Meses atrás, el entonces candidato Gustavo Petro sostenía que Colombia debía dejar atrás se dependencia en la exportación de carbón e hidrocarburos. Una vez Presidente, no renunció a esa intensión, y ello ha alimentado la multiplicación de los debates sobre las llamadas “transiciones”, que por lo general se enfocan en energía o cambio climático.

Debe ser bienvenida la proliferación y la diversidad de voces en esa temática, pero al mismo tiempo no pude ocultarse que aumentó la confusión sobre qué son las transiciones y qué implicarían. La vorágine de proposiciones, que por momentos se volvió un entrevero, en muchos casos considera a esas transiciones como una respuesta a una problemática esencialmente ecológica o energética. Desde esa mirada se insiste en asuntos como contar con fuentes de energía que sean renovables, controlar la minería, evaluar los impactos del cambio climático, etcétera, lo que hace que pareciera que esas transiciones son una cuestión ambiental, y que su resolución es sobre todo tecnológica, como pueden ser pasar de motores que queman gasolinas a automóviles con baterías eléctricas.

Entretanto, en otro carril se encontrarían las discusiones sobre los derechos humanos en Colombia, los modos de remontar la violencia y el fortalecimiento de la justicia. Esa preocupación, a su vez, estará enmarcada en asegurar la paz como una prioridad esencial para el nuevo gobierno.

No es antojadizo indicar que muchos entienden que se lidia con dos asuntos separados: por un lado las transiciones, y por el otro el marco de derechos y la justicia. Sin embargo, esa es una grave simplificación. La elaboración de transiciones que superen la dependencia en exportar carbón, hidrocarburos y otros recursos naturales, está íntimamente vinculado a la salvaguardia de los derechos y a asegurar todas las dimensiones de las justicias. A su vez, cualquier abordaje serio de los derechos y de las justicias que se intente en este momento histórico en Colombia, como en el resto de América Latina, exige pensar y proponer transiciones a los extractivismos.

Impactos, derechos y violencias

La estrecha vinculación entre esos conceptos se puede fundamentar de variados modos. Si se la aborda desde las implicancias de los extractivismos, debe tenerse presente que Colombia, como ocurre con otros países sudamericanos, se ha vuelto un enorme exportador de recursos naturales (estimándose que sus exportaciones de tal rubro, medidos en una escala física, supera los 110 millones de toneladas cada año).

Esa apropiación de recursos desde la Naturaleza tiene múltiples impactos negativos, tales como la reducción de biodiversidad, la deforestación, la contaminación de suelos y aguas, pero también el desplazamiento de comunidades, pérdida de áreas de cultivo o del agua potable e, incluso, la distorsión de la economía nacional, destruyendo la industria local y haciéndola más dependiente de exportar materias primas. Ese entramado de efecto a su vez está teñido por la violencia, la que afecta sobre todo a comunidades rurales, campesinos o indígenas, ya que allí están los enclaves extractivos.

Cuando se examinan ese tipo de consecuencias queda en claro que se violan todo tipo de derechos. Desde los más fundamentales, como el que asegura la vida pero que más allá de su reconocimiento no logra impedir los asesinatos de líderes ambientales, o el de alimentación, que tampoco evita que mueran de hambre niños en La Guajira, hasta aquellos de tercera generación asociados a un ambiente sano, que tampoco detienen la contaminación de aguas y suelos, o la deforestación. Como puede verse, los extractivismos están enmarcados en desconocer los derechos de las personas y de la Naturaleza. Esas prácticas, en la actualidad, tienen una alta intensidad y una enorme expansión geográfica, terminan siendo incompatibles con muchos de los derechos reconocidos en el país. Es más, sólo es posible seguir adelante con los extractivismos si se recorta o debilita la salvaguarda de los derechos.

Como es sabido, los impactos de los extractivismos desencadenan la resistencia desde las comunidades locales, y entonces se recurre a más violaciones del marco de derechos para sostenerlos. Esto ocurre con las trabas para contar con rigurosas evaluaciones ambientales o monitoreos efectivos, las limitaciones en el acceso a la información o la anulación de medios de participación.

En situaciones más graves se llega a la violencia, sea la organizada desde el Estado con la policía y militares que protegen los enclaves extractivos, como las de grupos armados o bandas criminales que, por ejemplo, operan en los circuitos de la minería de oro a apelan a sicarios para asesinar líderes locales. Para las condiciones por las cuales se avanza en los extractivimos por medios de incumplimiento en las garantías de los derechos y creciente violencia, se utiliza el término extrahección. Es una palabra que proviene del latín, extraher, y que significa arrancar con violencia.

