:: Crisis y depredación capitalista

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firm? un decreto por el que concede al Ministerio de Agricultura el poder para identificar y delimitar las tierras ind?genas y de afrodescendientes, una importante victoria para la industria agraria que los activistas observan con temor.

El conflicto de intereses entre el Gobierno de Lula y el Ministerio de Medio Ambiente provoc? la dimisi?n de la por entonces ministra Marina Silva, que desde aquel momento se convirti? en oposici?n pol?tica. ?La visi?n desarrollista del PT se hizo m?s presente en este momento a trav?s de una pol?tica de avance sobre la Amazonia con grandes hidroel?ctricas, con obras de infraestructuras y con asociaciones entre el Gobierno y grandes empresas de la agropecuaria como la JBS (la mayor empresa de producci?n de carne de Am?rica Latina).
A Lula no lo sacaron porque “defend?a la tierra y la poblaci?n”, sino porque ya no controlaba el movimiento social, que perdi? la “disciplina c?vica”. El reordenamiento de las derechas y las instituciones del poder se va adecuando r?pidamente a las necesidades de defensa estatal contra la autonom?a y los autogobiernos de los de abajo.

Desde que el mayor general Manuel Quevedo asumió el mando de la petrolera estatal venezolana, la producción cayó un 20 por ciento. Los detalles sobre el deplorable estado de la compañía más importante del país, que Maduro entregó a los militares para comprar lealtad.
Los mismos que defienden la dictadura de Ortega en Nicaragua, ahora defienden la corrupción y los robos de la boliburguesía venezolana.
Mientras eso sucede por arriba, a nivel estatal, por abajo, lejos del estado, sigue creciendo la oleada de los autogobiernos por todas partes, así como las movilizaciones sociales sin partidos (ahora comprobados nidos de ladrones).

¿Considera usted que la economía estaba más vigorosa con Correa?
Aparentemente estábamos mejor. Pero en realidad, ya desde el 2014 experimentamos una tendencia recesiva, que estaba camuflada con más deuda pública: se mantenía la fachada, pero adentro del edificio varios pisos están destrozados.

Con tales niveles de “riqueza” en el país, era solo cuestión de tiempo alcanzar la promesa del desarrollo. Industrialización, independencia económica, convertir a Venezuela en la “primera potencia latinoamericana”, según el dictador Marcos Pérez Jiménez; la “Gran Venezuela”, de Carlos Andrés Pérez I; hasta llegar a la revolucionaria Venezuela “Potencia Energética Mundial” , de Chávez, la cual surgiría a partir de los crudos extra-pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco. Al final de la historia todas promesas incumplidas, no solo porque no se pudo sembrar el petróleo , sino también porque este castillo de naipes construido históricamente en torno al modelo rentista petrolero, otra vez se ha venido abajo –antes, con la crisis de los años 80, que precedió al Caracazo de 1989–, pero hoy, dejando a los venezolanos en esta especie de vacío, en una extraordinaria crisis sin precedentes en la historia de América Latina.

Para evitar caer en el círculo perverso de la historia, reivindicamos por último, pero en primer lugar, el derecho de los pueblos indígenas de la región y de las comunidades residentes, no sólo a ser “consultados” sino a ser parte constitutiva del proyecto desde sus propias bases. Así no sólo se restituye la deuda histórica o se curan las heridas del colonialismo, sino que se permite la emergencia de nuevas nociones de desarrollo como el buen vivir, que superan cualquier sustantivo que queramos añadirle al primero (social, sostenible, humano).

No se trata de gradualismos o shocks, ni de más paquetes improvisados buscando la bendición del FMI: hay que cambiar el rumbo de la economía ya, buscando alejarnos del correísmo y mucho más del neoliberalismo. Hay que construir una nueva economía.

Hay aproximadamente cien pueblos y miles de aldeas en el área, que actualmente alberga a aproximadamente 3 millones de personas. Cualquier ataque del estado turco llevaría a una tragedia humanitaria terrible, de enormes dimensiones.

El principal problema detrás del boicot de EEUU y sus aliados es que Huawei está por delante de la tecnología de EEUU en 5G.

“Si miles de personas llegan a este municipio, ¿cuál es su capacidad para atenderlos? Me da miedo ese crecimiento”, se sinceró Zendy Euán, vocera de una organización comunitaria respecto al proyecto del Tren Maya ™, una red ferroviaria que recorrerá cinco estados del sur de México.
Euán, una indígena maya que reside en el municipio de Felipe Carrillo Puerto (FCP), aseguró a IPS que carecen de información detallada sobre el megaproyecto, una de las iniciativas estrella del flamante gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente por sus siglas AMLO, quien lo prometió durante su campaña.
“No lo tenemos claro. Desconocemos el proyecto”, dijo Euán, quien cuestionó también los beneficios prometidos por el presidente, quien inició su sexenio el 1 de diciembre, para la población local, así como los mecanismos de participación en la obra y sus amenazas ambientales.

