Perú terminó el domingo contando muertos. Primero fueron nueve, luego doce, catorce, hasta llegar a 17 según informó la Defensoría del Pueblo. Los hechos ocurrieron en Juliaca, en el departamento de Puno, frontera con Bolivia. Allí se desarrolló la quinta jornada consecutiva del paro por tiempo indefinido que comenzó el pasado 4 de enero con epicentro en el sur del país, en particular en esa región de mayoría aimara, fuertemente movilizada, donde ya se habían registrado graves incidentes el viernes con otro intento de toma del aeropuerto.

Las imágenes y testimonios dieron cuenta de una represión nuevamente desmedida. Uno de los fallecidos, Marco Antonio Samillan, tenía 31 años y era interno de medicina: recibió un disparo mientras intentaba auxiliar a personas heridas. Enfermeras del Centro de Salud Mariano Melgar, por su parte, denunciaron las fuerzas de seguridad estaban “mandando perdigones y balas sobre el establecimiento de salud” mientras atendían a los heridos por la actuación de la Policía y el Ejército. “¿Qué más quieren? Ya han matado tanta gente, ¿qué más quiere la presidenta”, afirmó una de ellas ante una de las pocas cámaras que llegó hasta el lugar.

“Solicitamos a las fuerzas del orden hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza y exhortamos a la Fiscalía a realizar una investigación célere”, comunicó la Defensoría, una demanda en el marco de una crisis que sumó 45 muertos por represión en un mes protestas, en un país que se encuentra bajo estado de emergencia y militarizado. Los hechos ocurridos en Juliaca generaron varias acciones de protesta en el país, como en Cuzco, o Lima, donde en los últimos días fueron registradas numerosas detenciones durante las protestas, como el viernes en la noche con 200 detenidos. “Detenciones masivas y arbitrarias buscan infundir temor y desalentar el ejercicio del derecho a la protestas” afirmó entonces la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Más fuego al fuego

“Protestas de qué, no se está entendiendo claro qué están pidiendo (…) lo que están ustedes pidiendo es pretexto para seguir generando el caos”, afirmó Dina Boluarte al enterarse de uno de los primeros fallecimientos en Juliaca. Lo hizo en el marco de la reunión del denominado Acuerdo Nacional, donde participaban el primer ministro, Alberto Otárola, el presidente del Congreso, José Williams, la mayoría de los gobernadores regionales, entre otros actores políticos. La reunión fue suspendida cuando comenzaron a llegar las noticias de los muertos.

El primer ministro, Alberto Otárola, no asumió ninguna reflexión crítica 

Otárola se dirigió en la noche en un mensaje televisado donde afirmó que lo ocurrido en Juliaca fue “un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de derecho y hacia las instituciones”. El premier, quien fue ministro de Defensa de Boluarte durante diciembre cuando ocurrieron 28 muertos en las protestas, no asumió ninguna reflexión crítica, de llamado al diálogo o a la conciliación. Todo lo ocurrido fue, explicó, “responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país”, que estarían dirigidos por Pedro Castillo, quien se encuentra detenido con 18 meses de prisión preventiva.

El discurso del premier arrojó más fuego al fuego. Sin anuncio de revisión del accionar de las fuerzas de seguridad luego de 45 personas asesinadas, ni reconocimiento, al igual que Boluarte, de los reclamos de quienes se han venido manifestando. Otárola englobó a las 9.000 personas -cifra oficial- que se manifestaron en Juliaca como “hordas de delincuentes” que estarían siendo financiadas por “dineros foráneos, extranjeros y oscuros del narcotráfico”.

La mención a los “dineros extranjeros” se enmarcó en la campaña que comenzó contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, días atrás vía congresistas de derecha, medios como El Comercio, y el mismo Ejecutivo. El Gobierno anunció el lunes la prohibición de ingreso al país del dirigente boliviano junto a otros ocho ciudadanos del país vecino. Morales fue acusado de “amenazar el orden interno” y haber sido “muy activo propiciando una situación de crisis”. No es la primera vez que la derecha peruana acusa a Morales: ya en 2021 la Comisión del Congreso de Relaciones Exteriores del Congreso lo había declarado “persona non grata”.