Ante esas condiciones, son necesarias las alternativas a los extractivismos, y es allí donde son inevitables las transiciones, que en su sentido sustantivo implican dejar atrás ese tipo de actividades. Esa es la respuesta adecuada ante los intolerables efectos ecológicos y sociales, pero lo es también para asegurar la salvaguarda de los derechos. Es por esa razón que las personas y organizaciones enfocadas en los derechos deben participar en la construcción de transiciones. En sentido inverso, si se desea realmente asegurar los derechos, sea de las personas como los del ambiente, no existe otra opción que comenzar a salir de la dependencia extractivista. Su intensidad es tan alta que su problemática no se resuelve con más tecnología ni más dinero.

Justicias y derechos plurales

El compromiso con los derechos implica al mismo tiempo uno con la justicia. Ambas categorías se vuelven indispensables para las transiciones, pero a la vez se reconoce que es necesario analizarlas y actualizarlas. En efecto, se deben atender las circunstancias actuales, las innovaciones latinoamericanas a las urgencias que imponen los extractivismos. Se imponen, por lo tanto, redefiniciones, ajustes y clarificaciones en los dos conceptos.

Por un lado, en cuanto a los derechos no solamente involucra los más conocidos, los civiles y políticos, sino también los llamados de tercera generación, que incluyen las dimensiones sociales, culturales y económicas, así como las ambientales. Pero no solo ello, sino que una de las innovaciones más importantes en América Latina ha sido el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza, tal como ocurrió en Ecuador y se discute en otros países. En Colombia esos derechos han sido judicialmente otorgados, entre otros sujetos, al Río Atrato y a toda la ecoregión amazónica. Todos los derechos se deben asegurar al mismo tiempo, y no es posible mantener uno mientras que se violan otros como muchas veces se justifica en los extractivismos.

Por otro lado, también están en juego las concepciones sobre la justicia. Los incumplimientos en la salvaguarda de derechos, tales como los observados en los extractivismos sudamericanos, y en especial en el caso de las extrahecciones, deja en evidencia la debilidad del compromiso con la justicia. Es una limitación desde el Estado, desde buena parte de los actores políticos partidarios, pero también por muchos sectores ciudadanos –lo que debemos admitir con tristeza. Se ha naturalizado y aceptado el asesinato de líderes locales, que mueran niños de hambre, que comunidades no cuenten con agua potable, o que muchos sean forzados a abandonar sus hogares. Hechos como esos no provocan el horror ni el rechazo generalizado que se esperaría en las grandes ciudades, tampoco hace tambalear a gobiernos. Parecería que la brutalidad se convierte en un ingrediente más de una cotidianidad que es aceptada con resignación; es una condición por la cual la política deriva hacia una necropolítica.

Bajo estas condiciones, si se pretende asegurar el marco de derechos se vuelve indispensable fortalecer el compromiso con la justicia. No sólo se deben rescatar las clásicas ideas de justicia, sino también las reformulaciones en marcha en este siglo XXI. Es una justicia en plural que se expresa en varias dimensiones. Incluye la más conocida, la justicia “social”, pero le suma otra, “ambiental”, ya que el deterioro en el entorno, como ocurre con el acceso o la calidad del agua, también afecta a las personas, y en particular a los más pobres y pueblos indígenas. Las injusticias sociales casi siempre incluyen injusticias ambientales. Pero además se debe incorporar la dimensión de una justicia “ecológica”, la que sustenta los derechos de la Naturaleza, tal como se indicó arriba. Esta es una justicia independiente de aquella enfocada en las personas ya que su propósito es asegurar la sobrevida de las especies vivas y de los ambientes que habitan. Esa reformulación ampliada de las nociones sobre justicia son las que a su vez fundamentan las nuevas concepciones sobre los derechos.

Un genuino compromiso con esas justicias es imposible bajo los actuales extractivismos, y del mismo modo, asegurar la salvaguarda de todos los derechos haría que buena parte de los extractivismos fuesen inaceptables. Por lo tanto se deben buscar transiciones de salida, y ese foco en las justicias nutre, al mismo tiempo, el compromiso con la salvaguarda de los derechos. Son mutuamente dependientes.

Alerta ante el simplismo

El actual entrevero en los modos de invocar las transiciones impone la precaución para no caer en simplificaciones. La más común es sostener que los extractivismos son necesarios como fuente de recursos financieros o empleo, lo que permitiría reducir la pobreza. Es una justificación que invoca, a su manera, lo que sería una justicia social. Pero un examen riguroso de la evidencia muestra que los extractivismos han sido incapaces por sí solos de reducir la pobreza, que los recursos financieros que proveen son mucho menos que los publicitados por empresas y gobiernos, y que, en cambio, les impone una pesada carga a la sociedad. Esto se explica por los subsidios y exoneraciones gubernamentales otorgadas a esos emprendimientos, y por los daños sociales, sanitarios y ecológicos que terminan siendo asumidos por las comunidades o el Estado.

