El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en siete regiones del país en medio de incesantes protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y que han dejado 48 muertos.

Los departamentos donde se impone la medida son el amazónico Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, todos en la región sur sureste del país.

El estado de excepción, que también está vigente hasta mediados de febrero en las regiones de Lima, donde se encuentra la capital, y El Callao, sede de las principales terminales marítima y aérea del país, otorga “el control del orden interno” a la policía y las fuerzas armadas.

Inmovilización social obligatoria en Puno

El decreto también declara la “inmovilización social obligatoria” de personas desde las 20:00 hasta las 04:00 durante 10 días en el departamento de Puno, con excepción de aquellas que lo hagan para desempeñar actividades productivas o laborales o quienes requieran atención médica urgente.

En dicha región del altiplano, epicentro de las manifestaciones antigubernamentales, el decreto dispone que el Comando Conjunto de las fuerzas armadas asuma el mando unificado de soldados y policías.

Jornada dominical sin enfrentamientos

Las movilizaciones y los bloqueos de vías por las protestas antigubernamentales en Perú se mantuvieron este domingo en 22 provincias, lo que equivale al 11,2% del territorio nacional, según datos de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el último reporte de este organismo, las movilizaciones sociales siguen concentradas en el sur del país, en regiones como Cuzco, Puno, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios.

En la zona sur del territorio nacional es donde continúan con mayor intensidad los bloqueos de carreteras, que mantienen el “tránsito interrumpido” en 72 puntos de cinco regiones del país.

Las protestas en Perú comenzaron en diciembre pasado, luego de que Dina Boluarte asumiera la Presidencia por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por intentar cerrar el Legislativo, intervenir en la judicatura y gobernar por decreto.

Desde entonces, según datos de la Defensoría del Pueblo, 47 manifestantes que participaban en las protestas fallecieron fruto de enfrentamientos, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por una turba.

Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto electoral para 2023 y una convocatoria a una asamblea constituyente.