Pese a que huye de etiquetas académicas y prefiere autodefinirse como una intelectual anfibia —manteniendo un equilibrio entre el mandato de distanciamiento que impone la investigación con el compromiso que requiere el activismo militante—, Maristella Svampa es una de las sociólogas más reconocidas de Argentina. Licenciada en Filosofía y Doctora en Sociología, los inicios de su trayectoria se centraron en el estudio en profundidad de los procesos de exclusión social, el movimiento piquetero o la emergencia de los barrios privados. En los últimos años, Svampa se ha centrado en el estudio de los conflictos socioambientales y las resistencias al neoextractivismo, la megaminería a cielo abierto o el agronegocio sojero. Es un referente en el debate sobre modelos de desarrollo y extractivismo en América Latina y autora de numerosas obras, incluidas tres de ficción. Ha sido galardonada en tres ocasiones por la Fundación Konex y es Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

La socióloga Maristella Svampa contó en su libro “Chacra 51”, las consecuencias en la Patagonia de la explotación por fractura hidráulica del petróleo. ¿Riqueza o desastre ecológico?

A nadie se le ocurriría concebir y diseñar un proyecto sobre una propiedad privada, y luego preguntarle al propietario si está de acuerdo o no en que sobre su casa se realice una construcción que, le aseguran, lo beneficiará a él y a la región. Pero es exactamente lo que se hace cuando de territorios indígenas se trata.

En Venezuela los estudios e investigaciones desde la perspectiva de la ecología política han sido escasos y con poco impacto en las discusiones políticas, y en general, los conflictos socio-ambientales en el país han tenido muy poca atención. Este trabajo intenta visibilizar estas luchas tratando de examinar no solo cómo se desarrollan en una localidad específica, sino al mismo tiempo cómo son parte de procesos conflictivos y diferenciados de producción y transformación del territorio a escala nacional.

El tema del extractivismo ha generado profundas divisiones en el seno de la izquierda, organizaciones y movimientos populares durante la última década. Esto es expresión, entre otras cosas, de visiones diferentes de la sociedad a la cual se aspira, concepciones encontradas en torno al carácter de la actual crisis civilizatoria, evaluaciones no compartidas sobre lo que fue el socialismo del siglo XX y, en consecuencia, de prioridades diferentes que unos y otros sectores le otorgan a las principales dimensiones o ejes del cambio requerido en estas sociedades.

Parece una declaración de guerra.
Sorpresa general causa la noticia y comunidades indígenas preparan acciones en defensa del territorio y la vida.

El capitalismo vive a expensas de economías coloniales; vive más exactamente de su ruina. Y si para acumular tiene absoluta necesidad de ellas, es porque estas les ofrecen la tierra nutritiva a expensas de la cual se cumple la acumulación.

La constitución del Arco Minero del Orinoco busca una suerte de «diversificación del extractivismo», ante la imposibilidad de diversificación de la matriz productiva venezolana. Pero, al mismo tiempo, el aparato legal para constituir esta megaárea de explotación minera es violatorio de diversas partes de la Constitución y se corre el riesgo de que se genere una peligrosa vinculación entre intereses asociados a la minería ilegal y actores estatales, en un contexto de porosidad del Estado respecto de los intereses delictivos y de constitución de una suerte de «rentismo lumpenizado».

Si uno le preguntara a las personas en el istmo de Tehuantepec qué es lo que creen que es prioritario en la región, no creo que aparecerá en los primeros 20 ni 30 puntos las dobles vías del ferrocarril transístmico, ni la promoción del comercio del golfo de México al Pacífico a través de contenedores y ferrocarriles. La gente está esperando servicios de salud y de educación y resolver sus problemas después del sismo. Está esperando una manera de potenciar sus formas de vida.

Cuatro años estancados… ¡Cuatro! Entre 2014 y 2018 (según previsiones oficiales), el ingreso promedio por ecuatoriano se ha reducido de 6.347 a 6.110 dólares anuales. Resultado del estancamiento, el empleo se ha deteriorado gravemente: mientras que en diciembre de 2014 el 49,3% de la población trabajadora tenía un empleo adecuado, a septiembre de 2018 ese porcentaje apenas llegó a 39,6%. Para colmo, hay una tendencia deflacionaria que en 2017 implicó una caída anual de precios en -0,20%, situación registrada también en varios meses de 2018 (por ejemplo, -0,05% en octubre). Estancamiento, empleo deteriorado, deflación… estos son apenas tres indicadores -de muchos otros- que denotan cuán complejo es el contexto económico del país en los últimos años (si bien tal contexto no es novedad , prohibido olvidar que responde a todo el desperdicio de la década pasada ).

En el mes de octubre hubo dos noticias muy importantes respecto de Vaca Muerta, cuyo contraste merece ser notado. Por un lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió un informe muy preocupante sobre la explotación de combustibles fósiles no convencionales en dicha zona, mediante el fracking. Por otro lado, el gobierno avanzó aún más en lo que llama, de modo sugestivo, el “blindaje” a Vaca Muerta.
En 2017 asistimos a la desaparición y muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado en un contexto de represión, y al posterior asesinato de Rafael Nahuel en el lago Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, por parte de las fuerzas de seguridad estatal. Luego de eso, a principios de 2018, el gobierno fue por más: después de difundir un informe sobre la supuesta RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), realizado sin rigor investigativo y con argumentos notoriamente endebles, creó un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional, cuyo objetivo es combatir al “enemigo interno”, de carácter “etnonacionalista”. El objetivo es claro: se trata de disociar las demandas de los mapuches de la defensa de los derechos humanos y colectivos, asociándolos a la violencia, creando un nuevo adversario interno, el “enemigo mapuche”.