Del mismo modo, hay que estar alerta ante los slogans de una minería “sostenible” o “ecológica”, que apela entre otros elementos a unas tecnologías “verdes”. En buena parte de las situaciones son acciones publicitarias que ofrecen como ilusión que algunas medidas o indicadores. Un ejemplo es presentar a indicadores de cambio climático como si ello por si solo asegurara que un extractivismo minero se vuelve sostenible; otro caso es sostener que es suficiente pagar compensaciones en dinero a las comunidades locales para resolver las contradicciones ecológicas y sociales.

Simplismos como esos no ofrecen efectivas transiciones para ir más allá de los extractivismos, y al mismo tiempo erosionan el entramado de derechos y las concepciones de la justicia. En lugar de ser soluciones se vuelven parte del problema. Desembocan en sacrificar un tipo de derechos por otro (por ejemplo, aceptar un pago en dinero a cambio del deterioro ecológico), y un suplantar un tipo de justicia por otro (siguiendo con el ejemplo anterior, presentan una redistribución económica como si ese mecanismo resolviera todos los componentes de la justicia social).

El antídoto ante los extractivismos, e incluso ante esas y otras falsas soluciones, se basa en justicias vigorosas en todas sus dimensiones, y no solamente en una de ellas, o en uno de sus componentes. Ese mandato es el que nutre las metas de las transiciones postextractivistas. Esa secuencia, por ejemplo, en los países andinos llevó a reconocer los derechos de la Naturaleza, lo que implicaba una justicia ecológica, y desde allí se desembocó en proponer una moratoria de la explotación petrolera en la Amazonia para asegurar la protección de su biodiversidad, y al mismo tiempo atender los derechos de los pueblos indígenas. Similares razonamientos podrían seguirse en Colombia en tanto la región amazónica ya ha sido reconocida con derechos propios.

El caso colombiano lidia con una urgencia particular en asegurar la paz como condición para poder asegurar el marco de derechos y justicias como para dar los primeros pasos en una transición postextractivista.

Una íntima articulación

Este breve recorrido muestra la íntima asociación entre las ideas de justicia y derechos con las de transiciones postextractivistas. No siempre es sencillo reconocer estas relaciones reciprocas. Una explicación reside en que esos temas son tratados por separado como reflejo de la división entre distintas disciplinas; es usual que la problemática de los extractivismos sea abordada desde la economía, ecología política u otras ciencias sociales, mientras que las cuestiones de derechos estarían en manos de abogados, y las de justicia de filósofos o politólogos. Pero en realidad todos esos componentes están íntimamente asociados.

Al mismo tiempo, desde las elites empresariales, políticas y académicas, se insiste en reproducir una desconexión ya que eso se vuelve funcional a los extractivismos. De ese modo se asume que, por ejemplo, los impactos de la minería serían esencialmente ecológicos y se podrían resolver tecnológicamente, con lo cual se esconden las violaciones de derechos involucradas en la pérdida del agua y de la alimentación.

No es posible un compromiso con las justicias ni asegurar los derechos en todas sus expresiones, sin comenzar inmediatamente una transición de salida de los extractivismos. Esa estrecha vinculación es un elemento distintivo de la coyuntura latinoamericana. A la vez, un plan riguroso, serio y efectivo de las transiciones no puede ser ni pensando ni elaborado sin asegurar los derechos y comprometerse con todas las justicias. Las concepciones sobre justicia y derechos por un lado, y las transiciones por el otro, son mutuamente dependientes, están entretejidas, se alimentan entre ellas. El fracaso en un componente arrastra a los otros, y el éxito en cualquiera requiere el éxito en todos a la vez. Son esas condiciones las que hacen al debate sobre transiciones tanto urgente como imprescindible.

Informaciones adicionales

–    Sobre los derechos de la Naturaleza y sus expresiones en América Latina: Derechos de la Naturaleza. Etica biocéntrica y políticas ambientales, E. Gudynas, edición para Colombia publicada por el Jardín Botánico J.C. Mutis (Bogotá).

–    Sobre extractivismos, corrupción y violencia: Extractivismos y corrupción. Anatomía de una íntima relación, E. Gudynas, Desde Abajo (Bogotá).

–    Más informaciones sobre transiciones y alternativas a los extractivismos en: www.transiciones.org

–    Texto basado en ideas compartidas en un conversatorio realizado en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), y en una conferencia sobre transiciones en la Universidad Santo Tomás, en Bogotá en setiembre 2022. Una primera versión se publicó en la sitio en internet de Cajar y fue reproducido por otros portales.

*    Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).