Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) se pronunciaron este 2 de enero de 2023 para reiterar su negativa a la consulta popular del Ejecutivo.

El Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) también comparte esta posición, pero sus representantes no estuvieron presentes en la rueda de prensa por un inconveniente, informó la Conaie.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, explicó que, desde el 18 de noviembre de 2022, cuando se realizó una Asamblea de su organización, los dirigentes recorrieron las comunidades socializando la postura por el No a la consulta.

“Se ratifica que las ocho preguntas que están establecidas en la consulta popular del presidente (Guillermo) Lasso no resuelven los problemas más sentidos. Lo que pudiera cambiar el rumbo del Ecuador está en los acuerdos que firmaron luego de la lucha llevada por las organizaciones indígenas y los sectores popular”, resaltó Iza.

Motivos de rechazo a la consulta

Iza resumió las razones por las que su organización impulsa el No para el 5 de febrero.

Sobre la pregunta 1 (extradición), el Gobierno plantea implementar este mecanismo de cooperación internacional con el fin de expulsar del país a criminales y narcotraficantes. Pero la Conaie sostiene que con esa pregunta Ecuador por sí mismo no podrá expulsar a un delincuente, sino que podrá aceptar una extradición solo en el caso de que otro país lo solicite, mientras que los crímenes continuarán en el país.

Respecto a la pregunta 2 (autonomía para la Fiscalía). El Gobierno quiere garantizar la autonomía de la Fiscalía a través de un Consejo fiscal especializado que se enfoque en un proceso de selección y capacitación de fiscales. Iza argumenta que con ese cambio será el titular de turno de la Fiscalía General quien tendrá el 100% de control, no habrá evaluación y resultaría “peligroso”.

La pregunta 3 (reducción del número de asambleístas). Según el Gobierno, con este cambio se optimizará la representación en la Asamblea Nacional al disminuir la cantidad de 137 legisladores, que al país le cuesta mensualmente alrededor de USD 15 825. Con eso solo se garantizará la centralización de la representación de provincias grandes, como Quito y Guayaquil, mientras que las pequeñas perderán toda representación, criticó el dirigente al insistir que eso no resuelve el problema democrático. 

Sobre la pregunta 4 (disminución de movimientos políticos), el Gobierno busca que las organizaciones políticas garanticen la vinculación de sus miembros y se reduzca el gasto estatal. Para la Conaie esta pregunta es innecesaria y no cambiaría nada. En esta pregunta se plantea implementar un sistema de identificación biométrico para el registro de afiliados. Eso podría ser manipulado para beneficiar a los partidos políticos de carácter nacional, refirió Iza.

En cuanto a la pregunta 5 (eliminar facultad de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), el Gobierno dice que, con el traspaso de esa facultad a la Asamblea Nacional, los procesos serían públicos y transparentes. Iza cree que es contradictorio ese traspaso cuando el legislativo es una institución deslegitimada y con las designaciones de autoridades habría una mayor proporción del botín político.

Con la pregunta 6 (elección de miembros del Consejo de Participación sin voto popular) el Gobierno propone elegir a los consejeros con procesos que incluyan meritocracia y control ciudadano, ya no con una votación en las urnas, como sucederá el 5 de febrero. De cada proceso se encargará una comisión, que a criterio de Iza estará “altamente politizada” y no se debería cambiar las reglas.

En cuanto a la pregunta 7 (protección hídrica), según el Gobierno se persigue proteger y conservar las fuentes de agua dentro del Sistema Nacional de áreas protegidas. Iza mencionó que varios lugares ya se han declarado como zonas de recarga hídrica y que lo que se debería hacer es vincularlas al Sistema y ordenar que se respeten.

La pregunta 8 (apoyo a generación de servicios ambientales), el Gobierno plantea que las personas reciban una compensación por sus servicios ambientales. Eso permitiría privatizar el ecosistema, opinó el dirigente indígena. Por todas esas razones las organizaciones indígenas votarán por el No.

Evaluación de acuerdos

Con base en la comisión de seguimiento a los 218 acuerdos que tres organizaciones sociales firmaron con el Gobierno, Iza dijo que “en términos reales” el Ejecutivo ha cumplido entre el 9% y 10% de los acuerdos establecidos en las mesas.

En ese contexto, rechazó el libro del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sobre el proceso de diálogo. “Pasa diciendo al país que ha cumplido el 96%”, criticó.

Luego de las elecciones, el 9 de febrero la comisión discutirá sobre lo acordado en temas extractivos, en la mesa de Energía y recursos naturales.

El 18 de febrero se cumple el plazo de tres meses que la Conaie definió para realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa al cumplimiento de acuerdos. Tras la evaluación, el Consejo ampliado de la organización anunciará las resoluciones que adopte.