Autor: “Magdalena Gómez”

Tren Maya: el Estado mexicano ante la ONU

Seis relatores de procedimientos especiales de derechos humanos enviaron al Estado mexicano, a través de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un documento en que expresaron “graves preocupaciones” en torno al Tren Maya en temas de territorios, desalojo y derechos a la salud; el efecto negativo en el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, consulta sin estándares internacionales, estudios de impacto ambiental irregulares y por posible hostigamiento, criminalización, difamación contra personas defensoras de derechos humanos, así como la posible militarización de la zona.


El zapatismo y la lucha por la vida

Realizarán encuentros en Europa de julio a octubre próximos (en fechas posteriores Asia, África, Oceanía y América), participará en ellos una delegación mexicana, conformada por el CNI-CIG, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y el EZLN. Gran desafío, por demás indispensable. En el país seguirán los megaproyectos en curso y la violencia contra territorios y pueblos indígenas, habrá que coexistir con el proyecto mundial de lucha por la vida desde el hábitat nacional.


México y el afán extractivista del presidente progresista. Más que un tren: ordenamiento territorial

Las y los indígenas sin sus pueblos. Quizá por ello no se ha dado respuesta a la misiva de seis relatores de la ONU, encabezados por el de Pueblos Indígenas, el pasado septiembre, expresando graves y bien fundadas preocupaciones frente al proyecto del llamado Tren Maya, de cara al impacto a los pueblos, como sujetos de derechos colectivos. Esa es la situación de un proyecto que va porque va.


Para salvar la vida, hay que decir adiós a la vieja normalidad

Lo más grave de la crisis por la pandemia de Covid-19 es que está acentuando las desigualdades que hay en la tierra y entre los seres humanos… Estamos pensando en curar a un enfermo y no en qué vamos a hacer en este mundo nuevo y amenazador.


México: El “ya basta” de la comunidad indígena otomí

Está en curso un movimiento que no inició el pasado 12 de octubre con la decisión de la comunidad de residentes indígenas otomíes en la Ciudad de México de tomar en forma in­definida las oficinas centrales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Este movimiento hay que analizarlo en sus diferentes dimensiones. La toma se encabeza por indígenas originarias de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro, residentes en la Ciudad de México desde hace más de 20 años


12 de octubre: la disputa por la narrativa histórica

Los estados de América tienden a diluir confrontaciones con lo que en un consenso lidereado por la Unesco, expresaron en 1992, en torno al llamado “Encuentro de dos mundos”, con ocasión de los festejos oficiales con España a la cabeza.
Los pueblos originarios de América mantuvieron y mantienen una mirada distinta, incluso contrapuesta.
El EZLN se reincorpora a la disputa por la narrativa histórica y retoma que otro mundo es posible: “Hablaremos al pueblo español. No para amenazar, reprochar, insultar o exigir. No para demandarle que nos pida perdón. Iremos a decirle al pueblo de España […] que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía”.


México: el caso Ayotzinapa, de los 43 normalistas desaparecidos, es un crimen de estado

La relatoría de acciones, capturas y procesos en curso tanto a integrantes de grupos delictivos como a policías municipales y federales cómplices, conforman el entramado de que en Iguala, Guerrero, el gobierno peñanietista cometió un crimen de Estado y parte central de ello fue la construcción del andamiaje jurídico para sustentar la falsa verdad histórica . El fiscal especial para el caso destacó la detención de la Ministerio Público Federal, quien presuntamente falseó la actuación del ex director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón para oficializar la “verdad histórica”.


México: El EZLN ante el montaje de una provocación anunciada

El 28 de agosto, el presidente en la conferencia mañanera, ordenó a su subalterno de comunicación que expusiera los montos que fundaciones extranjeras han aportado los últimos 14 años a organizaciones sociales para financiar la oposición al Tren Maya, que es ciertamente más reciente. De un plumazo habló y descalificó a los que llamó supuestos ambientalistas y defensores de derechos humanos. Ya le darán respuesta. ¿Qué puede esperar el EZLN?


