El periódico digital salvadoreño publicó conversaciones entre un funcionario cercano a Bukele y pandilleros que confirman que las muertes de 87 salvadoreños a finales de marzo se debieron a la ruptura del acuerdo entre el gobierno de El Salvador y la MS13.

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“En todos estos años que se ha venido llevando un pacto con este Batman, los homicidios han estado a cero. Siempre llevándolo nosotros”. Se lo dijo un líder de la MS13 al periodista Carlos Martínez de El Faro. Esa es solo una de las confirmaciones del pacto que el gobierno de Nayib Bukele, a quien el pandillero se refiere con el nombre del superhéroe de caricatura, ha tenido con la pandilla MS13 desde que asumió su mandato presidencial en junio de 2019.

La declaración del líder pandillero se suma a siete audios que El Faro expuso en una publicación del 17 de mayo que titula “Audios de Carlos Marroquín revelan que masacre de marzo ocurrió por ruptura entre Gobierno y MS”. Marroquín, de alias Sliptone, es un funcionario de la presidencia que ha sido el nexo entre Bukele y las pandillas desde que el político fue alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018. Y la masacre es la escalada de violencia que dejó 87 cadáveres de salvadoreños y salvadoreñas en las calles y barrios del país.

Los audios, cuya autenticidad El Faro corroboró con múltiples fuentes y pruebas tecnológicas, son de llamadas entre Marroquín y líderes pandilleros en el marco de esa escalada de violencia. En esencia, se escucha a Marroquín dando explicaciones a las pandillas por acciones del gobierno que hicieron colapsar el pacto e intentando mantener vías de diálogo abiertas.

Dos de los audios dejan claro, además, que Marroquín se comunicaba con su jefe, el presidente Nayib Bukele, para mantenerlo al tanto de las conversaciones con las pandillas y de las condiciones que estas ponían para mantener vivo el pacto.

En una de las llamadas con pandilleros, Marroquín da a entender que el pacto se rompió luego de que agentes gubernamentales, supuestamente bajo órdenes de Gustavo Villatoro, ministro de seguridad pública, arrestaron a un grupo de pandilleros que viajaban en un vehículo proporcionado por el gobierno y era conducido por un empleado gubernamental. Esas capturas, se entiende en las conversaciones reveladas, despertaron la ira de la MS13, organización a la que pertenecen los arrestados, y provocaron la masacre de marzo.

Marroquín explica a sus contrapartes en la MS13 que él llevó a Bukele el mensaje de que las pandillas daban un plazo de 72 horas al gobierno para rectificar. El presidente, a quien Marroquín y sus interlocutores se refieren como Batman en las conversaciones, no reaccionó bien ante la amenaza. Luego vino la matanza.

Varias publicaciones periodísticas han dado cuenta, en el último año y medio, del pacto entre Bukele y las pandillas, que entre otras cosas permitió al presidente mantener a la baja los homicidios en el país.

El trato también incluyó apoyo electoral a candidatos de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, en los territorios controlados por las pandillas, que son amplios e incluyen municipios y barrios populares de alta densidad poblacional.

Bukele y su gobierno siempre negaron el pacto, pero, además de las revelaciones periodísticas, investigaciones criminales en Estados Unidos y El Salvador determinaron que este existía y que altos funcionarios cercanos al presidente estuvieron involucrados desde el principio.

Ya en 2020, una unidad de investigaciones especiales en la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), dirigida por el fiscal German Arriaza, inició una investigación por sospechas de que el pacto pandillero con el gobierno se gestaba desde las cárceles del país, controladas por Bukele a través de Osiris Luna Meza, el director de prisiones.

Cuando tuvo suficiente control político del Congreso y el Judicial, Bukele nombró al abogado Rodolfo Delgado como fiscal general para, entre otras cosas, enterrar las investigaciones sobre el pacto pandillero. Delgado despidió a Arriaza, quien ahora vive exiliado en Washington.

