Quito, 3 feb (EFE).- Los ecuatorianos responderán este domingo a un referéndum con el que el presidente, Guillermo Lasso, propone reformas en temas de seguridad, organización política y medioambiente, aunque sus opositores creen que las preguntas son “tramposas” y alertan sobre un posible “riesgo a la democracia”.

Con el referéndum, el Ejecutivo busca impulsar ocho cambios en la Constitución, uno de los cuales tiene que ver con una de las mayores preocupaciones de la población: la inseguridad.

Lasso considera que el referendo “es una herramienta para derrotar al principal enemigo de todos: la narcodelincuencia y el crimen organizado” y por ello, en la primera pregunta pide apoyo para facilitar la extradición de ecuatorianos por estos delitos, hasta ahora prohibida.

Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia, anima a “romper ese candado constitucional y permitir que los criminales puedan ser expulsados y juzgados fuera”.

En contraposición, para la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que agrupa a catorce pueblos originarios, se trata de una pregunta “que manipula a la gente”, pues “extraditar no equivale a expulsar a la delincuencia” y la “extradición no ayuda a reducir el cometimiento de delitos”.

¿INDEPENDENCIA O CONCENTRACIÓN DE PODERES?

La segunda pregunta tiene que ver con la autonomía de la Fiscalía para que seleccione, evalúe, capacite y sancione a sus fiscales, en lugar del Consejo de la Judicatura: “Se trata de desconcentrar el poder”, dijo Sichel en declaraciones ofrecidas antes de que este viernes entrara en vigencia el silencio electoral.

Pero para la Conaie, esto pondría en “riesgo la democracia”, pues “la evaluación de los fiscales no puede depender de la misma institución”, y la Fiscalía “no puede ser juez y parte”.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, pidió el “No” al referéndum porque -en su opinión- “las preguntas son tramposas y no buscan resolver los profundos problemas del Ecuador”, e incluso acusó a Lasso de querer controlar los poderes del Estado para poner a “gente que le cubra la espalda”.

La polémica también gira en torno a la tercera pregunta, sobre reducir la cantidad de asambleístas y que su selección sea de acuerdo al número de habitantes por provincia.

Con ello, el Ejecutivo busca una reconfiguración de la Asamblea Nacional “para darle más proporcionalidad” y hacer valer el derecho a la igualdad del voto, dice Sichel, quien ve algunas provincias sobrerrepresentadas, mientras la Conaie cree que, de ganar el “Sí”, las provincias pobres y pequeñas pierden representación, en especial las andinas y amazónicas.

CRIBA DE MOVIMIENTOS POLÍTICOS

En temas políticos, también se propone exigir a los movimientos políticos un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 % del padrón electoral.

Según Sichel, en Ecuador hay 272 movimientos políticos, donde “no existe ningún tipo de control ni ciudadano ni por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

“Existen movimientos de escritorio, de papel, cascarones sin representatividad, y que, además, sus miembros no tienen que ser exclusivos, y es muy común ver que se cambian por conveniencia de uno a otro movimiento, sin que haya una escuela de formación de pensamiento político”, comentó la asesora de la Presidencia.

Sichel consideró que la proliferación de los movimientos “genera dispersión del voto, y también fragmentación política”, en tanto que, desde el inicio del proceso, la Conaie cree que con esa pregunta se limitará la participación política y propiciará la acumulación de poder.

QUITAR PODER AL CPCCS

La quinta cuestión va sobre eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de designar las autoridades, como el fiscal general o el contralor, y pasarla a la Asamblea Nacional.

“Buscamos desconcentrar este poder para que no nos vuelva a pasar que una sola persona tiene la capacidad de nublar todo el Estado a través de un órgano”, dice Sichel, a cuyos siete consejeros califica de “políticos disfrazados de ciudadanos”.

En oposición, la Conaie tilda de “tramposa” la pregunta, al considerar que supuestamente busca prorrogar “autoridades de control aliadas al Gobierno para que le cubran la espalda”.

También se consulta sobre pasar a la Asamblea la designación de los consejeros del Cpccs, en lugar de por votación universal, pero la Conaie señala que un Consejo sin elección popular “es un intento más de Lasso desesperado por controlar todos los poderes”, si bien el Gobierno no tiene mayoría en la Asamblea.

Sichel habla de crear “un sistema más transparente y desconcentrado donde la Asamblea va a hacer una validación política al final de una selección que hace una comisión técnica, donde hay un representante de cada una de las funciones del Estado, académicos y sociedad civil”.

PROTECCIÓN HÍDRICA

El referéndum termina con dos preguntas sobre medioambiente: una relacionada con incorporar un subsistema de protección hídrica al sistema nacional de áreas protegidas, y otra sobre compensaciones reguladas por el Estado por apoyo ciudadano a la generación de servicios ambientales.