México: ¿Llegará la justicia al pueblo yaqui?

El pasado 7 de agosto en Vícam, Sonora, ante los gobernadores de los ocho pueblos yaquis, el Presidente de la República firmó un decreto para crear la Comisión de Justicia del Pueblo Yaqui, que abordará uno de los ejes históricos del despojo que ha sufrido dicho pueblo y constituye un caso excepcional en la política neoindigenista en curso, que privilegia la atención individual a través de diversos apoyos económicos.
Hay que tener presente la experiencia sobre el acueducto Independencia que opera contra todas las resoluciones judiciales en favor de la tribu yaqui y las movilizaciones del conjunto de los ocho pueblos, ya en el caso del gasoducto la Secretaría de Energía logró “acuerdos” a favor con siete de los ocho pueblos y dejaron sólo a Loma de Bácum. ¿En serio se dirá adiós al despojo histórico?


México y su “gobierno progresista”: Más allá de los impactos ambientales

El llamado Tren Maya, supuestamente aprobado en una consulta, ha sido sujeto a licitaciones, asignación de contratos, cuenta con decreto de asignación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en favor de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Fonatur Tren Maya SA de CV, para construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros que, por lo demás, le otorga un año para que presente el proyecto ejecutivo ( DOF, 21/4/20). Es decir, se reconoce que aún no lo tiene y, por tanto, la consulta indígena no contó con información previa sobre el proyecto que dicen aprobó. En ese desorden de fases, también falta la aprobación de la manifestación de impacto ambiental (MIA) de acuerdo con la Ley.


México: Divisionismo oficial y resistencia indígena

Entre el mar de problemáticas, es necesario insistir en que las que afectan a los pueblos indígenas y a sus comunidades están marcadas por el signo de continuidad, en especial en las políticas no escritas en ningún plan nacional, estatal o municipal de desarrollo. Me refiero a las prácticas consuetudinarias de promover el divisionismo en tiempos de resistencia y movilización. El ejemplo más reciente es el del pueblo guarijío frente a la construcción de la presa Bicentenario-Los Pilares, iniciada, para variar, sin consulta, en 2012, por lo cual se interpuso un amparo un año después y fue resuelto en marzo de 2019, ordenando la suspensión de la obra hasta que se realizara una consulta. No se cumplió tal decisión judicial y hoy comunidades guarijías enfrentan el peligro inminente de quedar inundadas y aisladas, pues el 8 de julio las compuertas de la presa se cerraron y dio inicio la inundación del embalse.


México: El Tren Maya y el derecho a la autonomía indígena

El proyecto tren que llaman maya está en curso y el director de Fonatur despliega su estrategia para burlar el derecho de los pueblos indígenas. Como sabemos, hay organizaciones mayas y de derechos humanos que realizan acciones de resistencia jurídica y política, y denuncian el impacto del proyecto contra sus territorios, a través de los llamados polos de desarrollo que lo acompañan y cuyo énfasis se omite en la etapa en curso.


Pueblos indígenas: de la cuarentena histórica al neogenocidio

La etapa pos-Covid nos depara enormes desafíos, como la situación de los indígenas en las Américas. Más vale que nos preparemos y anticipemos reflexiones y propuestas sobre problemas que, siendo históricos y estructurales, no encuentran cabida en la mira de los estados nacionales reconvertidos, en contextos de neoliberalismos y globalización.


México. Tren Maya: para leer los banderazos presidenciales

No existió ninguna intervención de un indígena maya de los que el año pasado supuestamente aprobaron el proyecto en la consulta simulada, tampoco de los invitados del gabinete hubo presencia de quienes le colocaron al gobierno el entramado, perdón, la simulación, para afirmar que el pueblo maya les dio su consentimiento. Los pueblos y sus comunidades no son esenciales, como lo son las actividades de construcción que se inician, no fueron siquiera referidos en sus discursos.