Una fuerza de tarea conjunta, formada por agentes estadounidenses del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia y coordinada en principio desde la embajada en San Salvador, continuó con las investigaciones y encontró suficientes indicios de la participación de Bukele en el pacto, de lo cual informó al entonces embajador de Donald Trump en El Salvador, Ronald Johnson. En lugar de tomar cartas en el asunto, según han confirmado al menos dos funcionarios estadounidenses, Johnson sacó de El Salvador a uno de los contratistas que estaban trabajando las investigaciones.

El gobierno de los Estados Unidos dio por verdadero el pacto y sancionó a Marroquín y a Luna Meza. También, de acuerdo con oficiales consultados en Washington, un juez de Nueva York tiene listas acusaciones penales contra estos dos funcionarios por negociar con las pandillas “en nombre” de Nayib Bukele.

La más reciente publicación de El Faro y los audios de Carlos Marroquín lo confirman todo: que había un pacto, que Bukele estuvo al tanto de él en todo momento y que la reducción de homicidios, que el gobierno salvadoreño ha presentado como uno de sus logros insignia, se debe al entendimiento con las pandillas. La publicación sirve, también, para desmentir otras cosas, como el Plan Control Territorial, una supuesta hoja de ruta

Huida hacia Guatemala

Otra de las revelaciones importantes del reportaje es que Marroquín sacó de la cárcel a Élmer Canales Rivera, alias Crook, uno de 14 líderes de la MS13 a los que el gobierno de Estados Unidos reclama en extradición para que respondan allá por delitos de terrorismo y homicidios.

Desde que el gobierno de Bukele decretó el estado de excepción en marzo -la medida continúa y según fuentes legislativas salvadoreñas los diputados oficialistas se disponen a renovarla por segunda vez-, la propaganda oficial ha evitado referirse a la negativa del gobierno salvadoreño de extraditar a los líderes de la MS13.

A finales de 2020, el Departamento de Justicia presentó a una corte de Nueva York una acusación por terrorismo, homicidios y otros delitos que implica a 14 líderes de la MS13. Después, el gobierno estadounidense giró peticiones oficiales de extradición.

Para principios de 2021, Washington estaba trabajando con el entonces fiscal general, Raúl Melara, en esas extradiciones. Melara viajó a la capital estadounidense para finiquitar detalles y resolver escollos legales, como garantizar que Estados Unidos respetara los derechos procesales de los pandilleros, lo cual implicaba, entre otras cosas, sacar de la mesa la posibilidad de que los fiscales norteamericanos pidieran la pena de muerte. En mayo, sin embargo, diputados afines a Bukele se deshicieron de Melara e impusieron en el puesto de fiscal general a Rodolfo Delgado, quien pidió a la corte no enviar a Eliú Melgar Díaz, alias Blue, otro de los extraditables.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cinco de ellos elegidos también por los diputados bukelistas, mantienen estancada la extradición de Melgar Díaz.

El 4 de abril pasado, el Departamento de Justicia advirtió al juez neoyorquino que lleva la causa contra los pandilleros salvadoreños de que el gobierno salvadoreño había dejado en libertad a cuatro de los líderes reclamados en extradición, los cuales, se suponía, seguían presos en El Salvador. Uno de los liberados es “Crook”, a quien, en efecto, el gobierno de Nayib Bukele liberó a pesar de la petición estadounidense.

Los audios de El Faro terminan de explicar la alianza del gobierno Bukele con los líderes pandilleros extraditables. Carlos Marroquín, que en este artículo periodístico queda perfilado como el gran negociador en el tema pandillero, fue quien sacó a Crook de la cárcel y lo llevó hasta Guatemala.

“Yo, al Viejo, lo saqué de adentro… en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza, pues. Yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a dejar a Guatemala…”, dice Marroquín en una de las llamadas.

Antes que Bukele, varios políticos salvadoreños de izquierda y derecha negociaron con la MS13 y el Barrio 18 mejores condiciones carcelarias y dinero a cambio de apoyos electorales y de mantener baja la cifra de homicidios. Sin embargo, por lo expuesto hasta ahora en las investigaciones criminales y periodística, ninguna de esas relaciones fue tan profundo como la que ha tenido Nayib Bukele con las pandillas.