La protesta está convocada para este jueves, 12 de enero, en Babahoyo. Se denominará “Marcha en defensa de la vida y la patria”, y participarán montuvios, campesinos, comerciantes informales y artesanos, que se concentrarán desde las 09:00 en el estadio Rafael Vera Yépez, en ese cantón, informó la Plataforma en un comunicado suscrito por su coordinador, César Pérez.

Esta jornada se llevará a cabo para demandar al Gobierno de Guillermo Lasso el cumplimiento de los 218 acuerdos suscritos en el diálogo nacional en el que participaron organizaciones sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

Los motiva exigir la condonación de las deudas con instituciones financieras estatales por hasta $ 10.000, como se menciona en el artículo 196 de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, que se integró en la mesa de diálogo de la banca pública.

Articulado a ello, que BanEcuador y el Banco de Fomento cesen las notificaciones de inicio de juicios coactivos, embargos y remates de las propiedades de los pequeños agricultores, que están “sumergidos en la más profunda crisis económica de las últimas décadas, por ausencia de políticas públicas que protejan y desarrollen la economía rural campesina”, señala la misiva.

También piden el control de precios de insumos agrícolas, fungicidas y matamalezas, así como la entrega de la urea subsidiada y atención a los agricultores que no fueron incluidos en este programa gubernamental. Dicen que, además, “solo entregan cuatro sacos de urea por cuadra, que resultan ineficientes para una buena producción”. Y, en esa línea, rechazan los “tratados de libre comercio que signifiquen libre importación de productos agrícolas”.

Proponen que se facilite el acceso a créditos y se oponen a la “privatización” del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

De forma paralela, la Conaie y el Frente Nacional Antiminero sostendrán este 12 de enero en Latacunga (Cotopaxi) una asamblea nacional en la que definirán las acciones de rechazo, que incluirán la ejecución de un “paro preventivo” a las actividades extractivas en proyectos mineros autorizados por la Administración de Guillermo Lasso.

El movimiento indígena llamó a los colectivos sociales afines a acudir a este encuentro que arrancará desde las 09:00 en el sector de las Bethlemitas, para debatir las “estrategias de defensa territorial frente al avance de la minería”, según menciona la invitación.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, aseguró que estos actos están provocando un “estallido social, que no terminará en las mesas de diálogo, sino en la radicalización en la lucha por defender la democracia”.

“Todo este proceso de conflicto social es de absoluta responsabilidad del Gobierno”, aseveró el dirigente, el 5 de enero.

Estas agrupaciones denuncian que el régimen está implementando proyectos mineros sin observar las disposiciones constitucionales, como la consulta previa, libre e informada, e incumpliendo los acuerdos establecidos en las mesas del diálogo nacional que se integraron luego del paro de junio del 2022, en las que se les ofreció declarar una moratoria minera y también petrolera.

A este llamado se unió la Plataforma por la Condonación de Deudas, que “rechaza la militarización de zonas mineras para proteger a grandes empresas transnacionales que iniciarán la explotación de yacimientos sin consulta previa y consentida de las comunidades”.

Desde el Ejecutivo hubo una respuesta. El Ministerio de Gobierno, a través del subsecretario de Gobernabilidad, Sebastián Salazar, había asegurado que el Ministerio de Energía y Minas “no ha concedido ni una sola concesión o autorización para exploración ni explotación petrolera ni minera”.

“Podemos afirmar que el Gobierno nacional está cumpliendo con lo firmado el 14 de octubre de 2022, con la dirigencia de las organizaciones de pueblos y nacionalidades”, había señalado Salazar, según consta en un boletín oficial.

El funcionario indicó que están a la espera de que las organizaciones sociales envíen un listado de los lugares en los que habría afectación de las actividades extractivas para intervenir. (I)