México: La Suprema Corte dará la razón a pueblos indígenas

El pasado 8 de mayo, el juzgado segundo de distrito de amparo y juicios penales federales de Chiapas decretó la suspensión provisional del Tren Maya con la admisión al juicio de amparo presentado por un grupo de los municipios de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua, pertenecientes al pueblo maya ch’ol y reivindicó el derecho a la salud, pues el inicio de obras plantea un grave riesgo a ese pueblo. Mientras, de parte la oficial, la máxima salinista es la respuesta: ni los veo ni los oigo.


Pueblos indígenas: ¿regreso a la normalidad?

Mientras transcurre y se intensifica la pandemia, puede observarse un patrón similar de los estados en América Latina ante los pueblos indígenas. En general, no son vistos como factor que debería considerarse con políticas diseñadas por ellos. Por supuesto que existen diferencias escandalosas, como el caso de Brasil, donde claramente los pueblos son estigmatizados, mientras otros aluden a su cultura, pero no respetan sus derechos de libre determinación y autonomía. No lo hacen porque lo único que interesa al Estado y al capital trasnacional son sus territorios y sus recursos naturales. Este patrón es el telón de fondo antes de la pandemia y, por supuesto, continuará en el muy incierto regreso a la llamada normalidad.


El Tren Maya en tiempos del Covid-19

Para los pueblos indígenas la decisión del go­bierno federal de acelerar el paso en la consolidación de sus proyectos prioritarios, se suma al desafío de la pandemia en curso, que entraña la necesidad de organizarse para la autodefensa frente a la misma. Es el caso del llamado Tren Maya, del que mucho se ha debatido y desde las comunidades organizadas en defensa de sus territorios han denunciado que se trata de un proyecto impuesto, validado por una consulta simulada, contraria a los estándares internacionales. Cuando se inició formalmente en el país la fase 1 de la pandemia, buena parte de las comunidades mayas se encontraban en el proceso de asambleas y éste se detuvo ante el imperativo de resguardarse como indispensable medida de protección. Sin embargo, más de 100 organizaciones, comunidades mayas y colectivos en defensa del ambiente y de derechos humanos así como académic@s,aún en el contexto de la cuarentena, han emitido pronunciamientos cuya respuesta es el silencio oficial


Tren Maya: funcionarios simuladores y jueces que no ven

El proyecto llamado Tren Maya es un vivo retrato de la injusticiabilidad de los derechos de los pueblos indígenas. A la simulación de consulta ni previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente adecuada, ajena a los estándares internacionales como señaló la oficina en México de representación de Naciones Unidas; ahora el Poder Ejecutivo ha decretado una fase de “seguimiento” con las autoridades ejidales y municipales que suplantaron a las indígenas


México: Indígenas zapatistas y comunidades criminalizadas

Bien harían las y los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en colocar la mirada en el clima de represión que se vive en la entidad y analizar si los avances organizativos del zapatismo y su expansión y coordinación con el CNI en todo el país están generando un incremento de la criminalización. La socorrida hipótesis de la mano negra para afectar al gobierno federal y a su titular, no se sostiene ante las evidencias abrumadoras del accionar impune de grupos paramilitares.


México: El llamado Tren Maya y la ingeniería de conflictos

No es sólo con indispensables debates mediáticos como se resolverá este diferendo, ni a través de ellos las comunidades que no fueron consultadas tendrán condiciones para aceptar o rechazar el referido megaproyecto. El daño ya está hecho; la simulación de consulta ha sido consumada. Habrá que ver la postura resolutiva del juzgado primero de distrito con sede en Campeche (12/2020) el próximo 3 de marzo, respecto del amparo promovido por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), que cuenta con suspensión provisional. Al que seguramente le seguirán otros, impugnando justamente la validez de un proyecto que no se decidió con y desde los pueblos indígenas. Por lo pronto, de parte oficial la respuesta ha sido la descalificación y amenazas a los promotores del amparo, a través de quienes están alineados con el proyecto