El voto de confianza

Está previsto que martes 10 el Gobierno de Boluarte busque el denominado voto de confianza en el Congreso Nacional, es decir que el gabinete ministerial sea aprobado, para lo cual necesitará mayoría simple de 66 votos. Para eso Otárola acudirá a brindar un discurso en el hemiciclo situado en el centro virreinal de Lima, mientras, en simultáneo, continuarán las protestas en las regiones andinas. En caso de obtener la confianza entonces quedará formalmente instituido el nuevo gobierno, pasado un mes y tres días de la toma de posesión de Boluarte.

El Legislativo avanzó para limitar el poder al presidente

La cuestión de la confianza ha sido uno de los aspectos centrales de la crisis crónica que atraviesa el país, ya que ha significado un poder de veto del Congreso sobre los diferentes Ejecutivos. Sucedió en el caso Martín Vizcarra, destituido luego en noviembre del 2020, y también durante el año y cinco de meses de gobierno de Castillo que debió sortear la aprobación de cada uno de sus cuatro gabinetes en el Congreso. Ese poder del Congreso tenía hasta el 2021 el contrapeso del Ejecutivo que podía disolverlo en caso de rechazo de dos gabinetes, pero el Legislativo avanzó en limitarle ese poder al presidente como parte de la ampliación de sus poderes.

En este caso no se espera que el Congreso, bajo mayoría de la derecha, utilice el voto de confianza para obligar a Boluarte a realizar cambios en su gabinete. Si bien la inestabilidad del país puede deparar sorpresas, ha existido hasta la fecha una coincidencia entre la mayoría congresal y Boluarte en diferentes agendas. Esto último es interpretado por algunos analistas como expresión de una alianza política nacida desde la hora cero: la presidenta es producto de la vacancia congresal de Castillo -lograda en el tercer intento- y para algunos fue parte de ese plan de destitución concretado luego del intento de Castillo de disolver el Congreso.

Una crisis del Ejecutivo, con una hipotética caída, significaría además un adelanto de los tiempos electorales, como explicó la activista de derechos humanos Rocío Silva Santiesteban al describir un posible escenario en caso de renuncia de Boluarte: “De inmediato debe renunciar toda la mesa directiva del Congreso y subir una mesa con lista única encabezada por alguna/o de la/os poca/os congresistas decentes, quien pasaría a ser Presidente del país y convocar de inmediato a elecciones”.

La crisis sin orillas

La crisis está en un nuevo punto de escalada. Los 17 muertos en Juliaca, sumado a las carreteras bloqueadas desde el pasado 4 de enero en particular en el sur del país, las protestas en diferentes ciudades, así como el discurso de confrontación de Otárola el lunes en la noche, no auguran un descenso de las movilizaciones ni un giro del gobierno. Una pregunta, a un mes de iniciada la crisis, es quiénes toman las decisiones, donde reside el poder en el marco de un gobierno con una presencia militar cada vez mayor: fueron de hecho los altos mandos del Ejército y de la Policía quienes se pronunciaron en primer lugar sobre los fallecidos el lunes.

En ese contexto crecen los pedidos de renuncia de Boluarte. El lunes se pronunciaron en ese sentido tanto Santiesteban como las referentes progresistas Verónika Mendoza o Mirtha Vázquez, quien afirmó: “Incapaz de liderar una salida política y de controlar a las llamadas ‘fuerzas del orden’, permitiendo que maten a más peruanos, la señora Dina Boluarte no puede seguir frente al gobierno #DinaRenunciaYa”.

El pedido de renuncia es uno de los que se repiten en cada protesta dentro del pliego de demandas que incluye el cierre del Congreso, elecciones generales para este año, la realización de una Asamblea Constituyente y en muchos casos también la liberación de Castillo. ¿Hasta dónde puede escalar la crisis? ¿Cuántos muertos más pueden ocurrir hasta que tenga lugar un cambio por parte del gobierno o finalmente tenga un efecto de desmovilización? Nadie sabe la respuesta en este Perú que cuenta y llora sus muertos y se prepara para nuevas jornadas de paro y movilizaciones.