económica y ambiental. Las corporaciones petroleras tienen responsabilidad en el financiamiento de esta guerra y en la criminalidad contra el movimiento social.
Hemos denunciado la financiación económica a la fuerza pública y a las estructuras de apoyo de la fiscalía, siendo estos responsables de desarrollar y ejecutar los montajes judiciales contra los líderes, lideresa y defensores de derechos humanos. Además de financiar económicamente mediante convenios de cooperación a la fiscalía, policía y ejército, las petroleras se han declarado como víctimas dentro de los procesos penales seguidos contra los líderes judicializados.
Esta situación tiende a empeorar con la implementación de nuevos proyectos petroleros en Saravena, Arauquita, Tame y Fortul, cuestión que coincide con la implementación de las denominadas zonas estratégicas de intervención integral o zonas futuro, que no son más que la continuidad del plan Colombia y su plan guerrerista, en el que el mayor componente es de carácter militar. Con el poco componente social a través de programas asistencialistas se pretende limpiar la imagen de la fuerza pública, bastante desprestigiada por los más de 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales y las masacres en el marco de las movilizaciones.
¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno Nacional en lo que ocurre actualmente en Arauca?
El Estado es el único responsable de garantizar los derechos humanos, por tanto, en la situación del país y de Arauca el Gobierno, como representante del Estado, es responsable por acción y omisión. Por un lado, no garantiza las mínimas condiciones de subsistencia para la mayoría de colombianos, así lo demuestran los altos índices de pobreza, pobreza extrema y desempleo. Por otra parte, ha agenciado y desarrollado estrategias de criminalización con la que han cobrado la vida, libertad, integridad de personas, pueblos y territorios.
Frente al conflicto armado no ha tenido la voluntad para cumplir los mínimos acordados en el marco del acuerdo de paz.
Tampoco ha cumplido los acuerdos pactados con el movimiento social en el marco de las diversas movilizaciones y espacios de interlocución.
¿Cuál es la postura de la Fundación Joel Sierra frente a la militarización del territorio como respuesta a problemáticas sociales?
En Arauca como en el resto del país se libra un conflicto que es social, político y armado, que tiene unas causas estructurales basadas en la desigualdad e inequidad generada por el modo de producción capitalista, que deben superarse y que mientras esas causas persistan la violencia va a estar a la orden del día.
Arauca es un territorio altamente militarizado, hay más de 9 mil militares, además de la policía y la armada. Esa militarización no ha estado al servicio de proteger la vida, integridad, bienes y proyectos de la población araucana, sino al servicio de los intereses del capital nacional y extranjero, principalmente al cuidado de la infraestructura petrolera. Si la militarización fuera la solución a la crisis humanitaria del territorio ya se hubiera solucionado.
¿Cómo se refleja esto en el contexto actual?
Esta situación que se presenta estos últimos días en Arauca viene siendo usada por el Estado para seguir justificando la alta militarización y con ello la agresión contra las comunidades y sus proyectos, y como forma de seguir preparando el terreno a los planes injerencistas e intervencionistas contra Venezuela, para los cuales este territorio es geoestratégico.
Resulta que, a años de abandono estatal en inversión social, de alta violación a los derechos humanos, de saqueo y despojo, el Estado, el Gobierno Nacional y la fuerza pública, se quieren mostrar como protectores de la población civil araucana, pero que su real interés es proteger y garantizar sus objetivos económicos en el territorio, pues no es coincidencia que preciso los dos nuevos batallones llegan a zonas donde se desarrollan nuevos proyectos petroleros.
¿Cómo han respondido históricamente las comunidades y los procesos sociales a este contexto de extractivismo y violación sistemática de los Derechos Humanos?
Las comunidades en el departamento de Arauca a años de abandono estatal en inversión social, de violencia estructural y directa, y pese a las consecuencias del conflicto armado, se han organizado en los diversos sectores y procesos sociales alrededor de un Plan de Vida, que contiene las apuestas políticas, propuestas, programas y proyectos con los cuales han venido haciendo las transformaciones sociales, políticas y económicas para la vida digna y la permanencia en el territorio.
Así, en el día a día se siguen materializando y fortaleciendo los proyectos en defensa de la salud como es la red pública hospitalaria, la medicina ancestral y tradicional, la educación pública y de calidad en los diversos niveles; el fortalecimiento de la producción campesina, por lo que se sigue insistiendo en la agro industrialización, se le apuesta a la terminación de la planta procesadora de plátano, leche, agro insumos, y al fortalecimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios para la producción agroecológica de alimentos, cuidado del agua y el entorno natural. Además, se apuesta por la prestación de servicios públicos a través de empresas comunitarias como ECAAAS ESP, EMCOAFOR, ECADES, entre otras.
Le seguimos apostando a la Paz entendida como la vigencia plena de los derechos. Por ello, en el día a día el Plan de Vida del movimiento social se convierte en nuestra propuesta de Paz, una paz que se refleje en condiciones reales para la permanencia en el territorio en condiciones de dignidad.
¿Qué acciones se han tomado desde las organizaciones sociales y comunitarias para hacer frente a lo que está pasando?
Frente a los últimos hechos, comprometidos con nuestro legado de defensa de la vida y el territorio, hemos estado visibilizando la situación, llamando a las autoridades municipales y departamental, a los organismos humanitarios y a la comunidad internacional para acompañar las iniciativas que desde las comunidades se han propuestos en razón de proteger la vida y garantizar la permanencia en el territorio.
También, alentando a las comunidades para fortalecer el tejido comunitario y los mecanismos de autocuidado para la protección de la vida y el territorio.
CI ND/12/1/2022/8:00